La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia emitió una sentencia condenatoria contra el exrepresentante a la Cámara, Gustavo Londoño García, por el delito de corrupción de sufragante, en el marco de su campaña electoral para las elecciones al Congreso de 2018.

Si bien se le absolvió del cargo de tráfico de votos, la condena se fundamenta en la entrega masiva de títulos de bachillerato y cursos de capacitación, expedidos por el instituto Petroschool, a la población del Vichada como incentivo para obtener su voto.

La Corte determinó que Londoño García no solo consintió, sino que se benefició directamente de esta práctica ilegal. La estrategia, orquestada desde su sede de campaña en colaboración con el rector de Petroschool, instrumentalizó una necesidad social —el acceso a la educación— convirtiéndola en un mecanismo de manipulación clientelista que socavó la transparencia del proceso electoral.

Para la Sala, la manipulación del voto ciudadano mediante dádivas o beneficios representa una grave amenaza a la legitimidad democrática y a la transparencia electoral. El derecho al voto libre e informado es fundamental para el funcionamiento de un sistema democrático.

La sentencia impone a Londoño García una pena de 66 meses y un día de prisión, inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo periodo y una multa equivalente a 501 salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de los hechos.

Dada la imposibilidad de aplicar la suspensión condicional de la ejecución de la condena, se concedió la sustitución de la pena carcelaria por prisión domiciliaria, efectiva una vez la sentencia adquiera fuerza ejecutoria.

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