El presidente Gustavo Petro anunció este lunes 13 de abril el traslado a Bogotá de los cabecillas de estructuras criminales que estuvieron vinculados con la fiesta realizada en la cárcel La Paz de Itagüí, en Antioquia, un hecho que desató controversia nacional tras la difusión de videos en los que se observa una celebración al interior del penal con la participación del cantante vallenato Nelson Velásquez. La declaración del mandatario se produjo durante un consejo de ministros realizado en Ipiales, Nariño.

Durante su intervención, el jefe de Estado aseguró que los responsables de la denominada “fiestica” saldrán de ese establecimiento penitenciario y serán enviados a otro centro de reclusión en Bogotá. “Los señores que hicieron la fiestica, salen de la cárcel, entran a otra, trasladados, y es en Bogotá. Salen de Itagüí, se acabó el tema”, afirmó el mandatario, sin precisar en ese momento el alcance exacto de la medida frente al futuro de los diálogos sociojurídicos con esas estructuras.

El pronunciamiento presidencial se produjo después del escándalo originado por una parranda vallenata celebrada el pasado 8 de abril dentro de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí. De acuerdo con los reportes conocidos hasta ahora, en el evento no solo hubo presentación musical, sino también ingreso de licor, presencia de civiles y otras irregularidades que son materia de investigación. En los registros divulgados también quedaron evidenciados vehículos de alta gama y controles de acceso aparentemente realizados por particulares.

La controversia golpeó de manera directa el proceso de paz urbana que el Gobierno venía adelantando con estructuras criminales del Valle de Aburrá. Desde 2023, 23 jefes de esas organizaciones habían sido concentrados en la cárcel La Paz de Itagüí con el objetivo de avanzar en conversaciones orientadas a reducir la violencia en Medellín y su área metropolitana. Sin embargo, tras conocerse la fiesta, el Gobierno suspendió temporalmente ese espacio de diálogo.

Aunque Petro anunció el traslado de los cabecillas involucrados, todavía no estaba plenamente definido a quiénes afectará la decisión. Algunos voceros del proceso han sostenido públicamente que no participaron en la celebración, por lo que permanece abierta la expectativa sobre si la medida se aplicará de forma general o únicamente contra quienes aparezcan comprometidos en las investigaciones.

En medio de la reacción institucional por lo ocurrido, el Inpec adoptó medidas internas. Según reportes periodísticos y pronunciamientos divulgados tras el escándalo, al menos 11 funcionarios penitenciarios fueron apartados de sus cargos por encontrarse de servicio cuando ocurrieron los hechos. Paralelamente, la Procuraduría abrió una indagación para establecer posibles responsabilidades disciplinarias relacionadas con el ingreso del artista y otras personas al penal sin la autorización correspondiente.

A estas decisiones se sumó un relevo en la dirección del establecimiento penitenciario. De acuerdo con información conocida el 13 de abril, Guillermo Andrés González Andrade fue designado como director encargado de la cárcel de Itagüí, en reemplazo de la anterior jefatura, como parte de las acciones adoptadas por el Inpec tras la polémica.

Los voceros de las estructuras criminales también se pronunciaron sobre el episodio. En un comunicado citado por medios nacionales, ofrecieron disculpas públicas y reconocieron el impacto negativo que los hechos causaron en la credibilidad del proceso. Al mismo tiempo, pidieron al presidente levantar la suspensión de los diálogos y permitir la continuidad de la mesa de paz urbana.

En su intervención, Petro además vinculó este episodio con otros asuntos de orden público y narcotráfico. El mandatario lanzó una advertencia a quienes, según dijo, pretendan aprovechar negociaciones con el Gobierno para expandir cultivos ilícitos, y sostuvo que al cierre de 2025 Colombia registró una reducción de 4.000 hectáreas de hoja de coca, resultado que atribuyó a las políticas de su administración. Sobre ese punto, en la información consultada no se encontró, en esta revisión, un balance técnico adicional dentro de las mismas piezas periodísticas que detallara la metodología o fuente estadística específica citada por el presidente en ese momento.

Con este anuncio, el Gobierno busca marcar distancia frente a un episodio que generó críticas por las condiciones en que se desarrolló la celebración dentro de un penal de máxima seguridad y por sus efectos sobre la confianza en la política de paz total. Mientras avanzan las investigaciones disciplinarias y administrativas, queda por establecer el alcance del traslado ordenado por el presidente y si los diálogos con esas estructuras podrán reanudarse en el corto plazo.

La Hermosa Stereo: Más cerca de la verdad.