A poco más de un mes de que el alcalde Alexander Martínez advirtiera que el atentado contra la Alcaldía podía ser apenas “un anticipo” de nuevas acciones de las disidencias, Algeciras volvió a estremecerse por una explosión. Esta vez el ‘blanco’ fue Emseral, empresa pública cuyo gerente también habría recibido amenazas directas y estaba en la mira de los grupos armados por presuntas exigencias económicas. Con este nuevo hecho, la despensa agrícola del Huila suma seis acciones terroristas en el corrido de 2026.
A un mes de las revelaciones que hizo el alcalde de Algeciras, Alexander Martínez, sobre el ambiente de zozobra que atravesaba la población por la seguidilla de atentados y amenazas atribuidas a las disidencias de las Farc, un nuevo estruendo volvió a sacudir la madrugada de la despensa agrícola del Huila.
Hacia las 3:30 a.m. de ayer, un explosivo de bajo poder fue lanzado contra las instalaciones de las Empresas Públicas de Algeciras, Emseral S.A. E.S.P., ocasionando daños materiales en parte de la infraestructura, pero sin dejar, de manera preliminar, personas lesionadas.
Sexto atentado
El ataque representa el sexto hecho terrorista registrado este año en el municipio y vuelve a poner sobre la mesa las advertencias que durante las últimas semanas habían hecho las autoridades locales, especialmente frente a las extorsiones de grupos armados ilegales y la posibilidad de que los atentados no fueran hechos aislados, sino parte de una estrategia para intimidar a comerciantes, empresarios, funcionarios y habitantes.
El mayor Hoower Mera, comandante segundo del Distrito de Policía de Campoalegre, explicó que, una vez conocido el hecho, se activó un plan candado en coordinación con el Ejército.
“La Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional, en horas de la madrugada en el municipio de Algeciras, activó el plan candado ante el lanzamiento de un artefacto explosivo de bajo poder contra la oficina de empresas públicas, que dejó únicamente daños materiales”, indicó el oficial.
Mientras los uniformados verificaban el lugar, unidades de la Policía Judicial y del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, Gaula, comenzaron a recopilar evidencias para establecer quiénes estuvieron detrás de la acción criminal.
El material de las cámaras de seguridad, los registros obtenidos en la zona y los elementos encontrados en el lugar serán claves para reconstruir los movimientos de los responsables.
“Nuestras patrullas de vigilancia verificaron la situación y, junto con Policía Judicial y Gaula, adelantan la recopilación de evidencias, registros de cámaras de seguridad que permitan identificar a los responsables y lograr su captura”, agregó el mayor Mera.
Una advertencia que cobra fuerza
El nuevo atentado ocurre cuando todavía permanecen en la memoria de los algecireños las declaraciones entregadas por el alcalde Alexander Martínez después del ataque contra la Alcaldía, ocurrido en la madrugada del 27 de agosto, en el cual estarían presionando una millonaria extorsión contra Emseral.
En aquella oportunidad, el mandatario sostuvo que el municipio debía mantenerse en alerta porque el atentado podía ser apenas el comienzo de una serie de acciones anunciadas por las estructuras armadas.
“Quedamos en alerta porque prácticamente esto es como un anticipo, un comienzo de lo que han manifestado que se viene no solo a nuestro municipio, sino a nivel nacional”, manifestó Martínez.
Amenazas contra Emseral
De acuerdo con los antecedentes revelados anteriormente, las Empresas Públicas de Algeciras ya aparecían dentro del panorama de las extorsiones.
En medio de las pesquisas relacionadas con el atentado contra la Alcaldía, se había señalado que el ataque estaba dirigido contra Emseral y que la empresa habría recibido exigencias económicas por alrededor de 70 millones de pesos.
A esto se suman las amenazas directas que, según la información conocida, habría recibido el gerente de Empresas Públicas de Algeciras, situación que aumenta la preocupación alrededor del nuevo atentado.
Es decir, el explosivo activado durante la madrugada no aparece en un escenario de amenazas desconocidas. Llega después de una serie de intimidaciones que ya habían sido advertidas y en medio de un contexto en el que las estructuras armadas estarían utilizando los atentados como mecanismo de presión.
Una cadena que comenzó en mayo
Las intimidaciones comenzaron el 23 de mayo, cuando un artefacto explosivo fue activado contra las instalaciones de la Cooperativa de Agricultores del Huila, Coagrohuila, ubicada en el sector céntrico del municipio.
Cuatro días después, el 27 de mayo, nuevamente fue atacado el mismo establecimiento. En aquella ocasión, otro artefacto fue activado durante la madrugada.
Pasaron varias semanas antes de que la violencia volviera a golpear con fuerza. El 12 de agosto, un ataque contra militares que se desplazaban hacia el sector de El Quebradón Norte para atender un cilindro bomba fue una de las jornadas más graves del año para la población.
Los disidentes activaron una carga explosiva al paso de los uniformados. El resultado fue devastador: dos soldados perdieron la vida y otros 17 resultaron heridos.
El episodio generó la suspensión temporal de las clases en algunas zonas rurales y profundizó el temor entre docentes y estudiantes.
Posteriormente, el 27 de agosto, las instalaciones de la Alcaldía municipal fueron atacadas con un artefacto explosivo de bajo poder. El hecho ocasionó daños materiales y obligó a suspender la atención al público durante esa jornada.
Días después, el 1 de septiembre, otro explosivo fue dirigido contra una droguería ubicada frente al pabellón de carnes, en pleno centro de Algeciras.
Miedo en los negocios
Las acciones terroristas también han dejado una consecuencia menos visible que los daños en fachadas y puertas: el miedo.
En septiembre, el alcalde reveló que algunos comerciantes habían dejado de instalar cámaras de seguridad dirigidas hacia las calles por temor a represalias de los grupos armados. La situación dificulta incluso la investigación de los atentados.
Según explicó Martínez, aunque algunos establecimientos y viviendas tenían sistemas de vigilancia, muchas de las cámaras estaban orientadas hacia el interior de los inmuebles.
¿Quién está detrás?
Los anteriores atentados han sido atribuidos preliminarmente por las autoridades a las estructuras de las disidencias de las Farc que tienen injerencia en la zona.
La Fuerza Pública tiene identificado al Frente Iván Díaz, perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño, estructura bajo el mando de alias ‘Calarcá’.
El alcalde había contado que comerciantes, agricultores, cafeteros y representantes de distintos gremios recibían citaciones para desplazarse hacia zonas limítrofes con Caquetá, donde presuntamente debían atender las exigencias de los grupos armados.
La problemática, además, no estaría limitada a Algeciras. Según las denuncias entregadas anteriormente por el mandatario, las intimidaciones también alcanzaban a habitantes de Campoalegre, Hobo, Rivera, Garzón, Gigante y Neiva.
Precisamente, el pasado 10 de julio se conoció que el Ejército frenó el pago masivo de extorsiones en Algeciras.
Más de 500 personas fueron interceptados por los militares cuando se dirigían hacia un punto de encuentro en límites entre Huila y Caquetá para cumplir con varias exigencias económicas impuestas por las disidencias de las Farc.
Estos ciudadanos habían sido contactados con anterioridad mediante mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas en las que recibían las supuestas citaciones.
Tras el atentado del pasado fin de semana, las autoridades mantienen las labores de búsqueda de los responsables. El mayor Mera pidió a la comunidad suministrar cualquier información que pueda contribuir al esclarecimiento del caso.






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