El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha emitido una orden para la evacuación inmediata de la comunidad indígena Emberá asentada en la Unidad de Protección Inmediata (UPI) La Rioja, ubicada en Bogotá. Esta decisión surge tras una acción de tutela que evidenció la vulneración de derechos fundamentales como la vida, la salud y la vivienda digna de los miembros de esta comunidad.

Según el fallo, las autoridades distritales tienen un plazo de tres meses para identificar y adecuar un inmueble que cumpla con las condiciones necesarias para albergar temporalmente a la comunidad Emberá. Este nuevo espacio debe garantizar servicios públicos adecuados, acceso a saneamiento y condiciones de habitabilidad que respeten la dignidad humana.

La situación en la UPI La Rioja ha sido objeto de múltiples denuncias por parte de entidades como la Personería de Bogotá y la Defensoría del Pueblo. Se han reportado condiciones de hacinamiento extremo, presencia de vectores como ratas e insectos, conexiones eléctricas improvisadas y riesgo de explosión por cilindros de gas, lo que representa un peligro inminente para los habitantes del lugar .

Además, se han documentado casos de enfermedades respiratorias y gastrointestinales, especialmente en niños y adultos mayores, debido a la falta de agua potable y al mal manejo de residuos .

La Secretaría de Salud de Bogotá ha reiterado la necesidad de cerrar la UPI La Rioja, calificándola como un lugar no apto para la habitabilidad humana .

Ante esta situación, se ha ordenado la conformación de un Comité de Emergencia que coordine las acciones necesarias para garantizar la evacuación efectiva y la reubicación digna de la comunidad Emberá. Este comité estará integrado por diversas entidades distritales, incluyendo la Secretaría de Gobierno, el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, y el Instituto Distrital para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático.

La comunidad Emberá ha expresado en múltiples ocasiones su deseo de retornar a sus territorios de origen, siempre y cuando se les brinden las garantías necesarias para su seguridad y bienestar. Las autoridades distritales y nacionales tienen ahora la responsabilidad de cumplir con este mandato judicial y asegurar una solución definitiva y respetuosa de los derechos de esta población vulnerable.