Un devastador terremoto sacudió a más de una veintena de municipios en el departamento del Huila y otras regiones de Colombia, dejando tras de sí un panorama desolador de infraestructura destruida, servicios suspendidos y miles de familias totalmente damnificadas. Frente a la agobiante escasez de recursos locales para liderar el proceso de recuperación, la Federación Colombiana de Municipios ha levantado la voz ante el Ejecutivo nacional con una propuesta contundente: un salvavidas financiero extraordinario que flexibilice el uso del presupuesto y evite la quiebra institucional de las administraciones territoriales.

Los mandatarios locales se encuentran actualmente atados de manos por regulaciones fiscales rígidas mientras la población afectada exige soluciones inmediatas en materia de vivienda, salud y vialidad. Ante este escenario crítico, la dirigencia gremial municipalista presentó un paquete urgente de seis medidas excepcionales dirigidas al Gobierno Nacional, buscando destrabar millonarios fondos que hoy permanecen congelados por trámites burocráticos y normativas diseñadas exclusivamente para tiempos de paz.

LE PUEDE INTERESAR: ¡Atención! DIAN aplaza pagos de impuesto de renta tras sismo

Reorientación de fondos comunitarios y desahorro del Fonpet

La primera gran apuesta de las administraciones locales se centra en la posibilidad de redirigir de forma inmediata el 7% de las asignaciones del Sistema General de Participaciones (SGP) que estaban destinadas originalmente a sectores como el deporte y la cultura. Esta maniobra presupuestal de emergencia permitiría volcar de manera directa importantes sumas de dinero hacia la reparación de infraestructuras vitales, incluyendo viviendas arrasadas, centros de salud, locales comerciales e instituciones educativas que sufrieron colapsos estructurales graves.

Asimismo, los gobiernos locales exigen una vía expedita para acceder a los recursos acumulados en el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet). A través de un mecanismo extraordinario de desahorro, los municipios que registran excedentes financieros en áreas como educación y propósito general recibirían giros inmediatos por parte del Ministerio de Hacienda. Con este capital fresco, las alcaldías proyectan financiar la asistencia humanitaria prioritaria y emprender las obras civiles indispensables que las comunidades devastadas requieren sin más dilaciones.

Flexibilización de regalías y giros directos para obras clave

El manejo de las regalías petroleras y mineras representa otro pilar fundamental dentro del pliego de peticiones entregado al presidente de la República. La iniciativa busca facultar a los alcaldes para aprobar directamente proyectos de infraestructura orientados a atender la crisis, sin necesidad de someterse al extenso y complejo trámite de reformular sus planes de desarrollo territorial. Esta facultad operaría bajo condiciones estrictas de recaudo efectivo y disponibilidad presupuestal no comprometida.

Adicionalmente, se contempla la liberación de partidas presupuestales de proyectos financiados mediante asignaciones regionales o locales que aún no hayan iniciado formalmente sus etapas de contratación. A través de un acto administrativo motivado, las autoridades territoriales podrían declarar que dichas obras pasaron a un segundo plano debido a la catástrofe, reasignando ese capital hacia la reconstrucción vial y comunitaria en los sectores de mayor impacto.

Alivios tributarios para reactivar el comercio y la vivienda

La parálisis económica provocada por el movimiento telúrico amenaza con ahogar la sostenibilidad de las familias y pequeños empresarios en los municipios siniestrados. Conscientes de esta dura realidad, los líderes territoriales proponen implementar exenciones temporales en los impuestos Predial Unificado e Industria y Comercio (ICA) hasta por dos vigencias fiscales consecutivas. Esta medida beneficiaría directamente a las personas y establecimientos que sufrieron pérdidas materiales severas en sus bienes.

Sin embargo, para evitar que las tesorerías municipales se queden completamente sin fondos al suspender estos cobros, la propuesta establece que la Nación debe asumir la compensación financiera de dichos montos. De esta manera, las víctimas del sismo obtendrán un respiro tributario real mientras que los gobiernos locales conservarán la operatividad requerida para prestar servicios públicos y coordinar las labores de asistencia técnica.

Incentivos al sector privado y protección contra sanciones fiscales

Para involucrar activamente a las empresas en esta etapa de reconstrucción, la Federación de Municipios promueve la ampliación del mecanismo de Obras por Impuestos. Con este ajuste legal, las compañías obligadas a declarar renta podrían destinar hasta un 50% de sus deudas tributarias directamente a la ejecución de proyectos de infraestructura en las zonas impactadas, eliminando las barreras geográficas que limitaban esta herramienta únicamente a los municipios ZOMAC o territorios PDET.

Finalmente, el plan de salvamento contempla una exención temporal a las sanciones por incumplimiento de los límites de gasto fijados en la Ley 617 de 2000 y la Ley 819 de 2003 durante los años 2026 y 2027. Tomando en cuenta que las rentas municipales caerán drásticamente, los alcaldes requieren garantías para no ser penalizados legalmente por destinar una porción mayor de su presupuesto ajustado a mantener el funcionamiento del aparato público.

El trasfondo de una crisis sin precedentes en las regiones

El movimiento telúrico dejó al descubierto la enorme fragilidad financiera que experimentan las alcaldías ante desastres naturales de gran escala en Colombia. Aunque la declaratoria de emergencia expedida por el Ejecutivo nacional trazó una ruta inicial de ayuda, los trámites administrativos y la rigidez de las leyes vigentes han impedido que las soluciones lleguen con la celeridad que exigen las zonas de tragedia.

En departamentos duramente golpeados como el Huila, la destrucción paralizó las principales cadenas productivas, el transporte terrestre y la prestación de servicios esenciales. Esta compleja coyuntura demanda decisiones extraordinarias que otorguen verdadera autonomía a los mandatarios de los municipios siniestrados, evitando así un estancamiento social prolongado en los territorios más golpeados.

LEA MÁS: Tragedia en Algeciras: la emboscada letal que sacude al Huila

El camino hacia una reconstrucción efectiva e integral

El paquete de medidas presentado por las autoridades locales marca un punto de inflexión decisivo sobre cómo debe coordinarse la respuesta gubernamental ante tragedias de gran magnitud. La restauración integral de las más de 20 poblaciones afectadas exigirá un trabajo mancomunado entre la administración central, los gobernantes locales y las inversiones del sector privado.

Atender este S.O.S. financiero no solo permitirá levantar viviendas y reparar la infraestructura vial destruida, sino que sentará un precedente histórico para flexibilizar la gestión del riesgo de desastres en el país. La decisión final queda ahora en manos del Poder Ejecutivo y del Congreso, de quienes depende autorizar los recursos necesarios para devolver la estabilidad y la tranquilidad a miles de colombianos.

La Hermosa Stereo: Más cerca de la verdad.