Gobierno Nacional denuncia presunta manipulación de influencias en el sistema de salud

Durante el desarrollo de un consejo de ministros, el presidente de la República, Gustavo Petro, reveló una denuncia formal interpuesta por la Superintendencia de Salud. El caso involucra a directivos de una Institución Prestadora de Salud (IPS) que habrían intentado ejercer presiones indebidas para asegurar su operatividad y agilizar el flujo de pagos mediante el ofrecimiento de prebendas económicas.

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El jefe de Estado dio lectura a un mensaje que evidenciaría la irregularidad: “Estaríamos en la disposición de dar un porcentaje sobre las facturas”, señalaba el texto. Ante la gravedad de los hechos, el mandatario calificó la situación como una manifestación clara de corrupción estructural y confirmó que el expediente ha sido trasladado a la Fiscalía General de la Nación para las investigaciones penales pertinentes.

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Medidas drásticas contra EPS con bajo desempeño

En su intervención, el presidente Petro fue enfático al señalar que el Ejecutivo no dudará en aplicar medidas administrativas severas contra las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que presenten indicadores deficientes. Según el mandatario, la Superintendencia de Salud procederá a retirar la licencia de funcionamiento a aquellas entidades que no garanticen una atención digna a los usuarios.

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Asimismo, el mandatario sostuvo que las demoras sistemáticas en la asignación de citas y la entrega de medicamentos obedecen a una estrategia financiera. “Demoran citas y operaciones para mantener el dinero rentando”, afirmó Petro, vinculando estas prácticas con la ineficiencia del modelo actual.

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Transición operativa y el nuevo rol de la ADRES

El Gobierno planteó que, bajo el nuevo esquema de gestoras, las EPS dejarían de gestionar directamente los recursos públicos. En este modelo, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) asumiría la responsabilidad de efectuar los pagos de manera directa a los prestadores del servicio.

  • Investigación penal: El caso de la IPS de salud mental ya está bajo custodia de las autoridades judiciales.
  • Sanciones: Se contempla el cierre definitivo de EPS que no cumplan con sus obligaciones prestacionales.
  • Garantía de medicamentos: La ADRES podrá realizar pagos directos en farmacias si los gestores farmacéuticos incumplen con el suministro.
  • Vigilancia institucional: El presidente instó a los entes de control a evitar que decisiones judiciales favorezcan a actores cuestionados en el sector salud.

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