El exministro de Justicia, Wilson Ruiz, habla con LA NACIÓN sobre el caso del niño Kevin Acosta y hace un llamado a la Fiscalía a no “dilatar más” la imputación de los presuntos responsables de la muerte del menor, entre ellos, el oncólogo huilense Nelson Ramírez Plazas. “Hay que imputarlos rapidito y llevarlos a juicio”, dice el representante de la firma de abogados que representa a la familia de la víctima.
Jesús Antonio Rojas Serrano
En diálogo con LA NACIÓN, el exministro de Justicia, Wilson Ruiz Orejuela, habla sobre temas clave de la coyuntura nacional. Y también se refiere al caso del niño Kevin Acosta en el que su firma de abogados representa a la familia de la víctima.
Empiezo esta entrevista preguntándole por uno de los temas más importantes de la semana en el país: la reunión en Barranquilla entre el presidente Abelardo De La Espriella y el secretario de Estado de los Estados Unidos, ¿qué impresiones le deja este encuentro?
La visita del señor Rubio a Colombia marca una oportunidad importante para recuperar –lo que yo llamo– una relación estratégica con los Estados Unidos. Recordemos que Estados Unidos es el socio más antiguo que tenemos y desde luego está basada sobre todo en seguridad y lucha contra el narcotráfico.Nuestro país no puede pretender enfrentarse solo a organizaciones criminales que hoy tienen conexiones internacionales, manejan enormes recursos y además utilizan la tecnología para delinquir contra la ciudadanía y contra nuestra Fuerza Pública. Necesitamos inteligencia, intercambio de información y lo más importante, la tecnología. Hay países en los que no se ven policías en la calle, pero alguien comete algún delito e inmediatamente lo capturan porque manejan tecnología de punta. Es muy positivo que el Gobierno de De La Espriella haya entendido que Colombia debe volver a ocupar un lugar de liderazgo en la lucha el crimen. Es importante que esta relación se traduzca en resultados concretos y no quedarse en fotografías o declaraciones diplomáticas. Jesús Antonio, hay que perseguir a esas organizaciones criminales, estén donde estén, que no haya ningún lugar vedado para nuestra Fuerza Pública y cortar esas fuentes de financiación. En mi caso particular, como ministro de Justicia, extradité 432 bandidos o narcos. Hay que entender que la seguridad no tiene fronteras, que el crimen organizado trabaja internacionalmente y el Estado también tiene que hacerlo.
¿Qué le dice usted a quienes desde sectores de izquierda han minimizado la visita de Rubio e incluso han salido a decir que esta es otra manera de que el país pierda dignidad?
Bienvenidas las ideas de izquierda, las ideas de centro, derecha, como quieran llamarle.Que repasen a Voltaire y Mirabeau sobre la tolerancia. Yo creo, apreciado Jesús Antonio,que si uniéramos todas las ideas de un sector que tú llamas de izquierda, de centro, de derecha, y pensáramos en el país, yo pienso que podríamos avanzar. No soy un hombre de ideología ni de extremos, soy un demócrata ante todo, y envío un mensaje de reconciliación pensando en el país; esto no quiere decir que sea una paz, como la del anterior Gobierno, que lo que hizo fue fortalecer a los grupos criminales. Hay que actuar con contundencia, eso sí, pero siempresin olvidar qué es lo que realmente el país necesita. Por eso te decía yo que hay que recuperar esa cooperación y lo estamos haciendo de la mano de Estados Unidos; esa cooperación internacional no significa renunciar a nuestra soberanía. Significa que hay problemas que ningún Estado puede enfrentar completamente solo. Por eso,acudimos a la potencia del mundo llamada Estados Unidos, especialmente cuando hablamos de narcotráfico, crimen organizado, seguridad y lucha contra estructuras transnacionales; ahí necesitamos a los Estados Unidos y otros países como Israel.
Otro tema que copó la atención del país en la presente semana: el levantamiento a la suspensión del porte de armas, ¿Colombia necesitaba realmente de una decisión como estas?
