El disidente de las Farc, Fabriciano Forastero Tunay, fue condenado por el secuestro de nueve mineros antioqueños en el municipio de La Plata (Huila). El joven, integrante del frente ‘Hernando González Acosta’, de alias ‘Iván Mordisco’, deberá pagar 34 años de prisión luego de aceptar su responsabilidad en el plagio en el mes de octubre de 2025. La Familia de los mineros alcanzó a pagar más de mil millones de pesos al grupo delincuencial antes de que fueran rescatados por el Gaula de la Policía en el Huila. “Es evidente que trasgrede los bienes jurídicos protegidos de la libertad individual y personas protegidas por el derecho internacional humanitario”, dijo en la sentencia Luis Alberto Chacón Díaz, juez especializado de Neiva.
Rafael Rodríguez C.
rafael.rodriguez@lanacion.com.co
El ‘carcelero’ de las disidencias de alias ‘Iván Mordisco’, que durante más de un mes ‘torturó psicológica’ con amenazas de muerte a nueve mineros antioqueños secuestrados en zona rural del municipio de La Plata, fue condenado.
Se trata del joven Fabriciano Forastero Tunay, quien era miembro del frente ‘Hernando González Acosta’, del bloque central comandante ‘Isaías Pardo’, del Estado Mayor Central de las Farc, liderado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’.
El joven disidente, de 20 años de edad, decidió aceptar cargos en la audiencia preparatoria del juicio oral que enfrentaría ante el juez Primero Penal Especializado de Neiva con Función de Conocimiento, Luis Alberto Chacón Díaz.
“Sin lugar a dudas se desvirtúa el principio de presunción de inocencia del aquí procesado, adquiriéndose conocimiento no solo acerca de la existencia de las conductas punibles acusadas y aceptadas sino también de su responsabilidad penal en estas…”, dijo el togado en la sentencia condenatoria.
Mineros ‘engañados’
El fiscal especializado en la audiencia de acusación contra Forastero Tunay, recordó que el bloque disidente hace presencia en el Huila desde el mes de abril de 2024 por orden de Iván Jacobo Idrovo, alias ‘Marlon Vásquez’, muerto en una operación militar en la vereda San Isidro, zona rural de Buenaventura (Valle del Cauca), el pasado 20 de junio de 2026.
El bloque disidente hace presencia en el Huila con el frente ‘Hernando González Acosta’, que además de perpetrar atentados, homicidios y extorsiones, es el responsable del secuestro de los nueve mineros antioqueños, ocurrido el 14 de octubre de 2025.
El fiscal recordó que el plagio de Walter Antonio Rodríguez García, Franklin Giovany Rodríguez Ruíz, Norvey Emilio García Cardeño, Edwin De Jesús Chavarría Sepulveda, Jhon Jairo Muñoz Valdés, Hernando de Jesús Muñoz Valdés, Jesús Olimpo Vásquez Zapata, Jhon Mario Meneses Castrillón y Antonio José Bedolla Tabares, ocurrió cuando se desplazaron desde la ciudad de Neiva hacia el municipio de La Plata, atendiendo una invitación realizada por un sujeto para visitar una supuesta mina de oro ubicada en el centro poblado San Miguel.
Durante el desplazamiento y antes de llegar al lugar acordado, las víctimas fueron interceptadas por cuatro sujetos portando armas de fuego largas y cortas, quienes se identifican como miembros del frente ‘Hernando González Acosta’, y, proceden a reducirlas, amarrarlas y vendarle los ojos. Acto seguido, los sujetos armados trasladaron a las víctimas hasta una vivienda ubicada en el centro poblado San Miguel, donde las mantuvieron privadas de la libertad contra su voluntad.
“Nosotros estábamos en busca de unas vetas de oro que nos habían anunciado, llegamos hasta ese lugar de San Miguel y realmente fuimos engañados por personas de este frente armado de las Farc”, dijo el minero Walter Rodríguez, rescatado junto a sus compañeros 28 de noviembre de 2025 por el Gaula de la Policía en el Huila.
El fiscal manifestó que durante el tiempo de cautiverio, los secuestrados exigieron la suma de cinco mil millones de pesos como condición para su liberación, posteriormente, la exigencia económica fue reducida a tres mil seiscientos millones de pesos, bajo amenazas reiteradas de causarle la muerte y disponer de sus cuerpos en un río en caso de no acceder a lo exigido.
