Primicia. El Consejo de Estado cerró ahora sí — definitivamente — la última puerta procesal que mantenía en suspenso la salida de Luis Humberto Alvarado Guzmán. La “muerte política” ya no es un eslogan. Es una sentencia y quedó en firme. La estrategia dilatoria, fue el arte de ganar tiempo para perderlo todo.

RICARDO AREIZA 

investigacioneshuila@gmail.com

El alcalde de Rivera ya no tiene escapatoria. Luis Humberto Alvarado Guzmán cargará para siempre la condena de muerte política, una inhabilidad vitalicia que lo sacará del despacho, ahora sí, definitivamente. 

Tampoco podrá volver a aspirar a cargos de elección popular.

En términos prácticos, el despacho municipal deja de ser suyo: no podrá seguir firmando cheques, ordenando gasto público, ejerciendo autoridad, haciendo campaña política ni gobernando como si nada hubiera ocurrido.

La estrategia dilatoria que durante diez meses lideró su apoderado, Hollman Ibarra, llegó al límite. El expediente cruzó la última frontera. El Consejo de Estado acaba de poner punto final al mandato de Alvarado Guzmán como alcalde de Rivera. No quedan recursos. No quedan más trucos de astucia jurídica. 

El primero de septiembre de 2026, la Sección Segunda firmó el auto definitivo. Con la firma de su presidente, Luis Eduardo Mesa Nieves, y otros cinco magistrados, el alto tribunal rechazó de plano la nueva recusación. La consideró extemporánea y sin sustento jurídico.

Pero detrás de ese auto había una historia mucho más larga. La sentencia que decretó la pérdida de investidura —y, por consecuencia, su “muerte política” e inhabilidad vitalicia— había sido proferida por la Sección Primera el 27 de noviembre de 2025. El fallo estaba dictado. La suerte jurídica del mandatario parecía definida. Solo faltaba que quedara en firme.

Y ahí comenzó la batalla.​

La ‘jugadita’

La ejecutoria —el momento en que una sentencia adquiere firmeza y se vuelve obligatoria— quedó suspendida por una cadena de movimientos procesales. El primero fue una pérdida provisional de competencia. Después llegó la recusación.

La defensa —experta en dilaciones— activó una sucesión de incidentes y, en una maniobra de última hora, recusó masivamente a los magistrados que habían proferido la condena. El expediente terminó fuera de la sección que había tomado la decisión y pasó a otra sala del Consejo de Estado.

La sentencia seguía ahí, intacta. Pero su ejecución permanecía en suspenso. El tiempo empezó a convertirse en parte de la estrategia.

La última jugada llegó el 8 de mayo de 2026: una nueva recusación intentó mantener abierta la puerta procesal. La apuesta era clara: impedir que la sentencia alcanzara definitivamente su firmeza.

La respuesta llegó el martes pasado. La Sección Segunda le cerró esa puerta de un solo golpe. Contundente. 

El argumento fue implacable: la acción de tutela no constituye un “pleito pendiente”, ni un litigio ordinario capaz de manchar la imparcialidad de los magistrados. La última maniobra de Alvarado, diseñada únicamente para “sacarle el quite” a la firmeza de la sentencia, carecía de sustento técnico-legal, según su ponente Luis Eduardo Mesa Nieves. La decisión fue respaldada por los otros cinco magistrados: Elizabeth Becerra Cornejo, Jorge Edison Portocarrero Banguera, Jorge Iván Duque Gutiérrez, Juan Camilo Morales Trujillo y Juan Enrique Bedoya Escobar. 

Derrota jurídica

Al rechazar de plano la recusación, el alto tribunal convalidó la posición de la Sección Primera: una acción de tutela no constituye un “pleito pendiente” ni un litigio ordinario que permita cuestionar la imparcialidad de los magistrados. La maniobra había llegado demasiado tarde.

La Sección Segunda cerró el espiral procesal que había mantenido congelada la ejecutoria y dejó sin sustento la última resistencia jurídica del alcalde. El ajedrez terminó. La sentencia quedó a las puertas de su cumplimiento definitivo.

Para Alvarado Guzmán, el desenlace es demoledor: derrota jurídica absoluta y salida definitiva del cargo. Para su coalición, en cambio, el mismo fallo abre un nuevo tablero político.

