El contrato de aprendizaje del SENA vuelve a estar en el centro del debate nacional tras las nuevas propuestas contenidas en la reforma laboral impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro. El proyecto de ley, actualmente en discusión en el Congreso, plantea que este contrato especial —utilizado por miles de jóvenes en procesos de formación técnica y tecnológica— se convierta en un vínculo laboral formal, con todas las implicaciones que esto representa para empleadores y aprendices.

Actualmente, el contrato de aprendizaje del SENA no constituye una relación laboral. Los aprendices reciben un apoyo económico del 50% del salario mínimo durante su etapa lectiva y del 75% durante su etapa práctica, sin derecho a prestaciones sociales ni afiliación plena al sistema de seguridad social. No obstante, la propuesta del Gobierno busca transformar este modelo, otorgando un contrato laboral formal a los aprendices del SENA, con acceso a salario mínimo completo, afiliación a salud, pensión, caja de compensación y prestaciones legales.

Según el Ministerio de Trabajo, esta medida busca dignificar la experiencia de los jóvenes en formación y reducir la brecha entre el estudio y el empleo formal. La reforma laboral busca convertir el contrato de aprendizaje del SENA en un vínculo laboral formal, reconociendo los aportes reales que estos jóvenes hacen en las empresas donde realizan sus prácticas.

Sin embargo, esta propuesta ha generado resistencia en sectores empresariales y gremiales. Argumentan que la formalización del contrato de aprendizaje podría encarecer los costos laborales y desincentivar la contratación de aprendices. Para muchos empleadores, el actual modelo les permite cumplir con una obligación legal (de vincular aprendices según su número de trabajadores) sin asumir el costo de un contrato laboral pleno.

Gremios como Fenalco y la ANDI han manifestado su preocupación. Aseguran que el cambio en el contrato de aprendizaje del SENA afectaría negativamente el acceso de miles de jóvenes a oportunidades de formación en el sector privado, debido a que muchas empresas, especialmente las pequeñas y medianas, no podrían asumir los nuevos costos asociados.

Desde el Gobierno, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha defendido la propuesta, asegurando que no se trata de eliminar el modelo de aprendizaje, sino de fortalecerlo como un vínculo laboral que respete los derechos de los jóvenes trabajadores. Además, se plantea que la experiencia obtenida durante la etapa práctica sea reconocida como experiencia laboral oficial en las hojas de vida de los aprendices, un punto clave para mejorar su inserción en el mercado laboral formal.

El debate sobre el futuro del contrato de aprendizaje del SENA refleja las tensiones existentes entre la necesidad de garantizar derechos laborales y la realidad económica de las empresas. Mientras unos defienden la dignificación del trabajo juvenil, otros advierten sobre los posibles efectos adversos en la empleabilidad y la educación práctica.

Por ahora, la reforma laboral continúa su camino legislativo y el contrato de aprendizaje del SENA sigue siendo uno de los puntos más controversiales de la discusión.