La sede política de la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien es candidata al Senado para 2026, fue objeto de un acto vandálico en la noche del martes 3 de marzo de 2026, en la localidad de Chapinero, en el nororiente de Bogotá.
Este incidente ocurrió a pocos días de las cruciales elecciones legislativas programadas para el 8 de marzo, generando un ambiente de tensión en la capital.
El ataque se registró entre las 9:30 p.m. y las 9:40 p.m. en un inmueble ubicado en la calle 53 con carrera Séptima, donde funciona la sede de campaña.
Según las versiones conocidas, entre dos y cuatro personas encapuchadas llegaron al lugar y lanzaron pintura negra contra la fachada, las pancartas y la valla instalada en el exterior.
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Tras perpetrar el acto, los responsables habrían huido rápidamente hacia la avenida Caracas, dejando tras de sí un rastro de destrucción.
Las imágenes difundidas posteriormente evidencian afiches cubiertos de pintura y varias áreas del inmueble manchadas de negro, reflejando la magnitud del ataque.
La propia Miranda divulgó un video en redes sociales donde se observan los daños, haciendo pública la agresión y buscando la atención de la opinión pública.
Este hecho ha puesto en alerta a la clase política y a los ciudadanos sobre la seguridad en el contexto electoral.
La Contundente Reacción de Katherine Miranda: «La Democracia se Defiende con Argumentos»
Miranda se pronunció públicamente y rechazó el ataque con firmeza, calificándolo como un atentado contra la libertad de expresión y la política democrática.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, sentenció: «Vandalizaron mi sede de campaña», expresando su indignación y preocupación.
Añadió que «así es como algunos creen que se hace política en este país: con intimidación y amenazas. La democracia se defiende con argumentos, no con violencia», marcando una postura clara frente a la agresión y exigiendo respeto.
Horas después, en declaraciones a los medios, la congresista exigió garantías de seguridad para ella y su equipo.
«Que se garantice nuestra seguridad. Que pensar diferente no puede ponerle a uno un INRI en la cabeza», afirmó, subrayando la gravedad del clima político actual.
En este mismo contexto, atribuyó el episodio a un ambiente de estigmatización creciente y a ataques constantes.
Señaló directamente al «Gobierno Nacional… lleva tres años y medio señalándome, intimidándome», sugiriendo un deterioro en el respeto por la disidencia política y una campaña de desprestigio.
Autoridades en Acción: Investigación en Marcha Tras el Vandalismo
Tras la inmediata denuncia, las autoridades han puesto en marcha una exhaustiva investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.
Están revisando las cámaras de seguridad del sector y recopilando testimonios de residentes y posibles testigos, esperando encontrar pistas cruciales.
El objetivo primordial es identificar a los autores materiales e intelectuales de este acto vandálico y llevarlos ante la justicia.
También se ha reportado el despliegue de uniformados en la zona para apoyar activamente en la búsqueda de los implicados y reforzar la seguridad.
Hasta el momento, no se han reportado detenciones relacionadas con el caso, lo que mantiene la incertidumbre sobre quiénes están detrás del ataque.
Afortunadamente, los daños materiales se limitan a las afectaciones por pintura en la fachada y en los avisos de campaña, sin mayores destrozos estructurales.
Un Ataque en Pleno Clímax Electoral: A Días de la Decisión Clave del 8 de Marzo
Este preocupante incidente ocurre a tan solo cinco días de las elecciones del 8 de marzo de 2026, lo que añade una capa de gravedad al suceso.
En esta fecha crucial, los colombianos acudirán a las urnas para elegir a los integrantes del Senado y la Cámara de Representantes para el período 2026–2030.
Además, se llevarán a cabo consultas interpartidistas, añadiendo una capa de complejidad al panorama político y a la contienda electoral.
Miranda participa como candidata en una lista al Senado, representando una coalición integrada por Alianza Verde, En Marcha y ASI, lo que eleva su perfil público.
El «Cartel del Cáncer»: ¿Una Posible Venganza por Denuncias Explosivas?
El ataque a la sede de Miranda se produce en medio de un intenso debate público que ella misma impulsó en el sector salud, generando gran controversia.
La congresista denunció lo que ha calificado como un posible «cartel del cáncer», destapando un presunto esquema de concentración de exámenes.
Estos exámenes, de alto costo para diagnóstico y seguimiento oncológico, estarían siendo desviados hacia la Clínica Internacional de Alta Tecnología (Clinaltec) en Ibagué.
Esta situación ha generado serias interrogantes sobre la transparencia y la ética en la prestación de servicios de salud de alta complejidad.
Entre los datos más impactantes expuestos por Miranda, se reveló que en 2023 la clínica recibió 176 pacientes remitidos de otros departamentos, una cifra considerable.
La cifra escaló a 723 en 2024 y se disparó a 1.846 en 2025, mostrando un crecimiento exponencial que ha levantado sospechas.
Esto, según sus cálculos, representa un asombroso «incremento del 946% frente a 2023», una estadística que exige una explicación urgente y detallada.
Además, entre 2023 y enero de 2026, se habrían remitido 3.374 exámenes PET-CT, con un desembolso superior a los 17.600 millones de pesos, una suma astronómica.
Miranda también ha cuestionado que, en muchos casos, las remisiones se habrían efectuado desde regiones donde ya existían servicios disponibles en otras ciudades.
Esto implicaría que parte de los pacientes habrían tenido que asumir costosos desplazamientos innecesarios, afectando su economía y su salud.
La Reacción de Clinaltec: Denuncia Penal y Defensa Apasionada
En respuesta a las graves acusaciones, Clinaltec emitió un contundente pronunciamiento, negando rotundamente las imputaciones de la congresista.
La clínica calificó las declaraciones de Miranda como «irresponsables, injuriosas y calumniosas», defendiendo su reputación y su modelo de negocio.
La institución sostuvo que el aumento de pacientes obedece a una expansión legítima y una mayor cobertura de sus servicios, desmintiendo cualquier irregularidad.
Rechazó categóricamente cualquier vínculo con un supuesto «cartel», desmintiendo las insinuaciones de la congresista y defendiendo su honorabilidad.
La controversia ha escalado al plano judicial, confirmándose que la clínica ha presentado una denuncia penal formal contra la congresista.
Este paso marca un nuevo capítulo en la confrontación, llevando el debate desde la arena pública a los estrados judiciales, donde se espera una resolución.
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La Hermosa Stereo: Más cerca de la verdad.
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