La Fiscalía General de la Nación ha estado en posesión, durante más de un año, de un compendio de pruebas técnicas de altísima fiabilidad que exponen de forma contundente una presunta conexión entre las disidencias de las FARC, bajo el liderazgo de alias ‘Calarcá’, y figuras de considerable influencia dentro del Estado colombiano. Entre los nombres señalados con gravedad figuran el general Juan Miguel Huertas, actual jefe de comando de personal del Ejército Nacional, y Wilmar Mejía, un alto funcionario directamente adscrito a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
A pesar de la magnitud y la contundencia de esta evidencia, la información ha permanecido sin avances significativos ni acciones concretas por parte del ente investigador. Esta inoperancia judicial ha generado un ambiente de profunda incertidumbre y serios cuestionamientos sobre la eficacia del sistema de justicia colombiano frente a hallazgos que revisten una gravedad tan elevada y que tocan directamente la seguridad nacional y la integridad de las instituciones.
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La Alarmante Revelación de una Infiltración de Alto Nivel
La Unidad Investigativa de Noticias Caracol emprendió una exhaustiva y rigurosa labor periodística para desentrañar lo que se perfila como una de las infiltraciones más graves de estructuras disidentes de las FARC en las más altas esferas gubernamentales y militares. Durante el transcurso de su investigación, el medio obtuvo acceso y tuvo la oportunidad de entrevistar a uno de los líderes de las disidencias, quien corroboró la existencia de estos enlaces directos, confirmando la seriedad de las acusaciones.
Según el testimonio recabado por el equipo de Caracol, tanto el general Huertas como Wilmar Mejía habrían ejercido funciones clave como canales de comunicación y facilitadores entre la organización armada ilegal y diferentes estamentos del Estado. Sin embargo, fuentes cercanas tanto a la entidad gubernamental como al grupo armado ilegal, en diálogo con Noticias Caracol, aseguraron que las implicaciones de esta conexión iban mucho más allá de la mera comunicación.
Se ha revelado que se habrían utilizado vehículos oficiales, específicamente camionetas asignadas al Estado, para el transporte discreto de miembros de las FARC. Esta logística privilegiada les habría permitido a los disidentes evadir la detección y los controles de las autoridades, facilitando así su movilidad impune en diferentes puntos estratégicos del territorio nacional, lo que evidencia una flagrante debilidad en los controles de seguridad.
Adicionalmente, la investigación sacó a la luz que desde estamentos estatales se habría proporcionado información clasificada y de inteligencia estratégica a las disidencias. Esta inteligencia privilegiada habría posibilitado a la organización ilegal anticipar y frustrar en múltiples ocasiones operaciones cruciales de la justicia colombiana, garantizando de esta manera su impunidad y la continuidad de sus actividades ilícitas sin mayores contratiempos.
Es crucial destacar que la presunta filtración se focaliza específicamente en las disidencias de las FARC bajo el mando de “alias Calarcá”. Esta facción ha sido objeto de investigación por parte de la Fiscalía, la cual la ha señalado como una de las posibles responsables detrás del magnicidio de Miguel Uribe Turbay, un evento que conmocionó profundamente al país y que resalta la peligrosidad de este grupo armado.
Un aspecto notable y sumamente llamativo en este contexto es la aparente disparidad en el trato gubernamental. En los últimos meses, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha concentrado sus esfuerzos, recursos y operaciones militares en la persecución de las disidencias de ‘Iván Mordisco’, mientras que las de ‘Calarcá’ han gozado de una suerte de benevolencia o, al menos, de una menor presión operativa, levantando interrogantes sobre la estrategia de “Paz Total”.
Según los reportes de inteligencia y las informaciones filtradas, la Fiscalía General de la Nación tendría en su poder un acervo documental de gran valor, que incluiría chats, documentos electrónicos y teléfonos celulares. Esta evidencia no solo demostraría la presunta infiltración de elementos criminales dentro de la DNI, sino que también contendría menciones explícitas a una supuesta financiación del grupo armado ilegal a la campaña presidencial de Gustavo Petro, añadiendo una capa de extrema gravedad política al escándalo.
A pesar de la gravedad incuestionable de estos hallazgos y de que el ente investigador dispone de una cantidad considerable de tales documentos, la fiscal Luz Adriana Camargo no ha mostrado avances significativos en el caso, manteniendo un perfil bajo y sin resultados visibles que justifiquen la inacción frente a una situación de seguridad nacional tan crítica.
Tras la divulgación de esta contundente denuncia por parte de Noticias Caracol, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, expresó su profunda consternación y preocupación. A través de sus declaraciones, Rendón afirmó contundentemente que “Las revelaciones de @NoticiasCaracol son de extrema gravedad y ratifican lo que, desde hace más de un año, he denunciado desde el Gobierno de Antioquia: la sospechosa benevolencia con la que el Gobierno Petro trata a disidencias FARC de Calarcá”, lo que subraya la polarización política y las profundas dudas en torno a la efectividad y la equidad de la estrategia de Paz Total.
El Episodio de Santo Domingo: Una Prueba de la Inoperancia y la Impunidad
Un evento que ilustra de manera contundente la complejidad y la delicadeza de esta situación se registró el 23 de julio de 2024. El Ejército Nacional estableció un retén estratégico en Santo Domingo, una localidad situada en el Nordeste antioqueño. En este punto de control, las autoridades interceptaron una caravana sospechosa que transportaba a siete líderes de las disidencias de ‘Calarcá’, quienes, sorprendentemente, eran custodiados por integrantes de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Durante la rigurosa inspección llevada a cabo por las fuerzas de seguridad, se descubrió que, además de los líderes disidentes, en la caravana viajaba un menor de edad. Este hallazgo constituye un delito grave y una flagrante violación al Derecho Internacional Humanitario (DIH), lo que añade una dimensión aún más preocupante a la cadena de irregularidades.
No obstante, y en una decisión que ha generado enorme controversia y debate público, la fiscal Luz Adriana Camargo emitió una orden directa para que los detenidos fueran liberados. Su argumento se basó en interpretaciones jurídicas que han sido objeto de intenso debate y cuestionamiento público, alimentando aún más las dudas sobre la imparcialidad y la efectividad de la justicia en casos de alta sensibilidad política y seguridad nacional.
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