A veces, quieren armar una tormenta en un vaso de agua. Estoy de acuerdo con la suspensión general del porte de armas, pero eso significa ni puede significar que en Colombia cualquiera pueda salir armado por las calles; es que lo están confundiendo. Una cosa es reconocer el derecho de un individuo que cumpla todos los requisitos legales y tenga un permiso vigente, y otra muy diferente es permitir el porte indiscriminado. Yo pienso que aquí debemos actuar con equilibrio. Hay una realidad que no podemos ocultar o ignorar: los delincuentes nunca necesitaron autorización de parte del Estado colombiano para conseguir armas, ya que mientras discutimos restricciones para ciudadanos que quieren defenderse, que quieren cumplir la ley, estas organizaciones criminales y delincuenciales consiguen pistolas, fusiles y todo tipo de armamento en mercados ilegales.La verdadera discusión debe ser cómo vamos a fortalecer el control sobre las armas ilegales, ojo, ilegales, y además cómo vamos a impedir que lleguen a manos de delincuentes. El ciudadano que cumple la ley no puede ser tratado igual de quien utiliza un arma para cometer un homicidio o extorsionar, secuestrar o atracar. Es indispensable que el levantamiento de una suspensión general venga acompañado de controles rigurosos como, por ejemplo, mirar los antecedentes, qué prontuario tiene y la trazabilidad de las armas. Yo no defiendo el porte irresponsable, mi querido Jesús Antonio, yo defiendo es que el Estado tenga una política coherente porque la seguridad del ciudadano no puede quedar abandonada. Tampoco podemos convertir el porte de armas en una situación sin controlesporque la libertad tiene que estar acompañada de responsabilidad. Y el Estado tiene que garantizar ambas cosas.
Hay quienes están diciendo que esta decisión del presidente Abelardo de la Espriella va a disparar los casos de justicia por mano propia, ¿podría pasar eso?
Jamás yo le diría a alguien que tomara la justicia por su propia mano. Las personas tienen que automáticamente tener la fe y la confianza que hay una Fuerza Pública sólida, que hay una Rama Judicial lista para juzgar las personas, de modo que aquí nadie lo puede hacer. ¿El problema cuál es? Creer que todo ciudadano que quiere acceder legalmente a un arma como una herramienta de defensa pretende formar un grupo paramilitar o guerrillero; se sale del contexto. Y te lo digo porque es una caricatura de una discusión que tiene que ser mucho más amplia o mucho más seria. Una persona que cumple los requisitos legales, la Constitución y el decreto presidencial y obtiene un arma para protegerse, no puede ser automáticamente presentada como una amenaza para la sociedad. Jesús Antonio, aquí no estamos hablando, de armar ejércitos privados, ojo con eso, ni grupos paramilitares ni de reemplazar a nuestra Fuerza Pública. Estamos hablando del derecho que puede tener cualquier persona a contar dentro del marco de la ley y bajo controles estrictos, con una herramienta para proteger su vida y la de su familia cuando enfrenta una amenaza.
Todo este debate alrededor del tema del porte de armas se ha mezclado con otro que se ha acrecentado en los últimos días y tiene que ver con la contundencia de los operativos militares, de los bombardeos, ¿está la Fuerza Pública transgrediendo las normas del Derecho Internacional Humanitario?
Nuestra Fuerza Pública venía debilitada. Era una fuerza pública que cuando hacía operativos contra los delincuentes, el anterior Gobierno llamaba a calificar servicios a sus generales. Todos vimos helicópteros en tierra por falta de mantenimiento y combustible. A mí me parece fundamental que la Fuerza Pública tiene que seguir actuando. En ningún momento —considero yo— que la Fuerza Pública esté transgrediendo el DIH o el Derecho Internacional Humanitario. Es muy difícil antes de bombardear a esos criminales y delincuentes preguntar: ‘oiga, excúseme, allá hay un niño de 14 o 15 años’. Es muy complicado. En materia de seguridad se está empezando a recuperar algo que durante mucho tiempo hizo falta: que nuestra Fuerza Pública está presente y que la seguridad de los ciudadanos es una prioridad. Hay que recuperar el control territorial y enfrentar las estructuras criminales con mayor determinación. Aquí no se trata de prometer que los problemas se van a acabar de un día para otro; aquí hay que avanzar en la dirección correcta y demostrar con hechos que la seguridad sí se puede recuperar cuando existe una voluntad para hacerla.
