La Sección Quinta del Consejo de Estado recibió una demanda de nulidad contra el Decreto 0892 de 2025. Este decreto, firmado por el presidente Gustavo Petro el 11 de agosto, aceptó la renuncia de Carlos Rosero y nombró a Juan Carlos Florián como ministro de la Igualdad, un mes después de defender públicamente a Rosero en un consejo de ministros televisado.
Previamente, Petro había reprochado a Rosero, líder afrocolombiano, por desvincular funcionarios que, según el presidente, habían demostrado su compromiso social durante su alcaldía en Bogotá. Rosero, exnegociador del Gobierno con el ELN, había ocupado el cargo desde el 27 de febrero.
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El presidente Petro admitió haber prometido el viceministerio a Juan Carlos Florián, quien se desempeñaba como viceministro de las Juventudes. La hoja de vida de Florián fue publicada por la Presidencia el 1 de agosto como aspirante al ministerio. Rosero presentó su renuncia el mismo día, haciéndola pública el 2 de agosto. La designación de Florián, mediante un acto administrativo ahora sujeto a litigio, se produjo poco más de una semana después.
La magistrada Gloria Gómez Montoya será la encargada de evaluar la demanda, presentada por la representante a la Cámara Catherine Juvinao (Alianza Verde). La demanda argumenta que el Gobierno incumplió la Ley 2424 de 2024, la cual establece que las mujeres deben ocupar al menos la mitad de los cargos de «máximo nivel decisorio» en la Rama Ejecutiva.
El propio presidente Petro firmó un decreto este año que regula el sector público, reforzando la obligación de que el 50% de los titulares de ministerios, departamentos administrativos, superintendencias y otras entidades estatales sean mujeres. El nombramiento de Florián, según la demanda, «no solo implica el desconocimiento de una obligación normativa, sino que afecta estructuralmente los derechos políticos de las mujeres, al privarlas de su derecho a participar en condiciones de equidad en los niveles decisorios del Estado».
La demanda, de trece páginas, afirma que la exclusión de mujeres en la conformación del gabinete ministerial no es una simple omisión, sino un patrón sistemático que vulnera el principio de igualdad sustantiva y obstruye el ejercicio pleno del derecho a la participación política. Este incumplimiento, según la demanda, no comenzó con Florián, sino con el nombramiento del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.
Existen tres acciones de nulidad contra el Decreto 647, que nombró a Montealegre, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Una de ellas llegó al Consejo de Estado en julio, pero este se declaró incompetente, remitiendo el caso al Tribunal. La demanda contra Florián podría tener un desenlace similar.
La demanda argumenta que, tras el nombramiento de Montealegre, el presidente Petro tenía la obligación legal de corregir el desequilibrio de género en el gabinete, pero en lugar de ello nombró a un hombre, perpetuando la desigualdad. La acumulación de omisiones normativas, la afectación de derechos fundamentales y la transgresión de principios constitucionales, según la demanda, demuestran que el acto administrativo que nombró a Florián vulnera gravemente el ordenamiento jurídico colombiano al profundizar la falta de paridad.
El Gobierno aún no ha respondido formalmente a la demanda. Sin embargo, las declaraciones públicas de Florián sobre su identidad de género plantean interrogantes. En el pódcast ‘A Pelo’, Florián explicó que se identifica en femenino y prefiere ser llamado «señorita ministra». La pregunta clave es si este argumento se convertirá en un elemento de la discusión jurídica. La justicia tendrá la última palabra.
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