El Ministerio de Salud de Colombia ha vuelto a poner en el centro de sus críticas a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), utilizándolas como argumento principal para explicar las persistentes deficiencias del sistema sanitario nacional. Esta postura surge como respuesta directa al alarmante informe “Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados” presentado por la Defensoría del Pueblo, en el que la cartera ministerial atribuyó a las EPS la responsabilidad en la oportunidad de la atención, el acceso a fármacos esenciales y la precaria sostenibilidad financiera de los hospitales en diversas regiones del país.
A través de un comunicado oficial, el Ministerio de Salud reiteró sus ya conocidas consignas, señalando que “durante años, la salud en Colombia fue tratada como un negocio y no como un derecho fundamental”. Además, se enfatizó que “la Ley 100 de 1993 permitió que los recursos públicos quedaran en manos de intereses privados que hoy adeudan más de $32,9 billones a hospitales y clínicas”, consolidando así su narrativa de culpabilidad hacia las entidades privadas en la crisis actual.
En su comunicación, la entidad ministerial afirmó categóricamente que “El Estado está al día con sus pagos; son las EPS las que siguen jugando con la salud de la gente”. Sin embargo, un análisis detallado de los argumentos y acciones que el Ministerio presenta como garantía del derecho a la salud de los ciudadanos revela múltiples inconsistencias y matices que cuestionan la solidez de sus acusaciones.
Uno de los puntos clave expuestos por el Ministerio fue el supuesto incremento del reconocimiento de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en un 33,7% entre 2022 y 2024, asegurando así el giro oportuno de los recursos destinados a la atención en salud de los afiliados. Este dato, sin embargo, debe ser contextualizado con precision.
La Corte Constitucional, en un auto emitido en enero de este año, reconoció explícitamente la insuficiencia de la UPC, cuya cuantificación es responsabilidad del propio Ministerio de Salud. En consecuencia, ordenó la creación de una mesa técnica con la participación de todos los actores del sector para recalcular esta prima. Esta decisión judicial validó las advertencias de gremios y expertos que, durante años, habían señalado que los recursos asignados eran insuficientes para cubrir la creciente demanda de servicios.
Para el año en curso, el Ministerio estableció un incremento de la UPC en apenas 5,36%, justificando esta modesta cifra con alegaciones de baja calidad, escasa confiabilidad e inconsistencias en la información reportada por las propias EPS para el cálculo.
Es fundamental diferenciar entre la oportunidad en el giro de los recursos y la suficiencia de los mismos. El hecho de que los pagos de la UPC a las EPS se realicen puntualmente no garantiza que estos montos sean adecuados para asegurar la atención médica de sus afiliados. Si la asignación económica es deficiente, por muy oportunos que sean los desembolsos, los fondos no serán suficientes para cubrir los servicios requeridos.
Además, resulta contradictorio el discurso del Ministerio cuando se considera que, en la actualidad, ocho EPS operan bajo medidas de intervención forzosa para su administración, lo que significa que están bajo el control directo del Gobierno. Estas entidades –Nueva EPS, Coosalud, SOS (Servicio Occidental de Salud), Famisanar, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar y Capresoca– concentran a 22,8 millones de afiliados, es decir, un 43,5% de la población total del país. La intervención de casi la mitad de las EPS por parte del Estado complejiza la narrativa de culpar exclusivamente a intereses privados.
Otro aspecto resaltado por la cartera de salud es el aumento del giro directo, que pasó de $22,1 billones en 2023 a $48,1 billones en 2024, lo que representa un significativo incremento del 118%. El giro directo es un mecanismo mediante el cual la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres) realiza pagos a hospitales y clínicas sin intermediación de las EPS con las que tienen contratos, buscando agilizar el flujo de fondos.
Cabe recordar que este mecanismo de giro directo está siendo implementado activamente en las ocho EPS que se encuentran bajo la intervención de la Superintendencia de Salud, lo cual nuevamente sitúa al Gobierno en una posición de gestión directa sobre una parte considerable del sistema.
A pesar de que el giro directo busca eliminar demoras, expertos como el economista de la salud Jesús Botero han señalado que este no ha logrado solucionar los problemas de caja y las deudas que enfrentan las Instituciones Prestadoras de Salud (IPS). Botero explica que “detrás de todo está la insuficiencia de la UPC, pues si los fondos no alcanzan no se puede girar la plata que se necesita. Es buen mecanismo, pero siempre es fundamental que sea suficiente”.
Esta insuficiencia repercute directamente en la viabilidad financiera de los prestadores de servicios. El problema fundamental no reside en la oportunidad de los giros, sino en que estos sean adecuados. La frecuencia de uso de los servicios médicos ha experimentado un aumento constante tras la pandemia de covid-19, alcanzando 214 millones de consultas en 2022. Cubrir estas atenciones requiere un incremento en los recursos que, según la evidencia, no se ha reflejado en los ajustes de la UPC decretados por el Ministerio de Salud en los años 2022, 2023, 2024 y 2025.
La consecuencia directa es que los fondos que reciben las IPS para financiar los servicios que prestan resultan insuficientes para su sostenimiento, generando un efecto dominó que a menudo culmina con el cierre de servicios especializados, como neonatología, o incluso de unidades de urgencias, que por ley están obligadas a atender a cualquier persona.
Finalmente, el Ministerio de Salud anunció una inversión de $9,3 billones para “fortalecer la Atención Primaria en Salud (APS), con equipos básicos de salud en todos los municipios del país, infraestructura y dotación hospitalaria, transporte asistencial, CAMAD, promoción social, fortalecimiento de servicios y pago de pasivos”.
Sin embargo, la transparencia sobre la ejecución de estos recursos es un punto débil. No existe información pública detallada sobre los resultados obtenidos ni los contratos celebrados para la implementación de los Equipos Básicos de Salud (EBS).
Según datos del propio Ministerio, de los $9,06 billones incorporados para esta estrategia, se han asignado $8,21 billones para transferencias presupuestales a entidades territoriales. De estos, se ha ejecutado $1,17 billones (apenas el 14,2%) y se han pagado $1,11 billones. A pesar de estas cifras, los beneficios concretos y la forma en que se han ejecutado esos $8,21 billones permanecen en la oscuridad para el país.
La sección del sitio web del Ministerio de Salud que detalla el componente financiero de las transferencias carece de información crucial sobre contratos, actos administrativos, rendimientos financieros reintegrados, soportes documentales de los giros, y la retroalimentación y cierre de los proyectos. En muchos de estos apartados, simplemente aparecen las leyendas “sin datos” o “no se puede acceder a los datos”.
Esta falta de transparencia implica que no se conoce con exactitud cuántos equipos básicos de salud operan en el país (a pesar de la cifra de 10.000 mencionada por el presidente Petro), quiénes fueron los contratistas o las actividades específicas realizadas por estos grupos de profesionales, debido a la ausencia de informes de gestión públicos y accesibles.
La Hermosa Stereo
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