Ricardo Bonilla González, exministro de Hacienda, permanece bajo privación de libertad. Esto ocurre mientras avanza el complejo proceso penal que enfrenta por su supuesta implicación en el escándalo de corrupción que sacude a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).El Tribunal Superior de Bogotá ha negado el habeas corpus solicitado por la nueva defensa de Bonilla. La medida se mantuvo firme, argumentando que aún no se ha resuelto la apelación presentada contra la decisión inicial. Por razones de seguridad, Bonilla se encuentra recluido en el Centro de Estudios Superiores de la Policía (Cespo), en el noroccidente de Bogotá.
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La defensa del exfuncionario alegó una vulneración directa a los derechos procesales. Destacan las demoras en la respuesta a la apelación, especialmente preocupantes para alguien que recientemente cumplió 76 años. Enfatizan que, desde su privación de libertad, no se les ha notificado el acta de reparto ni el fallo de la alzada.
La magistrada Alexandra Rosero consideró la extrema gravedad de los hechos. Por ello, rechazó la solicitud de detención domiciliaria y decidió mantener la medida carcelaria. Se espera que en los próximos días se establezca la fecha crucial para la audiencia donde se resolverá el recurso de apelación.
Tras esta negativa, el exministro será presentado ante la Corte Suprema de Justicia. Allí deberá responder por graves delitos: interés indebido en contratos, concierto para delinquir agravado y cohecho. El expediente de la Fiscalía revela que en 2023, Bonilla, como ministro de Hacienda, ya tenía información sobre la manipulación de contratos en la UNGRD y el Invías.
Los Roles Clave de Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco en la Trama de Corrupción
La fiscal del caso ha indicado que Ricardo Bonilla habría solicitado al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, tramitar contratos específicos. Estos contratos estaban vinculados a varios congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. El objetivo era, según la acusación, favorecer a estos congresistas y asegurar la votación de proyectos de interés para el Gobierno nacional.Entre mayo de 2023 y mediados de 2024, el ente acusador sostiene que Bonilla González y Luis Fernando Velasco orquestaron concertaciones. Estas implicaron a otros actores, conocidos y desconocidos, con el fin de cometer delitos contra la administración pública. Su meta era asegurar mayorías parlamentarias para la aprobación de leyes y créditos de la Nación.
La Fiscalía también señala que, entre septiembre y diciembre de 2023, se intervinieron tres contratos de la UNGRD. Estos estaban destinados a emergencias en Saravena, Arauca, Cotorra, Córdoba y El Salado, Bolívar, por un valor de 86.619 millones de pesos. Aunque los contratos no se direccionaron, los congresistas beneficiados aprobaron 17 notas de crédito de endeudamiento para el Gobierno.En caso de ser hallados responsables, los exministros podrían enfrentar penas severas. Se habla de más de doce o quince años de prisión, además de multas que alcanzarían hasta 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
La Hermosa Stereo: Más cerca de la verdad.
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