Escándalo. El sueño de 432 familias quedó en ruinas. Los dos proyectos de Comfamiliar del Huila enfrentan parálisis contractual, iliquidez y un severo desequilibrio financiero y operativo. Esta situación —según expertos— pone en alto riesgo una inversión de 68.411 millones de pesos. Una pregunta incómoda que nadie quiere responder: ¿dónde está la plata?
Ricardo Areiza
Investigacioneshuila@gmail.com
En el Huila hay proyectos que nacen muertos. Otros, como La Ciudadela La Felicidad, es peor: agonizan a plena luz del día, bajo la venia de quienes prefieren mirar al frente mientras los responsables miran hacia otro lado.
Y más grave aún: el sueño de 432 familias expira ante la indiferencia de sus propios gestores. Los dos proyectos bandera de la Caja de Compensación Familiar del Huila están en ruina. Los papeles dicen una cosa. La realidad, otra. Y la brecha entre ambas es tan grande que ya escaló al Ministerio del Trabajo y a la Superintendencia de Subsidio Familiar.
En Neiva, 320 apartamentos VIP y 112 casas de interés social llevan 20 meses suspendidos, 68.411 millones de pesos comprometidos y una pregunta incómoda que nadie quiere responder: ¿dónde está la plata?
El volumen de recursos girados a los contratistas no corresponde —bajo ninguna circunstancia— al avance físico real de las obras. Esa es la conclusión unánime que expertos, interventoría y auditores repiten como una letanía. Los fondos públicos y parafiscales se desembolsaron de manera acelerada y desproporcionada, sin correlación alguna con el progreso constructivo en sitio.
En La Felicidad no hay estructuras concluidas. No hay cubiertas. No hay pañetes, instalaciones ni acabados. Solo cimentación incipiente, mampostería parcial de primer piso, acero expuesto corroyéndose bajo la intemperie y el monte tragándose el proyecto que debía entregarse en 2026.
Lo poco que se construyó se deteriora a la vista de todos. El dinero desapareció y las ruinas se caen solas. Eso fue lo que vimos en el predio contiguo al barrio El Tesoro.
Veinte meses de parálisis total en ambos frentes —desde el 20 de diciembre de 2024 hasta agosto de 2026—. Y como si fuera poco, la dirección de Comfamiliar insiste en una tercera adición y un crédito internoirregular con recursos públicos, sin un solo soporte técnico o jurídico. La orden es clara: deben reintegrar 26.180 millones de pesos. Pero el primer pago de 10.630 millones ya se venció y sigue embolatado.
Los dos proyectos enfrentan una parálisis contractual, iliquidez y un severo desequilibrio financiero y operativo. Esta situación —según expertos— pone en alto riesgo una inversión de 68.411 millones de pesos. El reporte es dramático:
—Con corte al mes de agosto de 2026, las obras principales acumulan aproximadamente 20 meses de suspensión continuada (desde el 20 de diciembre de 2024) en los frentes de vivienda, mientras que las obras de urbanismo llevan más de 120 días suspendidas (desde el 8 de abril de 2026) sin que exista un acta formal de reinicio.
Con otra revelación alarmante: —El volumen de los recursos financieros ejecutados y girados a los contratistas no corresponde bajo ninguna circunstancia al avance físico real de la obra—revela el informe técnico.
Giros exprés
Los contratistas retiraron entre el 80% y el 95% de los recursos de anticipo en plazos récord de 2 a 11 días calendario. Sin acopio de materiales asegurados. Sin avances físicos proporcionales. El proyecto se quedó sin caja antes de empezar a construir.
El contrato de 320 apartamentos VIP tiene un valor total: 26.987 millones: El anticipo del 30% —8.096 millones— se desembolsó en diciembre de 2023. En solo dos días se giró el 64% (5.181 millones). En menos de un mes, el 80% del anticipo (6.476 millones) ya estaba en la cuenta del contratista. Sin evidencia de avance proporcional.
El segundo contrato para construir las 112 casas VIS: El anticipo de 3.870 millones fue transferido fuera del patrimonio autónomo fiduciario en 11 días calendario: 3.720 millones, el 95,94%. El encargo fiduciario quedó en saldo cero a los pocos meses de iniciado el proyecto. El mecanismo de control fiduciario, anulado.
Cifras que gritan
En los 320 apartamentos, habiéndose pagado más de 10.524 millones (39,0%), la obra física está rezagada en un alarmante 13,47%. Después de dos años y nueve meses, el 86,77% de la obra física sigue sin construir.
El contratista facturó por avance de obra 10.554 millones en efectivo. Pero un informe técnico en poder de LA NACIÓN revela que la obra física real cobrada es de apenas 3.570,5 millones. El excedente: 6.983,6 millones entregados en caja por encima del avance físico facturado. De las dos facturas presentadas, solo se han amortizado 1.072 millones del anticipo inicial.
