En menos de un año y medio, la administración de Gustavo Petro ha acumulado un total de trece bombardeos, señalando un giro silencioso pero innegable en su política de seguridad. Este cambio estratégico, que contrasta marcadamente con la promesa de una ‘paz total’, comenzó a gestarse en julio de 2024 con la reanudación de las operaciones aéreas y se intensificó con la llegada de Pedro Sánchez al Ministerio de Defensa. La culminación de esta reorientación se vivió con el trágico ataque en Calamar, Guaviare, que resultó en la lamentable muerte de siete menores de edad.
El bombardeo, ocurrido el 10 de noviembre, fue dirigido contra el Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC, lideradas por alias ‘Iván Mordisco’, y ha desatado una profunda crisis política, ética e institucional para el gobierno de Gustavo Petro en materia de seguridad y derechos humanos. Este incidente, que dejó 19 fallecidos, reabrió una herida que el presidente había jurado cerrar: la de los ataques aéreos sobre campamentos donde se presume la presencia de niños, niñas y adolescentes reclutados forzosamente por grupos armados ilegales.
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El Peor Bombardeo de la Era Petro: Un Giro Inesperado
El consenso entre analistas y observadores es claro: este ha sido el bombardeo más devastador y polémico durante la gestión de Petro. Este episodio se produce tres años después de que el Gobierno, a través de su entonces ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunciara en agosto de 2022 la suspensión de los bombardeos, una directriz que buscaba diferenciarse de dos décadas de operaciones aéreas intensivas y que se erigió como un pilar fundamental de la política de ‘paz total’.
La estrategia inicial buscaba evitar que el Estado infligiera un doble daño a menores reclutados, quienes ya eran víctimas de los grupos armados y corrían el riesgo de serlo nuevamente por operaciones militares sin salvaguardias claras.
Erosión de la Política y Presión de la Fuerza Pública
Sin embargo, esta postura comenzó a erosionarse con rapidez. La intensificación de los ataques del EMC en regiones clave como Cauca, Valle del Cauca y Nariño, junto con la expansión territorial de estas disidencias, generó una creciente presión por parte de la Fuerza Pública para recuperar y fortalecer sus capacidades ofensivas.
El 24 de julio de 2024, en El Plateado, Argelia (Cauca), se ejecutó el primer bombardeo confirmado bajo la administración actual, una acción que, aunque inicialmente se presentó como la destrucción de un campo minado sin víctimas, marcó el inicio de una reactivación gradual de las operaciones aéreas, aparentemente sin lineamientos explícitos o una verificación rigurosa de la posible presencia de menores.
Voces de Alerta y Confirmación Presidencial
La Defensoría del Pueblo, a través de Iris Marín, fue una de las primeras instituciones en alzar su voz, solicitando públicamente al presidente la suspensión de los bombardeos y una evaluación exhaustiva de la situación, advirtiendo sobre otros ataques en verificación donde menores podrían haber resultado muertos.
En una serie de mensajes en su cuenta de X, el presidente Petro confirmó que, en efecto, 12 menores de edad habían fallecido en diversas ofensivas contra las disidencias de ‘Iván Mordisco’. Entre estos se incluyen cuatro adolescentes en Caquetá (1 de octubre de 2025), siete en Guaviare (10 de noviembre) y uno en Arauca (13 de noviembre). Adicionalmente, reportó el rescate de un adolescente con vida en Arauca, donde también murieron ocho personas, incluyendo un menor de 16 años y otro cuya edad aún está bajo análisis.
La Encrucijada de la Paz Total
Petro también reafirmó que los bombardeos no serían suspendidos, argumentando que una interrupción permitiría a los “capos” aumentar el reclutamiento. No obstante, aseguró que todas las acciones futuras se regirían bajo el Derecho Internacional Humanitario (DIH). “Si hay acciones ofensivas de los grupos armados del narcotráfico, los bombardeos no se suspenden. Toda acción que he ordenado y ordene hacia adelante se supeditará al DIH. La acción militar no es lo mejor, pero si determinados grupos no quieren hacer la paz, actuaremos”, sentenció el mandatario, encapsulando la encrucijada más compleja que ha enfrentado la política de ‘paz total’ desde su instauración en 2022.
Impacto Político y Electoral del Giro Militarista
Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), interpreta la reactivación de los bombardeos desde 2024 como un anuncio de la ruptura de la doctrina oficial. Según Bonilla, el movimiento de Pedro Sánchez al Ministerio de Defensa simbolizó este viraje hacia una postura más militarista, la cual, a su juicio, tiene un fuerte tinte electoral. Este cambio estratégico podría buscar proyectar una imagen de combate al narcotráfico ante la comunidad internacional, especialmente Estados Unidos.
El bombardeo en Guaviare, además de su magnitud trágica, ha profundizado la brecha entre el discurso de derechos humanos del Gobierno y la realidad en el terreno. Bonilla lo califica de “inaceptable” y lamenta que haya “roto totalmente” la mejoría observada en los derechos humanos dentro de la Fuerza Pública, señalando la existencia de “muchísimas inconsistencias en las versiones” oficiales.