El Gobierno de Abelardo De La Espriella está anunciando la construcción de 10 megacárceles, ¿lo ve posible?
Jesús Antonio, es muy harto uno hablar de todo lo que hizo y soy un hombre que poco me he visibilizado en esa parte con los medios de comunicación. Usted es un testigo de ello: nosotros entregamos en todo el país más de 5.000 cupos carcelarios en casi dos años que estuve en el Ministerio de Justicia entre 2020 y 2022. Nunca me consideré un ministro carcelero, pero siempre me preocupó el tema de las cárceles. Recuerde que en el 2021 logramos sacar de las cárceles más de 41 mil internos, luego de visitar más de 50 cárceles con jueces y fiscales y aplicando el decreto del COVID; sacamos ancianos y ancianas, gente enferma, gente que ya había cumplido la pena.Pero, las cárceles tienen que volver a ser establecimientos bajo una autoridad estatal con controles mucho más fuertes. Una persona privada de la libertad no puede continuar teniendo capacidad para dirigir organizaciones criminales. Tenemos que hablar de resocialización, claro que sí, y nosotros con todo mi equipo resocializamos más de 50.000 personas en todo el país, pero una cárcel no puede ser simplemente un lugar donde encerramos personas y esperamos que cumplan una condena. Hay que trabajar para que quien salga tenga herramientas para no reincidir. Ese me parece a mí que es el éxito.Al final, yo quiero un sistema penitenciario fuerte frente al delincuente peligroso, pero también eficiente para recuperar a quien pueda reincorporarse a la sociedad. No nos confundamos: una política carcelaria o penitenciaria no se mide únicamente por cuántas personas están encerradas, sino por cuántas dejan de delinquir cuando recuperan su libertad. Soy partidario de eliminar el Inpec, una institución con 92 sindicatos. Soy partidario –escúchalo muy bien Jesús Antonio– de crear una Policía Nacional Penitenciaria yde crear un viceministerio exclusivamente para que administre las cárceles.
¿Se requieren hoy más cárceles?
Claro que sí, mi querido Jesús Antonio. El Gobierno que acaba de terminar cumplió su palabra: no entregó un solo cupo carcelario. Con nosotros empezó la construcción de la cárcel El Pílamo en Risaralda; ya está para entregarse, igualmente, una cárcel en Riohacha; dejamos el documento Conpes para más de 10.000 cupos carcelarios. El tema con las mega-cárceles es que sale un poquito costoso; adecuar un buque en altamar tiene sus costos, pero hay que hacerlo. El tema no es tan fácil, pero soy partidario de los buques cárceles en altamar y, ojalá, echen algunos residuos de comida para que ahí lleguen los tiburones y si algunos de estos delincuentes de alta peligrosidad pretenden escaparse, estos animales se puedan dar su festín. Te lo digo porque es que hay delincuentes de alta peligrosidad que han violado y asesinado niños, niñas y adolescentes. Por eso, yo promoví la cadena perpetua y la Corte Constitucional la tumbó; eso lo respeto. Pero, yo le aseguro que si perfilamos unos 500 internos de estos en buques cárceles, la extorsión y el delito en Colombia bajarían entre un 70% y 75%.
Le pregunto ahora por el caso de Kevin Acosta, el niño con hemofilia que murió tras caer su bicicleta en Palestina, Huila: su firma de abogados representa a la familia de la víctima, ¿cuál es el alcance de la preocupación por la dilatación del proceso judicial contra los presuntos responsables de la muerte del menor?