En el frente de las 112 casas, habiéndose agotado el 92,82% del plazo contractual y girado el 47,8% de los recursos, la construcción física registra únicamente un 26,35% de avance.
La incongruencia es monumental: mientras el tiempo avanzó cerca del 47% y los pagos superaron el 39%, la ejecución física apenas alcanzó el 13,23%.
El consumo casi total de los plazos contractuales junto con avances físicos mínimos en los proyectos obedece —según los órganos de control— a fallas estructurales de planeación, conflictos sociales no resueltos y una dinámica de parálisis continuada, objeto de investigación.
Promesa de cemento
La ciudadela es hoy la ironía más cara del Huila. En ruinas. Una parálisis que nadie logra detener.
El contrato de los apartamentos VIP inició el 5 de diciembre de 2023 con un plazo de 360 días. Tras tres suspensiones reiteradas, la obra permanece suspendida desde el 20 de diciembre de 2024: 20 meses de parálisis ininterrumpida. Las obras de urbanismo llevan más de 120 días suspendidas —desde el 8 de abril de 2026— sin acta formal de reinicio.
—Esto significa que después de dos años y nueve meses, lo que significa que el 86,77% de la obra física de los 320 apartamentos está aún sin construir—precisaron expertos que adelantan la investigación.
—Una incongruencia monumental: Mientras el tiempo avanzó cerca del 47% y los pagos superaron el 39%, la ejecución física reflejada en esta facturación apenas alcanzó el 13,23%—reiteró el especialista.
Con corte a agosto de 2026, el contrato permanece en suspensión No. 3, acumulando 20 meses consecutivos sin generar nuevas facturas ni avances adicionales.
La incongruencia
El tiempo que no cuenta: 168 días de obra en 32,5 meses de calendario. El plazo pactado fue de 360 días calendario a partir del Acta de Inicio: 5 de diciembre de 2023. Pero los días de ejecución real en obra ascienden a apenas 168 días efectivos de trabajo, devorados por las continuas interrupciones.
En otras palabras: entre el acta de inicio y la fecha de corte del informe —agosto de 2026— han transcurrido 32,5 meses calendario. Y según otras voces, sobre el terreno, el avance puede ser aún menor.
El otro frente: la comercialización, el secreto que todos esquivan. Con un 58,4% de ventas —187 unidades colocadas y 133 disponibles—, el recaudo es un fantasma: el 75,72% de las cuotas iniciales, 6.784 millones, sigue sin cobrarse. A esto se suman 19.045 millones en créditos hipotecarios estancados, 14.218 millones de ellos preaprobados pero retenidos.
La regla es implacable: sin obra no hay escritura; sin escritura no hay crédito; sin crédito no hay flujo; sin flujo no hay obra. El círculo perfecto del colapso. El reloj no perdona: 32,5 meses calendario reducidos a 168 días de trabajo real, mientras 432 familias ven morir su sueño en los papeles.
La adición imposible
Y para completar el cuadro, la dirección de Comfamiliar pretende una tercera adición presupuestal y la propuesta de un crédito interno con recursos públicos. Sin soportes técnicos ni jurídicos. Lo que no está permitido. En concreto: una adición de $4.499 millones y un crédito interno por $5.300 millones alegando desequilibrio económico. Los organismos de control se opusieron. Frenaron el préstamo. El primero sigue enredado.
La propuesta de la administración de Comfamiliar Huila de autorizar un endeudamiento interno con recursos del para financiar los proyectos VIS/VIP carece de viabilidad e inexistencia jurídica. No es una opinión. Es una imposibilidad legal.
En otras palabras: para que exista un crédito en sentido jurídico estricto deben concurrir dos sujetos de derecho distintos —un acreedor y un deudor—. Al tratarse de la misma persona jurídica, la calidad de acreedor y deudor recae sobre la misma entidad. Cuando ambas calidades se reúnen en una sola persona, la obligación se extingue por confusión. Así lo explicó el experto: —No es jurídicamente viable configurar una deuda consigo misma —insistió con las cifras en la mano—. Al no existir partes jurídicamente independientes, resulta imposible constituir una garantía idónea y ejecutable que respalde el crédito a favor de la propia entidad, recalcó el documento técnico. —Esto —dijo— es un riesgo fiscal monumental.
Riesgo fiscal
La norma no lo permite. La prohibición es doble. Subsidios cruzados y destinación específica. La Unidad de Infraestructura-Vivienda debe autofinanciarse con sus propios ingresos o con remanentes legalmente liberados. No puede ser subsidiada de manera cruzada con recursos de destinación específica de otras líneas: ni el negocio de crédito social —destinado a afiliados categorías A y B— ni los fondos del FOVIS.
