El 13 de agosto de 2023, la Registraduría Nacional del Estado Civil emitió una resolución, previamente preparada, que ha generado un importante debate nacional. Este documento habilita la posibilidad de un referendo para revocar el Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno colombiano, entonces encabezado por Juan Manuel Santos, y las extintas FARC.

La resolución, autorizada por el registrador delegado en lo electoral, Jaime Hernando Suárez Bayona, permite la conformación de un comité liderado por el abogado Julián Alberto Rocha Aristizábal, del partido Salvación Nacional, con el objetivo de impulsar dicho referendo.

El presidente Gustavo Petro, en su consejo de ministros televisado del 19 de agosto, manifestó su firme oposición a esta iniciativa. El mandatario calificó la propuesta de «irresponsable», alertando sobre las graves consecuencias internacionales que implicaría un eventual rechazo al Acuerdo de Paz. Petro enfatizó que Colombia incumpliría su declaración unilateral ante las Naciones Unidas, exponiéndose a sanciones y posibles demandas ante tribunales internacionales, incluso a la expulsión de la ONU.

Para que el referendo se lleve a cabo, el comité promotor debe recolectar 2.05 millones de firmas, equivalentes al 5% del censo electoral. Si se alcanza este número, la Registraduría procederá a su validación. Posteriormente, se requerirá la participación del 25% del censo electoral (aproximadamente 10.28 millones de votantes) para que el resultado sea vinculante. De no lograrse este umbral de participación, el referendo no será obligatorio.

Rocha, en su solicitud a la Registraduría, expresa la intención de recuperar la «voz arrebatada» tras el plebiscito de 2016, donde el «No» a la paz prevaleció por un estrecho margen. Él argumenta que el Acuerdo de Paz no ha cumplido sus promesas, citando la persistencia de grupos armados disidentes, el reclutamiento de menores y la falta de una paz efectiva.

El Acuerdo de Paz cuenta con amplio respaldo internacional, monitoreado trimestralmente por una Misión de Verificación de las Naciones Unidas, la cual presenta informes al Consejo de Seguridad de la ONU. El mandato de esta misión se ha extendido hasta octubre de 2025.

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