La tribuna occidental del estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva ya tiene método de demolición, presupuesto y cinco oferentes de alto nivel. Lo que no tiene todavía es un camino despejado para sobrevivir al calendario. Un proyecto sin licencia, sin cronograma viable y con los recursos atrapados en un limbo jurídico puede convertirse en algo mucho más difícil de desmontar. ¿Otro elefante blanco? Primicia.

RICARDO AREIZA

investigacioneshuila@gmail.com

La demolición de la tribuna occidental del estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva—primer movimiento para reconstruir la gradería, recuperar la pista atlética y transformar el urbanismo de la Villa Olímpica— entró en su última fase. Pero solo en los papeles. En el terreno, todavía queda otra carrera contra el reloj.

El proceso licitatorio para contratar esta primera fase se surtió en apenas dos semanas. Se cerró el 27 de agosto con cinco proponentes, bajo condiciones rigurosas: cero anticipos, exigencias específicas de experiencia y un músculo financiero suficiente para soportar la operación. Las cinco propuestas están ahora bajo evaluación técnica, jurídica y financiera. Después vendrán la adjudicación y la firma del contrato. Solo entonces podrá comenzar la cuenta regresiva real.

El proyecto no contempla una demolición convencional. El método será híbrido: implosión controlada y, después, demolición mecánica intensiva. Según los funcionarios responsables, la primera operación exigirá la colocación estratégica de explosivos en puntos críticos —columnas y vigas— para provocar el colapso de la estructura por gravedad. Después entrará la maquinaria: excavadoras, martillos hidráulicos y cizallas, avanzando de arriba hacia abajo sobre lo que quede en pie.

La implosión está presupuestada en 6.803 millones de pesos. El contrato tendrá un plazo de cuatro meses contados desde la firma del acta de inicio. No será, por tanto, tan inmediata como lo había anticipado el alcalde Germán Casagua. Incluso en un escenario extremadamente optimista, la ejecución física —implosión incluida— solo podría producirse durante el último trimestre de 2026.

Ruina inminente

Hay una precisión que cambia la dimensión de la operación: el contrato se limita a la tribuna occidental y sus áreas de influencia directa, incluidos camerinos y graderías baja y alta. Las tribunas oriental, norte y sur permanecerán en pie, por ahora. No presentan condición de ruina inminente y su eventual demolición quedaría para una hipotética segunda fase que todavía no está definida ni financiada.

La cifra ayuda a entender lo que realmente está en juego: deberán desaparecer 11.258 metros cúbicos de estructura, incluidos la tribuna occidental, los camerinos y los elementos de cimentación profunda. No bastará con hacer caer la gradería.

El contratista deberá excavar y retirar por completo la cimentación existente —zapatas, vigas de amarre y elementos enterrados— hasta una profundidad aproximada de tres metros respecto del nivel natural del terreno. La operación tendrá que seguir una secuencia de ingeniería milimétrica para derribar una estructura de siete niveles sin comprometer las tribunas norte y sur.

Cierre maratónico

El cierre de la licitación tuvo algo de carrera de resistencia digital. Cada consorcio corrió con su propio reloj.

Los sellos de tiempo registrados en el SECOP II muestran una diferencia extrema entre el primer y el último oferente: casi 31 horas separaron ambas propuestas dentro del plazo inmodificable fijado en los pliegos.

El primero fue el Consorcio Deportivo 2026, de Neiva. Cruzó la meta virtual con casi 31 horas de ventaja sobre el cierre, mientras los demás todavía ajustaban sus folios.

El último fue el Consorcio Andino, de Chía. Allí apareció el verdadero suspenso de la jornada: la oferta llegó cuando faltaban apenas 19 minutos y 52 segundos para que el SECOP II cerrara definitivamente sus compuertas.

Los otros dos proponentes, Consorcio Estadio Neiva y UT Infra Neiva, eligieron la noche y la madrugada. Una apuesta distinta: evitar la congestión matutina del sistema sin renunciar al margen de revisión de última hora

Los oferentes

La rigurosidad del pliego produjo cinco proponentes plurales. La fórmula exigía combinar experiencia en infraestructura recreodeportiva —estadios— con especialidad técnica en voladuras y demoliciones, además de superar un filtro financiero: Capital de Trabajo Demandado superior a 2.244 millones de pesos y cero por ciento de anticipo.

Los cinco quedaron conformados bajo las figuras de consorcios y uniones temporales.

El Consorcio Deportivo 2026, de Neiva, aparece con arraigo local y experiencia en logística. El Consorcio Estadio Neiva, de Cali, reúne a la Escuela de Ingeniería del Valle. El Consorcio Tribuna, también de Cali, se presenta con especialidad técnica en estructuras.

Desde Cundinamarca llegaron otros dos: UT Infra Neiva, de Bogotá, con músculo financiero centralizado, y el Consorcio Andino, de Chía, vinculado a consultoría especializada y voladuras.

Las ofertas ya están sobre la mesa. Ahora comienza otra carrera: la evaluación.

