Una tragedia que ha sacudido a Colombia y expuesto las profundas fallas de su sistema de salud: Kevin Arley, un niño de solo seis años con hemofilia, ha fallecido tras dos meses sin recibir la medicación vital que necesitaba. Su muerte ha desatado una ola de indignación y fuertes acusaciones contra el Gobierno.La senadora María Fernanda Cabal no dudó en calificar al Gobierno colombiano como «criminal», señalando directamente al presidente Gustavo Petro y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Según Cabal, ambos son responsables de la desprotección de miles de pacientes, una denuncia que resonó en sus redes sociales.
«¡Gobierno criminal! Era un niño de solo 6 años rogando por un medicamento que nunca llegó», clamó la senadora. «¿Cuándo van a responder por todos los pacientes que no recibieron su medicamento o tratamiento?», interpeló directamente al ministro Jaramillo, acusando a Petro de negligencia ante la creciente crisis sanitaria.
El desgarrador caso de Kevin, originario de Pitalito, Huila, es un testimonio de las demoras y la burocracia que pueden costar vidas. Su madre relató que la última vez que recibió el medicamento fue el 2 de diciembre. Desde entonces, las súplicas por una remisión y el suministro esencial cayeron en oídos sordos.La Nueva EPS, la entidad encargada, respondió con la frialdad de los trámites: debían esperar la firma de un nuevo contrato, sin ofrecer una solución alternativa. Para un niño con hemofilia, la medicación continua no es una opción, es una necesidad tan básica como el oxígeno, según los especialistas.
El estado de Kevin se precipitó tras una inocente caída de bicicleta. La familia acudió desesperada a un centro de salud en Palestina, Huila, donde la madre advirtió sobre la enfermedad y la ausencia de fármacos. Sin embargo, la atención vital no llegó a tiempo.El pequeño sufrió hemorragias internas intensas y síntomas alarmantes. Fue trasladado de urgencia a Bogotá, pero ya en estado crítico, donde finalmente se apagó su vida. La madre, con el corazón roto, responsabilizó públicamente a la EPS por su inacción ante la emergencia.
Noticias RCN, que siguió de cerca este caso, reveló que la Nueva EPS está bajo intervención administrativa debido a graves irregularidades. Esta situación se traduce en un sinfín de denuncias por demoras en la entrega de medicinas y trámites, especialmente críticas para pacientes con enfermedades huérfanas.La interrupción del suministro de medicamentos fue consecuencia directa de la falta de un convenio entre la EPS y el proveedor. Kevin estuvo más de dos meses sin su tratamiento esencial, y su traslado a la capital, aunque heroico, no pudo revertir el fatal desenlace.Ante esta tragedia, Clemencia Mayorga, presidenta del Colegio Médico de Cundinamarca y Bogotá, hizo un llamado urgente. Solicitó a las autoridades que refuercen la protección de los derechos de la infancia, en medio de la caótica crisis sanitaria que vive el país.“Le pedimos al gobierno nacional, a la Defensoría del Pueblo, a todas las entidades de vigilancia y control que ejerzan su función de proteger especialmente los derechos de los niños y niñas en medio de esta crisis de la salud”, declaró Mayorga, haciendo eco del clamor ciudadano.El caso de Kevin no es aislado; se suma a la experiencia de miles de familias colombianas que luchan contra barreras para acceder a tratamientos continuos. Es un espejo de las consecuencias de la desarticulación administrativa y la ineficacia del sistema de salud, donde el temor a que estas tragedias se repitan es una sombra constante.
Famisanar Responde a las Acusaciones de Irregularidades Durante su Intervención: ¿Transparencia o Controversia?
Mientras la nación lamenta la muerte de Kevin, otra EPS, Famisanar, se defiende de serias acusaciones. El representante a la Cámara Andrés Forero denunció supuestas irregularidades en la contratación y remuneración de personal durante su intervención por la Superintendencia Nacional de Salud.
Famisanar emitió un comunicado el 9 de enero de 2026, defendiendo su gestión. «Actuamos con la UPC asignada», afirmó la EPS, enfatizando que todas sus decisiones financieras y administrativas se ajustan estrictamente a los lineamientos de la Unidad de Pago por Capitación.La polémica se intensificó cuando la información entregada por Famisanar a Forero no reflejó «de manera integral la formación académica ni el alcance real de algunas vinculaciones laborales cuestionadas». La EPS admitió que los reportes provenían de su sistema interno Kaktus.Aclararon que solo uno de los títulos académicos de la gerente financiera y administrativa, el de Técnico Auxiliar en Enfermería, apareció en esos reportes. La entidad detalló que la funcionaria posee una técnica en administración en salud, licenciatura en administración financiera, especialización en economía y gestión de la salud, y un MBA en proceso.Respecto a la contratación de un bachiller, Famisanar justificó la decisión como un «periodo temporal de empalme técnico», argumentando la experiencia sectorial del empleado y la necesidad de asegurar la continuidad en diciembre de 2025.La EPS aseguró que opera bajo criterios de austeridad y eficiencia, cumpliendo sus procedimientos internos y manuales, y respetando el monto de la UPC autorizada. Han fortalecido el saneamiento administrativo y financiero, mejorado el talento humano y priorizado una red de prestadores eficaz, siempre con un «enfoque humano del servicio».
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