El gobierno de Nicaragua ha tomado la decisión de clausurar otras 1.500 organizaciones sin fines de lucro, afectando en particular a numerosos grupos religiosos evangélicos. La administración acusa a estas entidades de no cumplir con las normativas de transparencia financiera, aunque críticos del gobierno consideran que esta medida es parte de una ofensiva sistemática contra las organizaciones no alineadas con el régimen.

Esta acción se enmarca dentro de la estrategia más amplia del presidente Daniel Ortega para consolidar su poder en el país. Se reporta que la vicepresidenta Rosario Murillo y la ministra del Interior, María Amelia Coronel, están directamente involucradas en esta represión. Además del cierre, el gobierno ha comenzado a confiscar los bienes de las organizaciones afectadas, con la Procuraduría General de la República encargada de transferir estos activos al Estado.

El gobierno nicaragüense ha intensificado su persecución contra líderes cristianos críticos de las violaciones a los derechos humanos en el país. Según informaciones de Vatican News, aunque algunos grupos católicos han sufrido ataques, la mayoría de los ministerios clausurados pertenecen a comunidades evangélicas. Desde 2018, más de 5.200 ONG han sido eliminadas en Nicaragua.

A partir de ahora, las pocas ONG que aún permanezcan operativas deberán colaborar estrechamente con las instituciones estatales. Además, como reporta CBN News, se ha intensificado la persecución contra pastores cristianos. Al menos 11 líderes evangélicos han sido encarcelados tras realizar eventos de evangelización en colaboración con el ministerio estadounidense Mountain Gateway. Estos líderes fueron condenados en lo que se describe como un «juicio simulado», recibiendo penas de entre 12 y 15 años de prisión, además de multas por 80 millones de dólares.

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