La puja

Las condiciones de la contienda dejan poco espacio para improvisaciones. El contratista deberá ejecutar demolición mecánica e implosión con explosivos en un plazo perentorio de cuatro meses, sin anticipo y con la obligación de acreditar un Capital de Trabajo de 2.244,93 millones de pesos.

Detrás de esos 6.803 millones se libra, por tanto, una batalla que no es solamente de explosivos. También es jurídica, financiera y de ingeniería.

Las polémicas surgidas durante la etapa de observaciones al proyecto de pliego mostraron hasta dónde llegan las exigencias: la complejidad no está únicamente en calcular los micro-retardos de las cargas explosivas. Está también en sobrevivir a unas reglas de juego particularmente estrechas y a un vacío de ordenamiento territorial que amenaza la viabilidad del proyecto.

El contratista que resulte favorecido deberá atravesar una ruta crítica pocas veces tan comprimida en una obra pública de infraestructura deportiva.

Primero está el tiempo. Cuatro meses, inmodificables, contados desde la suscripción del acta de inicio y sin superar la presente vigencia fiscal. En ese margen deberá tramitar los permisos para los explosivos, ejecutar las obras preliminares, realizar la implosión, procesar los escombros y entregar el lote completamente nivelado. Después está la plata.

La entidad decidió no entregar anticipo ni pago anticipado. El flujo de caja dependerá de los pagos contra actas de avance y de hitos físicos: 10 por ciento por las actividades preliminares; 30 por ciento después de la implosión controlada y el inicio de la gestión de residuos; 50 por ciento por la demolición mecánica e intensiva de la estructura remanente y los camerinos; y el 10 por ciento final contra liquidación y entrega a satisfacción.

La ausencia de anticipo explica una de las principales barreras de entrada: el pliego definitivo exigió acreditar un indicador de Capital de Trabajo Demandado.

Pliego polémico

La publicación del pliego definitivo abrió un nuevo frente. Firmas reconocidas del sector formularon observaciones técnicas y jurídicas e intentaron flexibilizar las condiciones impuestas por la Alcaldía de Neiva y sus asesores de la Universidad Nacional de Colombia.

No tuvieron éxito. Varios interesados cuestionaron que la experiencia general estuviera limitada a contratos de construcción, ampliación, optimización o intervención de escenarios recreodeportivos —estadios o coliseos—. Su argumento era que una demolición por implosión exige conocimientos técnicos que pueden aplicarse a un hospital, un edificio residencial o una tribuna, sin que el tipo de escenario determine la destreza requerida.

La administración mantuvo la exigencia. Al estar enmarcado el proceso en el sector de infraestructura social, sostuvo que la aplicación de los Pliegos Tipo era obligatoria e inmodificable.

Cláusula explosiva

El capítulo de los explosivos añadió otra presión. El contratista deberá tramitar, por su cuenta y riesgo, los permisos para la compra, transporte y escolta militar de los explosivos ante el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos y la Industria Militar, Indumil. La propia ficha técnica reconoce que ese trámite puede tomar entre 40 y 45 días calendario. Cuarenta y cinco días. Casi el 40 por ciento de todo el plazo contractual.

Los oferentes pidieron entonces una cláusula que suspendiera automáticamente el término de ejecución cuando las demoras provinieran de trámites burocráticos del Ministerio de Defensa. La administración se negó. Argumentó que los tiempos de terceros no dependen de la entidad y que ese riesgo corresponde íntegramente al contratista.

La condición incluso se endureció: el oferente deberá demostrar, antes de la suscripción del acta de inicio, que está inscrito ante el Departamento Control Comercio de Armas.

La cuenta regresiva, entonces, podría comenzar incluso antes de que pueda utilizarse el primer explosivo.

Regla de oro

Ante semejantes barreras —experiencia técnica específica en estadios, capacidad financiera y cero anticipos— el mercado tuvo que reorganizarse.

El pliego introdujo una regla decisiva para los proponentes plurales: en los consorcios o uniones temporales, los integrantes con una participación superior al 10 por ciento podrán sumar entre sí la experiencia requerida. Fue el salvavidas.

La regla permitió que empresas especializadas en demolición técnica e implosiones se asociaran con grandes constructoras locales o firmas con capacidad financiera. Así, el integrante que participa con más del 10 por ciento puede aportar experiencia, mientras otro integrante contribuye a superar los indicadores de Capital de Trabajo y Capacidad Residual.

La fórmula abrió una puerta sin desmontar las barreras.

Al cierre del proceso, el 27 de agosto de 2026, cinco proponentes plurales habían dejado sus ofertas en el SECOP II. La llamada “Regla de Oro del 10 por ciento” y la distribución de especialidades quedan ahora expuestas en la conformación de cada consorcio. Pero la verdadera prueba apenas comienza. Cinco ofertas. Una adjudicación. Cuatro meses. Y una tribuna de siete niveles que deberá desaparecer sin llevarse consigo las estructuras que todavía deben permanecer en pie.

