Los exmilitares colombianos, entre ellos el huilense Ángel Mario Yarce Sierra, acusados de participar en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en julio de 2021, fueron extraditados a Estados Unidos. En el país caribeño duraron cinco años detenidos sin ser llevados ante un juez. “El presidente De La Espriella (Abelardo), nombró al canciller colombiano (Omar Bula) para que hicieran el ejercicio de ayudar o de ponerse al servicio de los colombianos en Haití…”, dijo el abogado Nelson Romero Velázquez.
Rafael Rodríguez C.
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Lo que desde un inicio esperaban los exmilitares colombianos acusados de participar en el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en julio de 2021, y sus familias, terminó sucediendo cinco años después de la privación de su libertad, que Estados Unidos asumiera el proceso penal.
Y es que la extradición del sargento viceprimero (r), el huilense Ángel Mario Yarce Sierra, y sus 16 compañeros de causa, no solo permitirá que los exmilitares tengan un proceso penal con garantías sino una defensa técnica.
“Desde el primer día que se presentaron los hechos se había pensado por parte de los familiares en la posibilidad de que fueran llevados a Estados Unidos a ver si le podía llevar un juicio justo, en el que por lo menos los escucharan. No es que los familiares hayan pretendido, ni quieran impunidad, los familiares quieren igual que todo el mundo conocer la verdad”, abogado Nelson Romero Velázquez, representante de los exmilitares en diálogo telefónico con LA NACIÓN.
Explicó el abogado Romero, que en Haití el proceso no se estaba desarrollando adecuadamente. “En la realidad no se estaba llevando un debido proceso en Haití, no se les estaba respetando los derechos fundamentales al debido proceso, a la presunción de inocencia, a la posibilidad de defenderse y hacer una defensa técnica”.
Sostuvo que la competencia para que la justicia estadounidense conociera el caso, se da porque la firma que contrató a los colombianos es americana. “Esas situaciones abrieron desde un principio la posibilidad de que iniciara un proceso en Estados Unidos…”.
Gobierno colombiano habría incidido en la extradición
La extradición de los exmilitares colombianos se abrió paso luego de la salida del gobierno del presidente Gustavo Petro, se mantuvo, al parecer, al margen del caso.
“En el Gobierno anterior no se hizo ningún esfuerzo, ni el más mínimo esfuerzo por ayudar a los colombianos sino que por el contrario el presidente anterior (Gustavo Petro), lo que fue a decir es que es que eran culpables, como si hubiera sido juez”, expresó el abogado Romero Velázquez.
Indicó que el gobierno del presidente Abelardo De La Espriella habría designado al canciller colombiano para ponerse al frente del caso de los exmilitares colombianos. “El doctor De La Espriella tiene unas excelentes relaciones mundiales…nombró al canciller colombiano para que con el representante colombiano en Haití hicieran el ejercicio de ayudar o de ponerse al servicio de los colombianos para ver cuál era la situación y bajo esos parámetros entonces Estados Unidos decide llevárselos en extradición para armar un solo proceso…”.
Para el abogado Romero, los exmilitares en la justicia estadounidense tendrán la oportunidad de declarar, de entregar su versión de lo sucedido en la casa del presidente haitiano Jovenel Moïse, en Puerto Príncipe, el miércoles siete de julio de 2021.
“La idea precisamente es que se les dé primero la oportunidad de hablar lo que es, de decir lo que es, de expresarse como personas naturales, decir las realidades que cada uno vivió y lo que han estado viviendo y se espera que se pueda agilizar el proceso allí en Estados Unidos”, indicó el representante de los colombianos.
La extradición, según el abogado Romero, permitirá que su defensa de los exmilitares tenga el acompañamiento de un abogado estadounidense, por la restricción de él representarlos legalmente en una corte americana.
“Ahora, ¿cuál es una de las grandes ventajas? que seguramente, podemos tener un apoyo más fácil, más directo de un abogado americano que nos pueda dar la mano allí, en Estados Unidos, porque uno como abogado si no tiene la tarjeta de validez, de ratificación del profesional del derecho en cada país, no puede ejercer en ese país”, explicó Romero.
Sostuvo que, además, el estado de salud de los exmilitares se mejore en Estados Unidos, ya que en la cárcel de Haití no tuvieron una asistencia médica adecuada, casi que nula. “Tienen unas connotaciones de salud bastante importantes. Algunos de ellos están en pérdida de sus dientes porque no han tenido odontología, otros tienen problemas en la piel, por el mal estado del sitio donde han estado. La parte dermatológica la tienen bastante afectada. En la parte emocional, ellos como militares, han tenido la gallardía, el valor y la capacidad de poder soportar esa carga que no es fácil”.
