Cerca de mil taxistas se concentraron en Neiva para rechazar el proyecto de ley 430, ‘Por allá sí voy’, que busca regular plataformas como Uber y DiDi. El gremio advierte que autorizar vehículos particulares desplazará el transporte local, generará colapso vial y provocará una “muerte lenta” para miles de familias que dependen del servicio público tradicional en el Huila.

María Alejandra Ruiz Mallungo

Maria.ruiz@lanacion.com.co

En una jornada marcada por pitazos y arengas, cerca de 1.000 taxistas —según cifras del propio gremio— se concentraron en la Plaza de Banderas de la Gobernación del Huila. El motivo de la protesta fue el rotundo rechazo al proyecto de ley 430, denominado “Por allá sí voy”, el cual busca regular el funcionamiento de plataformas tecnológicas de transporte como Uber y DiDi en Colombia. Durante la movilización, los manifestantes dirigieron sus reclamos a María Lucía Villalba, senadora huilense y coautora de la iniciativa legislativa, quien ha defendido la propuesta argumentando que establecerá reglas claras, fortalecerá la seguridad y promoverá una competencia equitativa en el sector.

“Neiva tiene 2.196 taxis (…). Pero esta marcha ha sido casi masiva. Son muy pocos los compañeros que por x o y motivo no participan, pero, gracias a Dios, en esta convocatoria, ocupamos ya más de dos cuadras a la redonda con lo que creo son más de 1.000 taxistas. Eso quiere decir que sí tenemos lo nuestro para ofrecerle a Colombia y al turismo; y, sobre todo aquí en Colombia, Neiva es pionera en servicio público”, expresó Jhon Albeiro Plazas, líder del gremio en la ciudad.

Avances en tecnología y seguridad

Uno de los puntos más álgidos del debate gira en torno a la calidad del servicio y la negativa de algunos conductores a ingresar a ciertas zonas de la ciudad. Al respecto, Plazas explicó que existen factores críticos de seguridad que impiden el acceso a determinados sectores. En el caso de Neiva, mencionó barrios como Las Cristalinas, Panorama (que ha mostrado mejorías) y la zona suroriental, donde a ciertas horas de la noche resulta inviable entrar debido a la delincuencia.

No obstante, el líder gremial enfatizó que el sector no se ha quedado rezagado y que viene implementando activamente herramientas digitales para optimizar la atención al usuario: “Estamos avanzando en tecnología, apuntándole a eso que Colombia, Neiva y el Huila quieren. Es querer lo nuestro, respaldar la parte empresarial del gremio. No queremos multinacionales que vengan a llevarse nuestro dinero a otros países, a la banca internacional. Queremos que el dinero se quede aquí, que circule aquí. Eso es lo que le estamos pidiendo a nuestros representantes”, aseguró Plazas.

Controles y servicio local

A diferencia de otras capitales del país, Neiva se mantiene como un bastión en la defensa del transporte público tradicional. Según Plazas, la capital huilense destaca por no registrar una presencia masiva de aplicaciones como Uber o DiDi.

“Al contrario. Estamos trabajando fuertemente para que el Gobierno departamental nos ayude, por favor. Le estamos poniendo el pecho. Aquí todos los carros deben tener aire acondicionado, estar bien pintados, mantenerse en excelentes condiciones y contar con conductores idóneos. Estamos trabajando conjuntamente con la Secretaría de Movilidad, que nos ha apoyado para combatir la ilegalidad. Por eso, en este momento, Neiva es de las pocas ciudades que no tiene una presencia masiva de Uber, DiDi ni de estas plataformas. Sí las hay, pero muy pocas, porque gracias a la Secretaría de Movilidad se está combatiendo este flagelo”, puntualizó el transportador.

Advierten una “muerte lenta”

El principal temor de los conductores frente al proyecto de ley 430 es lo que consideran la desaparición paulatina de su oficio. Los manifestantes advirtieron que autorizar el uso de vehículos particulares para el transporte remunerado de pasajeros abrirá paso a conglomerados con un músculo financiero desproporcionado, capaces de desplazar a los trabajadores locales.

Respecto a este escenario y a los efectos del proyecto de ley, Plazas sentenció: “Eso se llama una muerte lenta, porque desafortunadamente, a nivel mundial, ya hemos visto cómo los taxis van desapareciendo ante el poder económico de estas multinacionales. No nos van a brindar garantías; simplemente nos utilizarán como piezas temporales para después introducir vehículos autónomos, como los carros Tesla, y sacarnos del transporte público. Además, si se legaliza que los particulares presten este servicio, la movilidad colapsará, tal como ocurre con el mototaxismo, donde la informalidad ya se volvió costumbre en Neiva”.

Finalmente, Diego Yesid Cuéllar, manifestó que no entiende como una persona “nacida y criada” – en referencia a la senadora Villalba- en el Huila, se preste para hacer un proyecto donde se verán perjudicados los taxistas.

“Somos la única plaza que queda a nivel nacional, y nos amoldamos a todos los requisitos legales; por lo que nos vemos afectados por una competencia desleal, porque aparte de que nos están perjudicando, nos quieren quitar el único sustento para nuestras familias”, finalizó Cuéllar.

¿Qué es la Ley ‘Por allá sí voy’?

Ocho congresistas de bancadas como Alianza Verde, Centro Democrático, Pacto Histórico, Nuevo Liberalismo y Creemos radicaron en la Cámara de Representantes el proyecto de ley “Por allá sí voy”. La iniciativa, liderada por Mauricio Toro junto a legisladores como María Lucía Villalba, Daniel Briceño y Catherine Juvinao, busca fijar reglas claras para intermediar entre conductores y usuarios.

El eje central consiste en crear una categoría legal para el transporte por plataformas digitales mediante el Registro Único Nacional del Servicio de Transporte Intermediario por Plataformas Digitales (RUNSTIP), que recopilará datos de operadores, vehículos y conductores. Asimismo, el proyecto promueve medidas para que los taxistas simplifiquen trámites, se modernicen e incursionen en estos esquemas tecnológicos.

En materia de seguridad, el articulado exige a las aplicaciones verificar la documentación de quienes conducen, rastrear la trazabilidad de los viajes, prevenir fraudes e integrar canales de denuncia y atención ante emergencias. También contempla alertas dirigidas a prevenir violencias basadas en género.

En el plano económico, la propuesta establece una contribución no tributaria del 1.5 % sobre los ingresos netos de las plataformas intermediarias. Estos recursos se destinarán a financiar programas sociales para los actores del sistema y al mantenimiento de la infraestructura vial. El proyecto ya fue radicado y está en trámite en comisión.