El nuevo pasaporte colombiano enfrenta una posible suspensión judicial, tras ser promovido como un avance por el gobierno Petro y quedar sujeto a órdenes cautelares solicitadas en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
Dos acciones legales lideradas por la Procuraduría General de la Nación y un ciudadano cuestionan la validez del contrato con la Casa da Moeda de Portugal, dejando en vilo la expedición del documento para millones de ciudadanos.
Las demandas contra el modelo de pasaportes impulsado por el Gobierno de Gustavo Petro argumentan que el proceso de contratación tiene graves irregularidades, incluyendo la omisión de licitación y debilidades en el sustento legal, que podrían llevar a una suspensión inmediata si se aceptan las medidas cautelares.
Según el expediente recogido por la revista Cambio, los recursos judiciales buscan frenar la ejecución del contrato, poniendo en riesgo la continuidad del servicio y el acceso oportuno al pasaporte.
En Bogotá, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca analiza dos procesos activos desde octubre de 2025 y enero de 2026. El primero fue iniciado por la Procuraduría, que presentó una demanda de nulidad absoluta contra el convenio firmado entre la Cancillería, la Imprenta Nacional de Colombia y la Casa da Moeda de Portugal, bajo la supervisión del magistrado José Élver Muñoz.
La demanda busca revertir el contrato al considerar que no cumplió con los requisitos legales y administrativos exigidos en Colombia. En noviembre de 2025, la Procuraduría solicitó una medida cautelar para suspender los pagos pactados con la Casa da Moeda, aunque la decisión judicial se mantiene pendiente mientras todas las partes son escuchadas.
Por otro lado, el ciudadano Nicolás Dupont Bernal interpuso una acción popular ante el magistrado Moisés Rodrigo Mazabel Pinzón para proteger derechos colectivos, argumentando que la contratación directa afectó la moralidad administrativa y el patrimonio público.
La Corte Constitucional ha reiterado que el pasaporte es crucial para derechos fundamentales como la libre locomoción y la unidad familiar. La acción pide la suspensión inmediata del contrato y su tramitación avanza tras ser admitida por el tribunal.
El 25 de marzo de 2026, la Procuraduría se sumó formalmente como coadyuvante a la acción popular de Dupont, señalando que ambos procesos comparten los mismos hechos fundamentales y requieren coordinación judicial para evitar decisiones contradictorias.
Argumentos legales contra el contrato del pasaporte
La Procuraduría detectó fallas severas en la base legal de la contratación con la Casa da Moeda de Portugal. Tras una revisión en agosto de 2025 a la Imprenta Nacional, el ente comprobó la ausencia de estudios de mercado, documentos clave sin firmas y expedientes esenciales protegidos por acuerdos de confidencialidad sin respaldo legal, lo cual debilitaría la justificación del proceso.
El Gobierno justificó la contratación sin licitación argumentando que la Casa da Moeda era una “persona extranjera de derecho público”. Sin embargo, la Procuraduría presentó el certificado mercantil portugués que demuestra lo contrario: la Casa da Moeda es una sociedad anónima de capital público sometida al derecho privado, y no una entidad pública internacional, como consta en la documentación revisada por Cambio.
Además, la excepción legal exige que el cooperante internacional financie al menos el 50% del contrato, pero según la cláusula 11, la Casa da Moeda solo aporta el 21%, mientras que el 79% restante lo asumen entidades colombianas. Esta condición refuerza, según la Procuraduría, la nulidad absoluta, al haber evitado la licitación legalmente obligatoria.
La aprobación del convenio también estuvo viciada, según el ente de control: la junta directiva de la Imprenta Nacional fue citada sin respetar los plazos estatutarios mínimos y no hubo acta formal, solo grabaciones de la sesión. Los documentos pertinentes se entregaron tras la firma de acuerdos de confidencialidad no avalados legalmente, sostiene la Procuraduría.
Actualmente no hay un plan alternativo para la producción nacional de pasaportes. La directora de la Imprenta Nacional, Viviana León, confirmó a Cambio que la entidad requerirá años de desarrollo para lograr autonomía operativa. El convenio compromete recursos y vigencias futuras hasta 2036, sin certeza de que la imprenta nacional pueda asumir la producción antes de esa fecha.
Impacto para los ciudadanos y próximos pasos
Tras apenas dos semanas de operación, el sistema ya ha distribuido los primeros lotes de libretas, con 193.000 unidades fabricadas en Portugal entregadas en Colombia. Otros 432.000 pasaportes están previstos para llegar entre abril y principios de mayo, mientras la producción local sigue dependiendo de proveedores externos.
La continuidad del servicio depende de la decisión que adopte el Tribunal Administrativo de Cundinamarca respecto a las medidas cautelares. Si se ordena la suspensión, la expedición de pasaportes podría paralizarse de inmediato, afectando a quienes ya tienen citas programadas y generando impacto en todo el país. La falta de una ruta alternativa oficial acrecienta la incertidumbre para los ciudadanos necesitados del documento en el corto plazo.
La Hermosa Stereo: Más cerca de la verdad.
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