Trabajos de seguridad
El abogado Romero, manifestó que el grupo de exmilitares fueron contratados por una firma estadounidense llamada CTU, para brindar seguridad a personas, infraestructura y de “unos empresarios que llegarían a invertir en Haití”, dijo el defensor en entrevista hecha en marzo de 2023.
La entrada de los exmilitares al país caribeño fue hecha legalmente un mes antes de los hechos. “Ellos llegaron a Haití legalmente, contratados por CTU, que se encarga de buscar personal para brindar seguridad a personas importantes en diferentes países, ellos estaban prestando seguridad al señor shanon, pero en su momento deberían apoyar a cualquier personalidad importante que lo requiera. No tengo conocimiento si al presidente Jovenel Moïse también le prestarían seguridad”, explicó Sandra Carolina Bonilla esposa Yarce Sierra.
Señaló, en entrevista con LA NACIÓN en marzo de 2023, que el grupo le estaba prestando apoyo a la CIA y el FBI. “Hasta donde tengo entendido ellos se encontraban prestando apoyo a una operación conjunta de la CIA, el FBI y la Policía haitiana para capturar al Presidente…”.
Indicó que al inicio llegó otro grupo que afirmaba que era una operación conjunta con la DEA. “Ellos al escuchar eso llegaron más confiados, al inspeccionar el lugar, encontraron al señor Jovenel fallecido, se dieron cuenta que algo no estaba bien y se retiraron de la casa, caminando, no hicieron ningún disparo…”.
Sostuvo en ese momento que su esposo y los compañeros no pusieron resistencia al momento de su captura por parte de la Policía haitiana, que “los enfrentó con disparos, granadas y asesinó a tres de sus compañeros y aun así ellos no respondieron el ataque y eso se puede demostrar con pruebas de balística cuando puedan ir ante un juez y el proceso pueda avanzar”.
Recordó Sandra Carolina que ellos estuvieron un mes en Haití, se tomaron fotografías, video llamadas, montaron sus historias en Facebook, documentaron todo el tiempo su estadía, “no se escondieron”.
La joven mujer y el defensor manifestaron que el capitán (r) German Rivera, fue trasladado a los Estados Unidos, junto con tres haitianos-americanos, donde deberá responder ante la justicia estadounidense. “Él sí podrá ir ante un juez y tiene la opción de hablar libremente, él podrá ser la voz de todos estos muchachos fuera de Haití”, sostuvo Sandra Carolina.
El abogado Romero sostuvo que el exuniformado fue trasladado por ser el que, al parecer, hizo el contacto inicial de la contratación con la empresa americana y desmintió versiones de prensa que él hubiera confesado que el crimen del presidente Moïse fue perpetrado por los colombianos. “No es cierto que haya declarado que son culpables, por el contrario, él en audiencia afirmó que no eran culpables y se declaró como no culpable”.
Nuevas condenas de exmilitares
Un jurado federal en Miami, Estados Unidos, condenó en mayo de 2026 a cuatro exmilitares colombianos, Arcángel Pretel Ortiz, Antonio Intriago, Walter Veintemilla y James Solages, hallados culpables de participar en la conspiración para secuestrar o asesinar al presidente haitiano Jovenel Moïse.
El fallo, resultado de 39 días de juicio bajo la supervisión de la jueza de distrito Jacqueline Becerra, se suma a las condenas previas de otros cinco acusados sentenciados a cadena perpetua, mientras que un sexto recibió nueve años de prisión al comprobarse que desconocía el plan al financiar chalecos antibalas.
Según documentos judiciales, entre febrero y julio de 2021 el sur de Florida operó como centro de planificación y financiamiento del complot. El objetivo era derrocar a Moïse y colocar en la presidencia al médico haitiano Christian Sanon, quien posteriormente adjudicaría contratos a una empresa con sede en Doral vinculada a Intriago y Ortiz. Solages actuaba como enlace en Haití, mientras que Veintemilla aportaba recursos a través de su compañía Worldwide Investment Development Group.
El crimen se consumó el 7 de julio de 2021 en la residencia privada del mandatario en Pétion-Ville, a las afueras de Puerto Príncipe, cuando un grupo de mercenarios colombianos irrumpió en el lugar. Testimonios revelaron que la operación fue presentada inicialmente como un arresto legal con respaldo de agencias estadounidenses, pero derivó en asesinato tras fallidos intentos de captura.
El proceso contra Sanon fue separado por motivos de salud y se celebrará en una fecha aún por definir, mientras la justicia estadounidense continúa esclareciendo uno de los magnicidios más impactantes de la región.
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