Este viernes 24 de abril, el proceso que busca la revocatoria del mandato del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, alcanzó un hito jurídico tras la entrega oficial de las firmas recolectadas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil. El acto, realizado a las 10:30 a. m., marca el inicio de la etapa de validación por parte de la autoridad electoral.

La iniciativa surge como respuesta a un sector de la ciudadanía que manifiesta inconformidad con la gestión actual. Los promotores de la medida sostienen que la inseguridad ha superado la capacidad de respuesta institucional, afectando la convivencia en múltiples localidades de la capital del país.

Motivos de la iniciativa ciudadana

Según las declaraciones del concejal Jairo Avellaneda, líder del movimiento, la ciudad enfrenta problemáticas críticas en seguridad, tales como extorsiones, hurtos y secuestros. Estas preocupaciones coinciden con datos de la encuesta Bogotá Cómo Vamos, donde el 62% de los habitantes reportó sentirse inseguro.

A las quejas en materia de orden público se añade la crisis en el manejo de residuos sólidos. El comité promotor denunció que la ineficiencia en la recolección de basuras ha generado focos de contaminación sanitaria y la proliferación de roedores en diversos sectores comerciales y residenciales.

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Impacto en movilidad e infraestructura

El urbanismo es otro de los pilares que fundamentan la petición de revocatoria. Se cuestiona la demolición de infraestructuras como el puente de Venecia y estructuras en Puente Aranda, argumentando la ausencia de una estrategia vial que mitigue el impacto en el tráfico. Estas obras han incrementado los embotellamientos en las localidades de Kennedy y Bosa.

En el ámbito social, los impulsores advierten sobre el riesgo de deserción escolar. La falta de políticas sociales efectivas podría comprometer la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo público, según señalan sectores del gremio docente y el cabildo distrital.

Denuncias sobre el proceso de recolección

Durante la entrega de los apoyos, los organizadores informaron sobre presuntos obstáculos administrativos y técnicos. El concejal Avellaneda reportó dificultades para la apertura de cuentas bancarias necesarias para el comité, así como presuntas amenazas que ya fueron puestas en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación.

Tras la recepción de las rúbricas, la Registraduría procederá con la verificación técnica de cada apoyo. De validarse el número mínimo de firmas exigido por la ley, se convocará a una jornada de votación atípica donde la ciudadanía decidirá la continuidad del mandatario distrital.

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