Un escándalo sin precedentes sacude la Escuela de Carabineros de Bogotá, donde la reconocida influenciadora Daneidy Barrera Rojas, popularmente conocida como “Epa Colombia”, permanece recluida. Las autoridades han iniciado una exhaustiva investigación para determinar cómo ingresaron múltiples teléfonos celulares a este centro, un hecho que ha puesto en jaque los protocolos de seguridad.
En los últimos meses, a Barrera Rojas le han sido incautados hasta cinco dispositivos móviles, lo que ha encendido las alarmas sobre posibles irregularidades y privilegios dentro de las instalaciones. Este caso ha desatado un debate nacional sobre las condiciones de reclusión de figuras públicas y la efectividad de los controles.

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, reveló una de las hipótesis más impactantes: los celulares habrían sido introducidos durante las visitas, ocultos por mujeres que llevaban alimentos a la interna. Esta versión, actualmente en fase de verificación, podría destapar una red de complicidad inimaginable.

Además, el oficial desmintió los informes preliminares sobre el supuesto ingreso de un vehículo Mini Cooper a las instalaciones, señalando una posible confusión en los reportes iniciales. Sin embargo, la atención sigue centrada en la vulnerabilidad de la seguridad del recinto y las implicaciones de estos hallazgos.

¿Regresará ‘Epa Colombia’ a la cárcel El Buen Pastor?

La polémica ha reactivado el debate sobre el futuro de “Epa Colombia” y su lugar de reclusión. Tras ser trasladada desde la cárcel El Buen Pastor por motivos de seguridad, ahora se evalúa si debe regresar a un centro penitenciario convencional.

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Esta decisión crucial está en manos de las autoridades competentes, mientras la investigación interna avanza para esclarecer lo ocurrido con los equipos incautados. El caso de Barrera Rojas es solo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo que afecta la credibilidad del sistema.

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La situación también ha puesto bajo el microscopio la responsabilidad de quienes controlan el acceso de visitantes y paquetes a estos sitios de detención especial. Más allá del incidente individual, se busca determinar si hubo fallas de supervisión, omisiones en los procedimientos o eventuales responsabilidades disciplinarias y administrativas.

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Por el momento, no se ha anunciado una decisión definitiva sobre cambios en su lugar de reclusión ni sobre posibles sanciones. La expectación es máxima, y la opinión pública espera respuestas claras sobre este escandaloso suceso que sacude los cimientos de la justicia.

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El contexto judicial de la influenciadora

Daneidy Barrera Rojas, conocida empresaria e influenciadora colombiana, alcanzó notoriedad por sus videos virales. Su complicada situación judicial se remonta a noviembre de 2019, cuando difundió grabaciones causando daños a una estación de TransMilenio en Bogotá, un acto que le costaría muy caro.

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El 29 de enero de 2025, la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena impuesta en su contra: más de 5 años de prisión (63 meses y 15 días), además de una multa y restricciones severas para el uso de redes sociales. Se le negó la suspensión de la pena y la prisión domiciliaria, sellando su destino tras las rejas.

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Barrera Rojas fue condenada por daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas. A pesar de una absolución inicial por este último delito, el Tribunal revocó esa decisión, condenándola por todos los cargos imputados, una sentencia que marcó un antes y un después en su vida pública.

Tras su captura a finales de enero de 2025, su defensa ha intentado modificar las condiciones de su pena sin éxito. Su reclusión inicial en El Buen Pastor y su posterior traslado a la Escuela de Carabineros por seguridad, ahora son objeto de revisión. Este nuevo capítulo de la saga “Epa Colombia” promete más revelaciones.

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