Esta vez, sin otra recusación a la vista. Esta vez, sin otra puerta abierta, la salida de Alvarado no tiene reversa. 

Efectos inmediatos

Con esta decisión se levanta, de facto, el bloqueo que mantenía suspendida la ejecutoria de la sentencia del 27 de noviembre de 2025. El rechazo de plano de la recusación produce un doble efecto jurídico de alcance inmediato.

Primero, confirma que los magistrados de la Sección Primera — Germán Eduardo Osorio, Pablo Andrés Córdoba, Carlos Fernando Mantilla y Nubia Margoth Peña — eran y son los jueces naturales y competentes para actuar en el proceso. La tesis del ‘pleito pendiente’ derivado de la acción de tutela se desvanece como humo.

Segundo, la Sección Segunda pierde competencia. El proceso regresa físicamente a su despacho de origen. El conflicto se resuelve. La ejecutoria final se activa. Y la salida de Alvarado tiene los días contados. 

Jurídicamente, Alvarado Guzmán debe abandonar el cargo de inmediato. Una inhabilidad sobreviniente y absoluta lo expulsa. Muerte política vitalicia. Sin retorno.

La puerta que durante meses había permanecido abierta a nuevas maniobrasprocesales queda, así, cerrada definitivamente. 

En firme

Resuelto el conflicto de competencia y definido el incidente de recusación, el expediente debe retornar a la Sección Primera para completar la ejecutoria de la sentencia y activar las actuaciones ordenadas en el fallo. Entre ellas está la remisión de la comunicación oficial a la Gobernación del Huila, para que se declare la vacancia absoluta y se determine el nombramiento de quien habrá de reemplazar al alcalde.

Es el último tramo del proceso. Y, esta vez, ya no queda pendiente otra recusación que pueda volver a detenerlo.

La prueba reina

Alvarado Guzmán había salido airoso de otras tres demandas que pretendían anular su elección como alcalde. Esta vez, sin embargo, el desenlace fue otro. La “muerte política”

La pérdida de investidura no admite retroceso. Una vez ejecutoriada, sus efectos alcanzan cualquier cargo público y hacen incompatible la permanencia del sancionado en el ejercicio de funciones públicas, incluido el mandato que actualmente desempeña.

La inhabilidad nació de un episodio anterior, cuando Alvarado Guzmán era concejal de Rivera para el período 2020-2023. Pero sus efectos terminaron alcanzando de lleno su actual mandato como alcalde, elegido para el período 2024-2027.

El Consejo de Estado fue contundente al establecer el hecho que terminó inclinando la balanza: quedó plenamente demostrado que su madre, Nidia Guzmán Durán, ejerció autoridad administrativa como rectora de la Universidad Surcolombiana durante los doce meses anteriores a la elección de Alvarado como concejal.

La prueba decisiva apareció en medio de una cadena más amplia de contratos y convenios suscritos por la universidad, algunos de ellos relacionados con actividades que podían favorecer las aspiraciones políticas del entonces candidato.

Pero hubo uno que terminó siendo determinante.

Los magistrados establecieron que el contrato de prestación de servicios (FCSH-050-B2018), suscrito por la Universidad Surcolombiana para proveer servicios de psicología específicamente en el municipio de Rivera, materializó el ejercicio de autoridad administrativa que configuró la causal de inhabilidad.

El Consejo de Estado concluyó que el entonces candidato al Concejo actuó con culpa grave. Le asistía, según los magistrados, un deber mínimo de diligencia: verificar si el cargo que ocupaba su madre podía generar una prohibición para su aspiración política. No acreditó haberlo hecho.

Y esa omisión, que pudo parecer entonces un detalle en medio de una campaña, terminó convirtiéndose en la pieza que faltaba para completar el rompecabezas jurídico. La consecuencia llegó después: pérdida de investidura, «muerte política» e inhabilidad vitalicia.

Lo que estaba en juego ya no era aquella elección de 2020. Era el mandato queAlvarado Guzmán todavía ejerce.

Y ahora, con la sentencia en firme, también ese cargo quedó alcanzado por sus efectos.

