¡Atención! Colombia implementa nueva ley para proteger a víctimas de fraude crediticio
Una importante actualización normativa ha entrado en vigor en Colombia, ofreciendo un respiro a miles de ciudadanos afectados por fraudes y suplantación de identidad en el ámbito crediticio. La Corte Constitucional ha avalado una medida que obliga a las centrales de información, como Datacrédito y TransUnion, a eliminar de forma expedita los reportes negativos cuando se demuestre que la persona fue víctima de un delito como la suplantación. Esta decisión marca un hito en la protección financiera de los colombianos.
Esta nueva directriz surge como una respuesta urgente al alarmante incremento de los delitos informáticos y las estafas digitales en el país. El objetivo principal es mitigar los severos impactos que estos crímenes tienen en la vida económica de los afectados, quienes a menudo quedan en una situación de vulnerabilidad crediticia sin haber incurrido en ninguna falta. La rapidez en la eliminación de estos registros busca restablecer la normalidad financiera de los ciudadanos inocentes.
LE PUEDE INTERESAR: Fueron dejados en libertad los 33 militares secuestrados en el Guaviare
El impacto de los fraudes en el sistema financiero
Las centrales de información crediticia desempeñan un papel crucial en Colombia, al administrar el historial de pagos de millones de personas. Un reporte negativo no solo deteriora la puntuación crediticia, sino que también limita drásticamente el acceso a productos bancarios, la aprobación de créditos y la capacidad de firmar contratos con diversas empresas. Históricamente, los casos de errores o suplantaciones han representado un desafío complejo y doloroso para quienes intentan limpiar su buen nombre financiero.
Procedimiento para la corrección: ¿Qué deben hacer las víctimas?
La nueva normativa establece un procedimiento claro para las víctimas de suplantación. El primer paso es fundamental: presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General de la Nación, documentando que la obligación crediticia en cuestión no fue contraída por el afectado. Simultáneamente, es crucial informar a la entidad financiera involucrada, adjuntando la denuncia y cualquier otro soporte que demuestre la falsedad personal.
Una vez recibida esta notificación, la entidad financiera dispone de un plazo de diez días hábiles para revisar la información. Si se confirma la situación de fraude, la institución deberá enviar de inmediato la solicitud a las centrales de riesgo para que eliminen el registro negativo del historial crediticio del ciudadano. Esta celeridad busca evitar demoras innecesarias que agraven la situación de la víctima.
La «anotación especial»: Un escudo protector
Una de las características más innovadoras de esta medida es la creación de una «anotación especial». En lugar de simplemente borrar el registro, el historial crediticio de la víctima reflejará la frase «Víctima de Falsedad Personal». Es vital destacar que esta anotación no afectará el puntaje crediticio de la persona ni podrá ser interpretada como un indicio de incumplimiento. Su propósito es funcionar como un escudo, protegiendo la reputación financiera y garantizando que las decisiones crediticias futuras no se vean empañadas por un fraude ajeno. Además, sirve como información relevante para las entidades que consultan estos historiales.
Suspensión de cobros y restitución integral
La norma va más allá de la eliminación del reporte. También exige a las entidades financieras suspender cualquier proceso de cobro asociado a la deuda bajo investigación por suplantación. Esto significa que las víctimas no recibirán presiones ni comunicaciones relacionadas con una obligación que nunca contrajeron. Adicionalmente, los bancos tienen la obligación de restablecer completamente la integridad del historial crediticio del usuario, realizando los ajustes necesarios para borrar cualquier impacto derivado del reporte fraudulento. El objetivo es restituir por completo el buen nombre crediticio y asegurar la estabilidad económica del afectado.
Un frente unido contra el cibercrimen
Esta iniciativa, impulsada conjuntamente por el Gobierno y el Congreso, forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer las defensas contra los delitos informáticos, cuya incidencia ha crecido exponencialmente en el país. La legislación validada establece un estándar de cooperación obligatoria entre instituciones financieras, autoridades judiciales y centrales de riesgo. Esta sinergia es fundamental para corregir rápidamente los registros asociados a fraudes y construir un entorno más seguro y confiable para todos los usuarios del sistema financiero colombiano.
LEA MÁS: Factor de Cambio presenta un clamor de reconciliación en su nuevo sencillo Estoy aquí
La Hermosa Stereo: Más cerca de la verdad.
Comentarios