Colombia enfrenta una cruda realidad que impacta directamente a su población más vulnerable: las niñas y adolescentes. Según datos alarmantes revelados por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el 81% de los casos de violencia registrados en el país se dirigen específicamente contra este grupo demográfico. Esta cifra no solo subraya la magnitud del problema, sino que también pone de manifiesto la necesidad urgente de fortalecer las estrategias de protección y prevención a nivel nacional.
Desde el año 2019, el ICBF ha iniciado un total de 137.607 Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD) en respuesta a diversas formas de violencia que afectan a menores de 18 años. De este impactante número, 111.488 procesos corresponden a niñas y adolescentes mujeres, lo que confirma su desproporcionada victimización en un entorno que debería garantizar su seguridad y desarrollo integral. La prevalencia de estos actos de violencia representa una grave violación a sus derechos humanos fundamentales.
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La Cruda Realidad de la Violencia de Género Infantil
Las formas de violencia que enfrentan las mujeres menores de 18 años son variadas y devastadoras, incluyendo violencia sexual, física, trata de personas y explotación sexual comercial (ESCNNA), así como violencia psicológica y feminicida. El informe del Bienestar Familiar destaca un patrón particularmente alarmante: la violencia sexual es, con creces, la principal causa de ingreso a los Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos. Entre 2019 y 2025, se registraron 97.494 ingresos por esta causa, lo que significa que el 85,7% de las niñas y adolescentes víctimas de violencia sufren agresiones sexuales.
Estas estadísticas no son meros números; representan vidas afectadas, infancias truncadas y futuros comprometidos. La violencia sexual, en particular, deja cicatrices profundas que a menudo perduran toda la vida, requiriendo un apoyo integral y especializado para la recuperación de las víctimas.
Aumento Preocupante en Departamentos como Huila
La problemática se agudiza en regiones específicas del país, como el departamento del Huila, donde las cifras de violencia sexual contra mujeres menores de 18 años muestran una tendencia creciente. En 2023, se documentaron 451 registros, cifra que ascendió a 466 en 2024. Lamentablemente, a corte de julio de 2025, ya se habían reportado 300 nuevos casos. Este incremento constante evidencia la urgencia de intensificar las intervenciones en estas zonas. Entre 2019 y 2025, el ICBF registró un total de 3.217 ingresos por este motivo en el Huila, una cifra que demanda una respuesta coordinada y sostenida.
La directora regional del ICBF, Nancy Margarita Amado Bonilla, enfatizó la naturaleza sistémica de estas violencias: «Las violencias basadas en género constituyen violaciones a los derechos humanos y no son hechos aislados; reflejan relaciones de poder desiguales que se presentan en los espacios familiares, comunitarios e institucionales.» Esta declaración subraya que la raíz del problema reside en estructuras sociales que perpetúan la desigualdad de género.
Violencia en Entornos Supuestamente Seguros
Uno de los aspectos más perturbadores de estos hallazgos es que la mayoría de las violencias sexuales que afectan a niñas y adolescentes ocurren en entornos que, paradójicamente, deberían ser considerados seguros. El 67,2% de los casos se registran dentro de la vivienda, el hogar, un espacio que debería ser refugio y protección. Asimismo, el 8,9% de estas agresiones tienen lugar en establecimientos educativos, lugares fundamentales para el desarrollo y aprendizaje de los menores.
El análisis detallado de los PARD realizado por el Bienestar Familiar revela que la mayoría de las violencias perpetradas contra mujeres menores de 18 años están profundamente arraigadas en inequidades de género. Estas violencias operan como mecanismos de control, subordinación o imposición, reflejando patrones culturales y sociales que deben ser deconstruidos para garantizar la seguridad y autonomía de las niñas y adolescentes.
ICBF y Aliados: Fortaleciendo la Protección
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de Violencias contra las Mujeres, el Bienestar Familiar y diversas entidades, junto con organizaciones de la sociedad civil y la cooperación internacional, han intensificado sus esfuerzos para combatir esta problemática. Un ejemplo de estas alianzas es el apoyo al Festival ReexistE en Neiva (Huila), que en su edición reciente centró su atención en las violencias que afectan a niñas y adolescentes, utilizando el arte y la cultura como herramientas de sensibilización y reparación simbólica.
Jenny Herrera, directora de ReexistE, destacó la importancia de estas iniciativas: «Nuestro propósito es fortalecer acciones que promuevan entornos protectores, movilizar la corresponsabilidad de los distintos sectores y reconocer el papel del arte y la cultura como herramientas para la promoción de derechos, la reparación simbólica y la construcción de paz territorial.»
Estrategias del ICBF para la Erradicación de la Violencia
El ICBF, en estrecha colaboración con entidades del Estado, la cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil, está implementando diversas acciones de prevención de las violencias basadas en género. Estas incluyen la realización de talleres educativos, la distribución de cartillas pedagógicas como «Tejiendo Protección y Equidad», y el fortalecimiento de rutas de detección temprana y atención especializada para los casos de violencia.
Un avance significativo en esta lucha es la puesta en marcha, en octubre de 2025, del Plan de Implementación de la Ley 2447. Esta ley está específicamente orientada a prevenir, reducir y finalmente eliminar las uniones tempranas y los matrimonios infantiles en Colombia, prácticas que a menudo exponen a las niñas a un mayor riesgo de violencia y explotación. Estas acciones conjuntas buscan construir un país donde las niñas y adolescentes puedan crecer libres de violencia y ejercer plenamente sus derechos.
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