Nudo gordiano

A pesar de que el proceso licitatorio avanza con un robusto grupo de competidores hacia la adjudicación del 24 de septiembre de 2026, la viabilidad física de iniciar las obras en enero de 2027 ha quedado seriamente comprometida por un factor externo de ordenamiento territorial.

Aunque la licitación se vivió como una auténtica contrarreloj, en el terreno de la ejecución se corre a otro ritmo. Y ese desfase puede terminar siendo decisivo.

El escenario ideal que había diseñado la administración quedó desmantelado con el desplome del Plan Parcial. La caída arrastró también a sus dos principales responsables y dejó al proyecto de reconstrucción frente a una realidad que los cronogramas iniciales no habían previsto.

La Resolución No. 0097 de 2026, expedida por el alcalde Germán Casagua, no fue un simple ajuste de trámite. Funcionó, en los hechos, como un freno de mano jurídico: reversó la viabilidad del Plan Parcial y convirtió en altamente riesgoso iniciar en enero de 2027 la demolición que hoy aparece calculada en los cronogramas.

Los actos jurídicos expedidos después quedaron sin efectos. El concepto inicial favorable de viabilidad del Plan Parcial de Renovación Urbana “Centro Regional La Libertad” fue reversado.

Con ello, todo lo actuado después del 20 de mayo —socializaciones, publicaciones en la página web y revisiones— quedó sin efecto. El problema no terminó ahí.

La licencia

Planeación había certificado inicialmente que el Plan Parcial no era indispensable para demoler, bajo el argumento de que la Tribuna Occidental se encontraba en estado de “Amenaza de Ruina”. Pero las irregularidades reveladas después terminaron por hacer implosionar la propia viabilidad del instrumento urbanístico. Ahí aparece el nudo gordiano.

Si el Plan Parcial tuvo que retrotraerse por la vulneración del debido proceso de los vecinos —entre otras razones, por no haber sido notificados del diseño urbano y de la intervención territorial—, ¿qué ocurriría si la demolición con explosivos comienza en enero de 2027 sin que esas omisiones hayan sido corregidas?

La tesis del Municipio —que la demolición de la ruina puede avanzar por una cuerda separada, amparada en la Resolución de Ruina No. 003 de 2026— tropieza con la realidad de seguridad y ordenamiento territorial que dejó al descubierto la Resolución 0097.

Resulta difícil sostener que la demolición de la tribuna occidental sea completamente ajena al Plan Parcial cuando la operación supone perforar, cargar y detonar una estructura situada a escasos metros de predios cuyos titulares, según la propia resolución, no fueron notificados en debida forma.

Por eso, el consorcio que resulte adjudicatario el 24 de septiembre de 2026 no recibirá en enero de 2027 un terreno jurídicamente despejado. Podría encontrarse con otra cosa: un frente de obra abierto, vecinos con capacidad de reacción judicial y un Ministerio de Defensa —a través del Batallón Tenerife, colindante con el polígono— con argumentos para controvertir la intervención.

La demolición podría convertirse así en la primera batalla de una obra que todavía no tiene asegurado su camino jurídico. Según expertos, el riesgo jurídico deja de ser teórico.

El Ministerio de Defensa o los vecinos del barrio Primero de Mayo podrían acudir a la justicia para cuestionar la intervención y solicitar medidas cautelares, alegando, entre otros argumentos, la afectación del debido proceso, la ausencia de socialización legal y el riesgo asociado a una operación de demolición mediante explosivos.

Según expertos, el saneamiento procedimental del Plan Parcial podría tomar, en el mejor de los escenarios y suponiendo que no aparezcan oposiciones de los colindantes, entre cuatro y seis meses. El reloj urbanístico llevaría entonces la adopción definitiva hacia el segundo trimestre de 2027.

El hueco

En estas condiciones las cuentas no cuadran. Si la adopción del Plan Parcial se desplaza hacia mediados de 2027 y la demolición queda frenada por acciones judiciales, aparece una consecuencia mucho más profunda: administrativamente sería cada vez más difícil que Casagua pueda iniciar y culminar la reconstrucción de la nueva tribuna antes de terminar su periodo, en diciembre de 2027.  –El estadio podría llegar al final de este gobierno como un lote despejado, pero todavía judicializado. Nos quedará el hueco por largo tiempo –predijo un experto en desarrollo urbano.

Corolario

Levantar una estructura de siete niveles y 15.435 metros cuadrados no es una operación de cuatro meses. Las estimaciones contemplan entre 14 y 18 meses de obra. El calendario, sencillamente, no alcanza. Aunque extendieron los plazos, el convenio vencería en junio de 2028 mucho antes de que la nueva tribuna pudiera estar terminada. La siguiente administración tendría que asumir entonces la tarea de tramitar prórrogas, ajustar cronogramas y buscar salidas contractuales en un escenario político completamente distinto.

Un estadio sin tribuna puede ser una obra en transición.

Un estadio sin licencia, sin cronograma viable y con los recursos atrapados en el conflicto jurídico puede convertirse en algo mucho más difícil de desmontar: un proyecto inconcluso convertido en monumento al tiempo perdido. ¿Otro elefante blanco?