La investigación por el ataque ocurrido en inmediaciones del rodaje de la cuarta temporada de Sin senos sí hay paraíso en el barrio Los Laches, en el centro de Bogotá, avanza con una reconstrucción cada vez más detallada de los hechos y del perfil del hombre señalado de asesinar a dos integrantes del equipo de producción antes de morir en medio de la reacción de otras personas que estaban en el lugar. El caso dejó tres muertos en total y un trabajador herido de gravedad, en un episodio que, según las autoridades, no obedeció a hurto ni a sicariato.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Henry Alberto Benavides y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, ambos vinculados a la producción audiovisual. Un tercer integrante del equipo, Raúl Vanegas, resultó herido y fue trasladado a un centro asistencial. La productora TIS Studios confirmó la muerte de dos de sus trabajadores y señaló que el caso quedó en manos de sus abogados.
De acuerdo con la reconstrucción entregada por el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, general Giovanni Cristancho, el ataque comenzó fuera del set, en vía pública. La primera víctima estaba apoyada sobre una reja, en el exterior del lugar de grabación, cuando el agresor pasó frente a ella, caminó unos metros, regresó y la atacó por la espalda con arma cortopunzante. “Sin mediar palabra lo ataca… por la espalda, con un arma cortopunzante”, explicó el oficial. La investigación se apoyó en el análisis de 35 horas de grabaciones, 45 fotogramas y ocho entrevistas presenciales.
Tras ese primer homicidio, varios compañeros salieron a intervenir. En medio del caos, el atacante volvió a arremeter, mató a una segunda persona e hirió a otra más. Después fue perseguido y reducido por integrantes del mismo equipo de producción, quienes le causaron heridas que terminaron provocándole la muerte. Por estos hechos, la Policía capturó inicialmente a cuatro personas; luego, dos de ellas fueron judicializadas por la muerte del agresor y quedaron vinculadas al proceso en libertad, mientras su defensa alega legítima defensa.
El señalado agresor fue identificado como Josué Cubillos García, de 24 años, residente en Bogotá. Las autoridades descartaron que fuera habitante de calle. Por el contrario, la Secretaría de Integración Social y otros reportes periodísticos señalaron que vivía con su familia, cotizaba en salud y tenía formación técnica o tecnológica.
Sobre su historial, la Policía informó que Cubillos tenía antecedentes por amenazas y un cuadro psiquiátrico complejo. El general Cristancho afirmó que, tras revisar su historia clínica, encontraron un “diagnóstico psiquiátrico de trastorno psicótico asociado a consumo de sustancias psicoactivas, con episodios de desorganización del pensamiento”, además de un “diagnóstico diferencial de esquizofrenia”. También se estableció que había tenido al menos cuatro ingresos previos a centros médicos por patologías psiquiátricas y problemas relacionados con adicción.
Un antecedente clave para entender el caso ocurrió un día antes del ataque. Según la Policía, Cubillos acudió al Instituto Roosevelt para pedir una copia de su historia clínica, pero no pudo obtenerla porque entregó varios números de identificación distintos y no fue posible ubicar el documento. En ese momento, de acuerdo con la versión oficial, reaccionó de manera agresiva, fue retirado por personal de seguridad y le fue incautada un arma blanca, además de ser objeto de un comparendo. Para los investigadores, esa secuencia previa puede explicar el móvil más probable: que al regresar al día siguiente hubiera confundido a la primera víctima con personal de seguridad del instituto. “Pensamos que él creía que era una persona que trabajaba de seguridad ahí”, dijo Cristancho.
El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sostuvo que los indicios conocidos hasta ahora apuntan a un hecho asociado a salud mental y no a un robo o un ataque planificado contra la producción. En la misma línea, la Policía ha insistido en que no encontró elementos para sostener hipótesis de hurto o sicariato.
En medio de la conmoción, el caso también abrió preguntas sobre el manejo previo de las alertas alrededor del agresor y sobre los protocolos de seguridad en rodajes. La Policía señaló que no existía una solicitud formal de acompañamientopara esa grabación en particular, aunque la institución sí presta apoyo en otras producciones cuando ese respaldo es requerido de manera anticipada.
Sobre la enfermedad mencionada por las autoridades, la Organización Mundial de la Salud explica que la esquizofrenia es un trastorno mental grave caracterizado por una alteración significativa en la percepción de la realidad. Entre sus síntomas pueden aparecer alucinaciones, delirios, pensamiento desorganizado, conducta muy desorganizada y dificultades en el funcionamiento cotidiano. Otras fuentes médicas en español coinciden en que puede incluir aislamiento, retraimiento y deterioro cognitivo.
Aun así, especialistas y organismos de salud advierten que tener esquizofrenia o un trastorno psicótico no convierte por sí mismo a una persona en violenta. La OMS subraya que se trata de una condición tratable, con abordajes que incluyen medicación, apoyo psicosocial y rehabilitación, y que muchas personas pueden mejorar con atención adecuada. En este caso, lo que existe hasta ahora es una reconstrucción judicial y policial que relaciona los hechos con antecedentes de salud mental y consumo de sustancias, un asunto que seguirá bajo examen de la Fiscalía y de los jueces.
La Hermosa Stereo: Más cerca de la verdad.
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