Lo que sigue

El alcalde tiene los días contados. Una vez el expediente regrese a la Sección Primera, corresponderá a su Secretaría realizar las actuaciones necesarias para dejar constancia de la ejecutoria de la sentencia del 27 de noviembre de 2025. Será la certificación formal de que el proceso ordinario quedó concluido y de que la decisión adquirió firmeza.

Después vendrá el siguiente movimiento: en cumplimiento de lo ordenado en el fallo, el expediente deberá ser remitido al Tribunal Administrativo del Huila, juez de primera instancia, para que adelante las actuaciones de rigor.

Solo entonces la decisión saldrá definitivamente de los despachos judiciales y llegará al terreno político.

El Tribunal deberá comunicar oficialmente la pérdida de investidura en firme a las autoridades competentes, entre ellas la Gobernación del Huila y la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Para el gobernador Rodrigo Villalba, ese oficio marcará el momento en que la condena judicial deja de ser una amenaza suspendida y se convierte en una decisión que debe producir sus efectos institucionales.

Efecto demoledor

La defensa ganó nueve meses con su estrategia dilatoria, pero perdió el juicio, el cargo, la carrera política y la credibilidad. El auto de la Sección Segunda no solo rechazó la recusación: ejecutorió la sentencia, confirmó la inhabilidad vitalicia, ordenó la vacancia inmediata y dejó a Alvarado Guzmán sin un solo recurso que interponer. La estrategia dilatoria —como lo advertimos oportunamente— fue el arte de ganar tiempo para perderlo todo.

El último blindaje procesal ha desaparecido. 

Con la sentencia ejecutoriada, deberá activarse el procedimiento correspondiente para declarar la vacancia absoluta de la Alcaldía de Rivera por la inhabilidad sobreviniente y adoptar las medidas necesarias para separar al mandatario del ejercicio del cargo.

Mientras se surte el procedimiento para definir al reemplazo, la Gobernación deberá garantizar la continuidad administrativa del Municipio mediante el mecanismo de encargo que corresponda. Después vendrá la terna.

La organización política o coalición que avaló la candidatura de Alvarado Guzmán deberá postular los nombres que cumplan los requisitos legales para ocupar la Alcaldía. Esa lista será remitida a la Gobernación del Huila, que deberá proceder conforme al régimen aplicable para la designación del reemplazo.

El elegido completará el período institucional, que termina el 31 de diciembre de 2027.

Así se cierra una historia que comenzó con una inhabilidad originada en una elección anterior y terminó alcanzando el despacho que Alvarado Guzmán todavía ocupa, aunque jurídicamente, la silla ya está vacía.

Corolario

Primero fue la sentencia. Después, las recusaciones. Luego, la espera. Ahora queda la ejecución. Pero esa decisión ya no se resolverá en los tribunales. Al cerrarse el debate sobre la imparcialidad de los magistrados, el efecto inmediato es la firmeza de la decisión y la devolución del expediente a la Sección Primera para que asiente la ejecutoria definitiva de la sentencia de desinvestidura.

Según expertos, no existen recursos ordinarios (como la apelación o la reposición) contra el auto del primero de septiembre de 2026 que rechazó de plano la recusación. —Esta decisión es definitiva e inatacable—reiteraron voceros judiciales y expertos. 

—De persistir, entraría directamente en el terreno de la temeridad procesal. Intentarlo, para frenar el auto que resolvió esa recusación instrumental sería interpretado por los jueces como un eslabón más de una cadena de mala fe procesal, lo que podría acarrear sanciones económicas y disciplinarias para el abogado y el accionante por abusar de la administración de justicia.

El reloj de la iglesia el Perpetuo Socorro deRivera ya marcó la hora. Alvarado Guzmán escuchará el golpe de la puerta al cerrarse detrás de él. La muerte política no perdona. No hay apelación. No hay vuelta atrás. Solo el silencio del despacho vacío y la certeza de que el poder, como la arena, se escurre entre los dedos cuando se ha construido sobre una falla.

La muerte política ya no es un eslogan. Esuna sentencia. Y esta, señores y señoras, ya está ejecutoriada. Alvarado todavía ocupa la silla. Pero jurídicamente, la silla ya está vacía.