“Apuntarle con el arma a un ser humano eso ya es una cosa demasiada profunda y avanzada para la mente y el corazón del ser humano. Desde el segundo día comenzaron a decirnos que nosotros no íbamos a morir, que de allá no saldríamos vivos, si no aportábamos a la organización cinco mil millones de pesos”, manifestó en medio de lágrimas Olimpo Vázquez otro de los mineros.
Los disidentes con el fin de presionar el pago del dinero, obligaron a las víctimas a grabar videos dirigidos a sus familiares, en los cuales solicitaban cumplir con las exigencias económicas. “Los cogían (a los secuestrados), los sentaban, le hacían unas grabaciones, les ponían sus armas de fuego en su cabeza, los amenazaban, les decían que si llegaban a denunciar iban amatarlos”, dijo el mayor Óscar Rojas Varela, el entonces comandante del Gaula.
La presión de los disidentes llevó a las familias de los mineros a entregarles aproximadamente mil ochocientos millones de pesos a los captores.
Rescatados sin un solo disparo
El 28 de noviembre de 2025, en desarrollo de un operativo conjunto adelantado por el Gaula de la Policía en el Huila y el Ejército, realizado en una residencia del centro poblado, se logró el rescate de los nueve mineros.
“Quiero dar las gracias a Dios, a Jesucristo primeramente y también a las fuerzas, a todos los que participaron en este gran evento. Fue un evento sin precedentes. Fue algo muy bien destacado, muy bien coordinado, muy bien pensado”, relató en medio de llanto uno de los recién rescatados.
Recordó que estaban durmiendo amarrados con cadenas en una pequeña habitación. “Éramos nueve en una piececita de 1,80 metros por 3 metros. Cuando nos acostábamos a dormir era de lado, habíamos siete acostados y dos se tenían que quedar parados, pero bueno, gracias a Dios resistimos, resistimos”.
En el procedimiento fueron capturados Ricardo Alfonso Guainas Guachetá, quien se fugó días después del centro de retención en Neiva, y Fabriciano Forastero Tunay, quienes se encontraban encargados de la custodia y vigilancia de los secuestrados.
El fiscal señaló que también fue rescatado un menor, de 17 años de edad, quien había sido reclutado por el frente disidente. “Fue puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF, para el correspondiente restablecimiento de derechos”.
Durante el operativo los uniformados incautaron a los dos disidentes dos 2 pistolas calibre 9 mm, 19 cartuchos calibre 9 mm, 53 cartuchos calibre 5.56 mm, 317 cartuchos calibre 762 mm y un artefacto explosivo improvisado. “Elementos en buen estado de conservación y aptos para realizar el fenómeno del disparo…”, señaló el fiscal.
34 años de condena
En la audiencia de formulación de acusación fue adelantada el pasado cuatro de mayo de 2026 y el 19 de junio cuando se iba a desarrollar la audiencia preparatoria para el juicio oral, el disidente Forastero Tunay aceptó los cargos que le endilgó el fiscal.
El juez Chacón Díaz luego de verificar que la aceptación de cargos fuera de forma libre, consciente, voluntaria y que el procesado estuviera asesorado por su abogada defensora, aprueba la decisión Forastero Tunay.
Sostuvo el togado que con los las pruebas aportadas se encuentra demostrada la existencia de los hechos y los delitos y “con la aceptación de cargos realizada por el procesado son idóneos para concluir que la Fiscalía logra desvirtuar la presunción de inocencia de Fabriciano Forastero Tunay…”.
Indicó el operador judicial que es evidente que Fabriciano Forastero Tunay, trasgredió “los bienes jurídicos protegidos de la seguridad pública, la libertad individual y personas protegidas por el derecho internacional humanitario”.
El juez terminó condenado a Fabriciano Forastero Tunay penalmente a la pena de 416,3 meses de prisión (34 años y 8 meses) y multa de 8.652 salarios mínimos legales mensuales vigentes ($15.148.830.060) al hallarlo responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos agravado y reclutamiento ilícito.
La millonaria multa debe cancelar a nombre del Ministerio de Justicia.
Comentarios