Un impactante giro judicial sacude a la capital: el Juzgado 1305 Penal Militar y Policial de Conocimiento ha dictado una orden crucial. La Fiscalía Penal Militar y Policial deberá profundizar en una denuncia explosiva que apunta a la presunta agresión física de uniformados contra varios civiles, en hechos ocurridos el 12 de mayo de 2025 en Bogotá. La denuncia detalla un escenario alarmante en el barrio Bosa Porvenir, al sur de la ciudad. Allí, varios uniformados habrían agredido a dos personas que consumían alucinógenos, así como a un hermano de estos. Este suceso inicial marca el inicio de una cadena de eventos que ahora la justicia busca desentrañar.
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El Escalofriante Incidente en el CAI
La situación escaló cuando el hermano de los agredidos acudió a un CAI del sector. Su objetivo era preguntar por el paradero de uno de sus familiares, quien fue retenido horas después por una supuesta riña en un paradero del SITP. Lo que encontró, según la denuncia, fue una presunta golpiza en el interior de la estación policial. Lo más perturbador es que, al parecer, el hombre estaba acompañado por su hija menor de edad. La pequeña también habría resultado afectada durante los lamentables sucesos, añadiendo una capa de gravedad y urgencia a la investigación.
Decisión Judicial: ¿Justicia Dividida?
El Juzgado 1305 Penal Militar y Policial inicialmente avaló la solicitud de la Fiscalía de precluir la investigación respecto al primer incidente en vía pública, específicamente frente a una de las presuntas víctimas. Sin embargo, la balanza de la justicia no se detiene aquí. Una orden firme y contundente exige continuar con el proceso por la presunta golpiza al hermano del ciudadano. Además, se deberá investigar a fondo la posible agresión contra la menor, un punto que ha generado gran expectativa y preocupación pública.
¿Jurisdicción Ordinaria o Militar?
El juzgado ha ido un paso más allá, solicitando verificar si los hechos relacionados con la supuesta agresión dentro del CAI deben ser asumidos por la justicia ordinaria. Esta pregunta es clave para determinar la competencia y asegurar que la investigación se lleve a cabo bajo el marco legal más adecuado. La decisión judicial ha quedado en firme, sin que ninguna de las partes presentara recursos. Esto significa que la investigación seguirá su curso, prometiendo revelar la verdad detrás de estas graves acusaciones que ponen a la institución policial bajo el escrutinio público.
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