Jesús Antonio, el caso del niño Kevin, de 7 años de edad, es uno de esos casos que nos obligan a preguntarnos qué está pasando con este sistema de salud que actualmente tenemos. Estamos hablando de un niño que necesitaba un medicamento para poder continuar con el tratamiento contra la hemofilia y, que según lo establecido por la Procuraduría, terminó enfrentando una interrupción que fue determinante en su fallecimiento. Más allá de las discusiones jurídicas y administrativas, aquí hay una realidad que no podemos perder de vista:murió un niño que necesitaba un tratamiento y el sistema no respondió oportunamente. En este país hemos cometido el error de convertir la salud en una discusión de autorizaciones,contratos, todo ese tipo de cosas, y cuando van a ver, ya la persona ha fallecido como pasó acá. Un niño con una enfermedad grave, no puede depender de si una oficina hizo o no un trámite a tiempo. Cuando está en juego la vida, la administración tiene que estar al servicio del paciente y no el paciente al servicio de la burocracia. Hay que decirlo: tenemos que cambiar eso de manera radical. El caso de este niño no puede terminar simplemente con indignación durante unos días, tiene que haber responsabilidades. Aquí tiene que haber correctivos; hay que establecer dónde estuvo la falla, quién tenía esa obligación de actuar y por qué ese tratamiento no llegó oportunamente. Porque si después de la muerte de este niño, el sistema continúa funcionando exactamente igual, entonces, no aprendimos absolutamente nada. La vida de un niño, de 7 añitos, no puede perderse entre trámites, autorizaciones y oficinas. El Estado tiene que impedir que eso ocurra. El fin de semana pasado, el oncólogo dijo en una entrevista con la revista Semana que al niño no se le suministró su medicamento. A un paciente con hemofilia es vital que se le suministre su medicamento, so pena de morir.
¿Qué saben ustedes de la eventual responsabilidad de las personas que la Fiscalía tiene en la mira, entre ellas al oncólogo huilense Nelson Ramírez Plazas, por la muerte del niño Kevin? ¿Qué esperan de este proceso judicial?
Desde este periódico y medio tan importante, le quiero decir a la Fiscalía General de la Nación que no dilaten más; no posterguen más. Hay que imputarlos rapidito y llevarlos a juicio por la muerte de este menor. Y para que esté atento, Jesús Antonio, este 14 de septiembre se va a llevar a cabo la audiencia con el exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien tiene que responder ante la justicia por estos hechos y encontrarse dentro de este proceso con los representantes de las víctimas. Son tan descarados que nunca aceptan responsabilidades. Dónde se ha visto, mi querido Jesús Antonio, que a un profesional de la medicina lo obliguen presuntamente o lo presionen y salga un presidente, un ministro, a hablar de la historia clínica de un menor. Me parece muy grave. La muerte de Kevin no puede significar que esos derechos desaparezcan, olvídense. El Estado tiene el deber de proteger esa dignidad, esa intimidady la memoria de un niño de 7 años. El hecho que él haya muerto, no les daba ningún derecho a sacar la historia clínica a la luz pública. La historia clínica está sometida a reserva y nadie puede disponer de ella de manera arbitraria, como lo hicieron ellos,presidente y ministro de la época, y mucho menos para justificar públicamente las circunstancias que derivó en su atención médica deficiente y la muerte de él. Es fundamental que la Fiscalía investigue esos hechos con toda la contundencia y determine si existió esa conducta contraria a la ley. La justicia tiene que actuar sin distinciones y sin importar el cargo que ocupaba la persona en ese momento.
¿Están dispuestos, judicialmente hablando,a llegar hasta las últimas consecuencias para evitar que la muerte del niño Kevin quede en la impunidad?
Por supuesto que sí, Jesús Antonio. Nosotros lo hemos dicho y te lo sostengo a ti: con nosotros hasta el final. Y no quiero prejuzgar ni nada, pero tengo la certeza de que en Colombia va a haber justicia y que no vamos a esperar tantos años para que esto se dé.
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