Los aportes parafiscales del 4% son recursos públicos de destinación específica, regulados por la Constitución y la ley. Los recursos de vivienda deben canalizarse de forma separada y obligatoria únicamente a través de las reglas del FOVIS. Disponer de ellos mediante un “crédito interno” resulta jurídicamente inadmisible.
El inminente riesgo fiscal advertido por los órganos de control responde a una amenaza real: la pérdida irrecuperable o el menoscabo del patrimonio social y de los recursos parafiscales públicos del 4% administrados por Comfamiliar del Huila.
—No se trata de un debate teórico—reiteró otro experto—. Se trata de dinero público. De destinación específica. De 5.300 millones que, bajo la figura del “crédito interno”, pretenden violar la Constitución y la ley.
La cuadratura del círculo, en materia jurídica, no existe. Y los órganos de control ya lo saben.
Inviable
Según el reporte técnico, la adición solicitada es inviable. No por interpretación. Por contrato. El pilar jurídico y técnico que sustenta el rechazo radica en la naturaleza misma de los contratos suscritos con los constructores para los 320 apartamentos VIP y las 112 casas VIS.
A diferencia de los contratos estatales, estos dos contratos de obra se pactaron bajo la modalidad de “precios unitarios a todo costo” sin cláusula de reajuste de precios. Financieramente, las variaciones en los costos de los insumos, materiales e inflación constituyen un riesgo operativo propio de la construcción, asumido exclusivamente por el contratista dentro de su margen de Imprevistos y Utilidad (AIU).
En estas condiciones —dijo el especialista— Comfamiliar Huila no puede entregar recursos adicionales sin soporte técnico suficiente.
Aprobar incrementos de tarifas o precios unitarios durante períodos de suspensión —donde no se ejecutan obras ni se consumen materiales— generaría sobrecostos injustificados y configuraría un enriquecimiento sin causa y un pago de lo no debido, prohibido por la ley.
No es un tecnicismo. Es la línea que separa la gestión del desfalco. Y los órganos de control ya lo tienen claro.
Incumplió
La entidad debe reintegrar 26.180 millones de pesos. Pero ya incumplió el primer pago de 10.630 millones, programado para junio de 2026, lo que expone a la entidad a intereses de mora a la tasa máxima legal, sanciones de la Superintendencia del Subsidio Familiar y la imposibilidad de acceder a nuevos fondos para vivienda. Este incumplimiento prendió todas las alarmas.
Mediante la Resolución AEI No. 049 de diciembre de 2025, el Agente Especial de Intervención aprobó un cronograma de devolución de 26.180 millones de recursos depromoción de oferta del FOVIS. Comfamiliar Huila ya incumplió.
No cumplió el primer hito de devolución de 10.630 millones, programado para junio de 2026. El primer pago. El más importante. El que marcaba el tono de todo lo que venía después. Y sigue embolatado.
La mora se acumula
El no reintegro oportuno de los fondos FOVIS comenzó a generar la obligación de pagar intereses de mora a la tasa máxima legal. Intereses que deben ser asumidos obligatoriamente con recursos propios de Comfamiliar Huila. No hay margen. No hay excusa. No hay crédito interno que valga.
Pero hay más. La entidad quedó expuesta a sanciones administrativas y a la inhabilitación legal para acceder a nuevos recursos de promoción de oferta. Es decir: si no devuelve, no recibe. Si no recibe, no construye. Si no construye, no entrega. Si no entrega, las 432 familias siguen esperando.
El agravante final
Y sobre el expediente, un peso muerto: congelamiento de recursos en obras paralizadas.
El dinero no fluye. Las obras no avanzan. Los intereses corren. Las sanciones se acumulan. La inhabilitación acecha. Y el primer pago de 10.630 millones sigue en el limbo, mientras los órganos de control toman nota y los políticos pujan.
Según el informe técnico, hasta la fecha se han desembolsado 16.723,5 millones de las cuentas del FOVIS en contratos que llevan 20 meses de parálisis continuada. Existen cerca de 9.875,9 millones en anticipos girados y retenidos por contratistas sin amortizar en obra, generando una pérdida sistemática del valor del dinero e inmovilización de fondos públicos.
El cronograma tenía fechas. Tenía hitos. Tenía responsables. Lo único que le faltó fue cumplimiento.
Corolario
El Ministerio del Trabajo tiene la información. La Superintendencia de Subsidio Familiar también. Los órganos de control advirtieron el riesgo fiscal. Los expertos repitieron que los números no cuadran. Los especialistas dictaminaron que la adición es inviable.
Todos lo saben. Nadie lo detuvo.
La Felicidad, paradójicamente, es hoy el nombre de un elefante blanco que se pudre al sol junto al barrio El Tesoro. Y las 432 familias que aún esperan —las que todavía creen en ese paquidermo— quizás no sepan que lo más perturbador no es lo que se ha perdido.
Lo más perturbador es que todo estaba a la vista. Y nadie dice nada. ¿Rodarán cabezas?






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