Contradicciones y Consecuencias Institucionales
Las inconsistencias a las que se refiere Bonilla se reflejan en las distintas hipótesis iniciales: una urgencia táctica para evitar una emboscada, la necesidad de neutralizar a “Pescado”, un mando de ‘Mordisco’, y la contradicción de que el campamento ya había sido identificado meses antes. La pregunta sobre cómo, con tanta supuesta infiltración, no se conocía la presencia de niños, persiste.
Las repercusiones políticas e institucionales no se han hecho esperar. La oposición ha radicado una moción de censura contra el ministro Sánchez, la Procuraduría ha iniciado indagaciones y la justicia penal militar y policial también ha abierto una investigación. Organizaciones humanitarias y sectores de izquierda han exigido al presidente Petro total claridad sobre los protocolos aplicados.
El bombardeo en Guaviare ha dejado al Gobierno atrapado entre la necesidad de responder a la presión territorial de grupos armados como el EMC y la obligación de mantener su narrativa de protección de la vida. Además, el incidente ha revelado las implicaciones electorales de estas decisiones.
Bonilla sostiene que este evento “le va a restar votos” a Petro, aunque el presidente parece tener poco aprecio por el electorado de izquierda o defensor de derechos humanos, buscando alianzas con sectores más tradicionales o militaristas. La situación también complica a figuras que han construido su capital político en la defensa de los derechos humanos, como Iván Cepeda, de quienes se espera una respuesta más enérgica.
En el ámbito armado, las repercusiones varían. Algunas facciones del EMC podrían capitalizar estos operativos para fortalecer su narrativa de resistencia. Por otro lado, la insistencia de la Fuerza Pública en perseguir a ‘Mordisco’ podría estar “inflándolo, haciéndolo parecer más grande de lo que es”, mientras que el Clan del Golfo, según Bonilla, no ha recibido una presión similar.
Identificación de las Víctimas del Bombardeo en Guaviare
Un informe del 13 de noviembre ha proporcionado detalles sobre la identificación parcial de las víctimas mortales del bombardeo en Guaviare, una región marcada por la disputa armada entre las disidencias de ‘Calarcá Córdoba’ (en negociaciones con el Gobierno) y las de ‘Iván Mordisco’ (blanco del ataque).
De los 19 cuerpos recuperados, ocho hombres y seis mujeres han sido plenamente identificados, mientras que cuatro hombres y una mujer aún esperan identificación completa. Las edades de las víctimas oscilan entre los 13 y los 32 años.
Entre los mayores de 18 años identificados se encuentran Exenover Barbosa Pescador (32), José Edilberto Pito Casso (31), Yan Carlos Martínez Rivera (22), Elizabeth Cuéllar Rodríguez (20), Harol Stiven Villamil Villarraga (20), Edier Fabián Montaño Valencia (20), Jhon Fredy Acosta Morales (19), Faber Illeras Gamboa (19) y Francy Nonokudo Gómez (18).
Las víctimas menores de edad incluyen un adolescente de 16 años de Miraflores (Guaviare), una adolescente de 16 años de Tibú (Norte de Santander), una menor de 17 años de Puerto Leguízamo (Putumayo) y un adolescente de 15 años de Fortul (Arauca). La víctima más joven es una niña de 13 años, oriunda de Puerto Santander (Amazonas).
La Escalada: 13 Bombardeos en la Era Petro
La tendencia operacional bajo la administración Petro es contundente. Entre julio de 2024 y noviembre de 2025, la Fuerza Pública ha ejecutado al menos 13 bombardeos adicionales: once contra estructuras del EMC en Cauca, Nariño, Meta, Caquetá y Guaviare; dos contra el Clan del Golfo en Córdoba y Chocó; y uno contra mandos del ELN en Arauca. Aunque la mayoría se presentaron como acciones contra campamentos, laboratorios o anillos de seguridad, varios se realizaron en zonas donde comunidades o entidades ya alertaban sobre reclutamiento reciente de menores.
La ofensiva aérea ha avanzado de forma sostenida. Después del bombardeo en julio de 2024 en Cauca, agosto vio un operativo en Toribío contra la estructura Dagoberto Ramos. En septiembre, ataques en Leiva y Policarpa (Nariño) impactaron enclaves logísticos del EMC. Octubre de 2024 centró la atención en Caquetá con bombardeos en San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá. Noviembre se enfocó en el frente Jorge Briceño en La Macarena (Meta), y diciembre en una célula vinculada a ‘Calarcá Córdoba’ en Vista Hermosa.
La intensificación continuó en 2025. Febrero registró un bombardeo en zonas rurales del Guaviare contra la estructura de ‘Pescado’, y en marzo, otra operación contra un campamento de instrucción del EMC. La ofensiva se amplió a otros grupos: en abril, el primer bombardeo contra el Clan del Golfo en Tierralta (Córdoba); en mayo, otro en Riosucio (Chocó); y en junio, el primer ataque aéreo de la era Petro contra el ELN en Arauquita (Arauca).
El bombardeo en Guaviare sintetiza las crecientes tensiones entre la política de paz, las demandas operativas de la Fuerza Pública y los límites del Estado en territorios donde los grupos armados han expandido su presencia. Este evento marca un punto crítico en la gestión de seguridad del gobierno actual y sus implicaciones para el futuro del conflicto armado en Colombia.
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