El proyecto de acto legislativo del senador Enrique Gómez busca dejar establecido que, cumplidos los 10 años de funcionamiento de la JEP, no exista una posibilidad de ampliación del plazo de operación y, en suma, se lleve a cabo el cierre definitivo: sería en marzo del 2028.
@cate_manchola
La controvertida Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada con carácter transitorio y excepcional para administrar justicia tras el Acuerdo Final de Paz de 2016, entre el Gobierno colombiano y las Farc-EP, enfrenta un nuevo intento de golpe que, esta vez, busca aniquilarla definitivamente.
Este tribunal investiga y juzga a los actores directos e indirectos de ese conflicto armado, como, por ejemplo, exguerrilleros y exmilitares, entre muchos otros.
Actualmente, está establecido que el periodo de funcionamiento del tribunal especial es de 10 años y que podría ampliarse por cinco años más y, de ser necesario, otros cinco más, pero en todo caso su existencia no podrá superar los 20 años. Precisamente, es sobre este punto que el senador Enrique Gómez (Salvación Nacional) está planteando un cambio trascendental: que no haya posibilidad de ampliar su periodo de funciones y finalice al cumplir su primera década, es decir, el 15 de marzo de 2028 (la JEP entró en funcionamiento el 15 de marzo de 2018).
La propuesta del senador afín al Gobierno de Abelardo De La Espriella es modificar el artículo transitorio 15 del Acto Legislativo 01 de 2017, para que establezca: “El plazo para la conclusión de las funciones de la JEP será de un término improrrogable de 10 años, contados a partir de la entrada efectiva en funcionamiento de la totalidad de salas y secciones de la JEP”.
El otro cambio
También plantea adicionar el artículo transitorio 15A al citado Acto Legislativo, para establecer un régimen de cierre y transición jurisdiccional; una fase de juzgamiento que estaría en manos de la justicia ordinaria. Busca definir, desde ahora, qué ocurrirá con los procesos que todavía estén pendientes cuando llegue su final, para evitar que el cierre de la jurisdicción deje casos sin resolver. Los procesos que no hayan terminado pasarían a la justicia ordinaria, bajo las reglas ya establecidas en la justicia transicional.
El proyecto contempla que la Fiscalía General de la Nación pueda asumir las labores de investigación y acusación que sean necesarias para continuar con estos casos. La propuesta también busca establecer garantías para las personas que actualmente están sometidas a la JEP. Es decir, el hecho de que la jurisdicción termine no podría significar que reciban un tratamiento penal o procesal más gravoso por el simple traslado a la justicia ordinaria. También se plantea una alternativa para quienes cumplen los requisitos para haber estado en la JEP, pero que a la fecha no se encuentran sometidos a esta jurisdicción.
El proyecto fue radicado ayer y debe cursar su trámite en el Congreso. Al ser un proyecto de acto legislativo, debe surtir ocho debates en total, divididos en dos períodos ordinarios y consecutivos (conocidos como dos vueltas).
Argumentos a favor y en contra
El senador Enrique Gómez argumenta que, debido a la estrechez fiscal del Gobierno y los recortes presupuestales que deben llevarse a cabo, “de prolongarse por cinco años más la JEP costaría alrededor de 6,2 billones más entre 2027 a 2033, dineros que son prioritarios en este momento en la justicia ordinaria para descongestionar los juzgados y crear nuevos puestos de trabajo de planta”.
Pero no es la primera ni única iniciativa del senador contra el tribunal especial. La semana pasada planteó un recorte presupuestal de $100 mil millones. Además, el Gobierno está proponiendo un recorte todavía mayor: $170 mil millones.
“Sueño dorado”
Las críticas vienen desde diferentes sectores. Por ejemplo, para Guillermo Rivera, exministro del Interior del expresidente Juan Manuel Santos, el gobierno y sus congresistas “quieren cumplir su promesa de acabar con la JEP y por esa vía cumplir el ‘sueño dorado’ de la ultraderecha colombiana: acabar con el acuerdo de paz de 2016”.
De igual manera, según la senadora Carolina Corcho (Pacto Histórico), a quienes plantean estos cambios “les incomoda la búsqueda de la verdad, les incomodan los logros en el camino recorrido para reconciliar a las víctimas con sus victimarios; huyen de la vergüenza frente a confesiones incómodas para avanzar en la reconciliación”.
En contraste, para el senador Daniel Briceño (Centro Democrático), con estas acciones “vamos por buen camino”.
De su lado, el representante a la Cámara Alejandro Ocampo resaltó algunos aspectos del tribunal especial: “la JEP ha logrado lo que la justicia ordinaria jamás alcanzó: verdad plena, arrepentimiento genuino y no repetición. Ante sus estrados han comparecido por igual excombatientes de las Farc, miembros del Estado y paramilitares”.
Desde otra orilla, la exsecuestrada Ingrid Betancourt Pulecio agradeció por el proyecto, pues, “ponerle final a la JEP es la oportunidad de hacer lo que se nos prometió y nunca se cumplió: garantizar por fin el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición”.
Ahora el proyecto se alista para ser debatido en el Congreso, en lo que, sin duda, serán unas acaloradas discusiones.
El Centro Democrático también aboga por los exmilitares sometidos a la JEP
El Centro Democrático presentó un proyecto de acto legislativo “para poner fin a la incertidumbre de militares y policías frente a las sanciones de la JEP”, informó el partido del expresidente Álvaro Uribe. La medida plantea “una revisión automática judicial de las sentencias contra miembros de la Fuerza Pública y establece que cualquier modificación solo podrá hacerse en favor del sancionado”.
Además, “plantea que la revisión esté a cargo del Tribunal Superior Militar y Policial, que podrá confirmar, modificar o revocar las decisiones de la JEP, de acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, el Derecho Operacional y las garantías constitucionales”. Recalca que la decisión “solo podrá modificarse” a “favor” de los militares y policías.
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