Un escándalo sin precedentes sacude a Colombia. Más de 470 contratistas estatales han levantado la voz, presentando una denuncia anónima ante la Procuraduría General de la Nación. Acusan a entidades públicas, como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), de ejercer presiones políticas y exigir aportes económicos.La revista Semana ha revelado los detalles de esta grave situación. Los denunciantes aseguran haber sido forzados a participar activamente en campañas políticas y a desprenderse de parte de sus honorarios. Todo esto, bajo la constante amenaza de no ver sus contratos renovados, sumiéndolos en una profunda incertidumbre laboral.
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No solo eso, también se ha documentado la recopilación forzada de datos personales de familiares y amigos. El objetivo: invitarlos a eventos proselitistas, así como la exigencia de asistir a reuniones de índole política, completamente ajenas a sus funciones contractuales.
El documento, radicado el 27 de febrero, detalla cómo contratistas de ministerios, el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y la Ungrd viven una «subordinación directa». Se les imponen horarios de empleados de planta y se les asignan tareas que nada tienen que ver con sus contratos.Las exigencias económicas son sistemáticas y, según la denuncia, están destinadas a financiar campañas para el Senado y la Cámara de Representantes. Quienes se niegan a participar en «volanteo» o actividades proselitistas enfrentan la amenaza de una terminación anticipada o la no renovación de sus contratos.
La «Lista de Invitados» y el Miedo a Perderlo Todo
Se ha documentado el uso obligatorio de una «lista de invitados», donde los contratistas deben registrar datos personales de allegados. Nombres, cédulas, teléfonos y redes sociales son recopilados para contactarlos y forzarlos a asistir a actos proselitistas.La denuncia revela una cruda realidad: los cargos más altos eluden estas presiones, trasladando la carga a contratistas de menores ingresos. Para ellos, la continuidad laboral pende de un hilo, dependiendo únicamente de la renovación de su contrato.
El documento, dirigido a la Procuraduría, Contraloría, Defensoría y Fiscalía, sentencia una frase escalofriante: «El miedo es real». El anonimato de los denunciantes es su única armadura contra el despido y para proteger su integridad personal y familiar.
Conexiones Peligrosas: Nombres Propios en el Ojo del Huracán
Las investigaciones de Semana apuntan directamente a Leonidas Name, candidato al Senado por el Frente Amplio de Roy Barreras. Se ha descubierto que contratistas de la Ungrd han manifestado abiertamente su apoyo a Name.Leonidas Name, sobrino del expresidente del Senado Iván Name, ocupó la Secretaría General de la Ungrd desde abril de 2024. Desde allí, habría consolidado un círculo de colaboradores leales dentro de la entidad.En este entramado, destaca la abogada María Daniela Castaño de la Torre, contratista de la Ungrd y, según confirmó la dirección de la entidad a Semana, pareja de Name. Su rol añade una capa más de complejidad a la situación.No son los únicos. Otros contratistas, como Salvador Julio Villa Romero y Eliana Jackeline Álvarez Muñoz, también vinculados a la Ungrd, han expresado públicamente su respaldo al candidato. Lo han hecho tanto en eventos presenciales como a través de sus redes sociales.
Semana ha verificado publicaciones de Álvarez invitando a votar por Name, compartiendo fotos con él y, lo más preocupante, utilizando material institucional de la Ungrd. Fuentes sindicales reportan una creciente inquietud entre los trabajadores.La preocupación se intensifica por el uso de imágenes de funcionarios en propagandas políticas sin su consentimiento. Esto plantea serias dudas sobre la ética y la legalidad de estas acciones dentro de una entidad estatal.El Sindicato Unitario Nacional de Trabajadores del Estado (Sunet) ha alzado la voz, expresando su profunda preocupación al director de la Ungrd. Han denunciado el uso indebido de imágenes institucionales y de afiliados en campañas políticas.
La Reacción Oficial: ¿Medidas o Justificaciones?
Tras la denuncia, Carlos Carrillo, director de la Ungrd, reaccionó de inmediato. Habilitó un correo institucional para recibir quejas y prometió que no se tolerará ninguna presión sobre contratistas o funcionarios.Sin embargo, en una comunicación interna citada por el mismo medio, Carrillo afirmó no haber recibido pruebas concretas de las denuncias. Defendió la autonomía de los contratistas para participar en política fuera de sus horarios.»Un contratista, siempre y cuando cumpla con sus funciones asignadas, en su tiempo libre puede hacer lo que le plazca, incluso ser parte activa de una campaña. Es un derecho», declaró Carrillo, generando un debate sobre los límites.
El sindicato Sunet, por su parte, reitera la urgencia de investigar posibles redes de coordinación para estas tareas de campaña. Insisten en que el uso de imágenes institucionales y de funcionarios sin autorización vulnera derechos y normativas.Además, el gremio subraya la prioridad absoluta de garantizar confidencialidad y protección a todos aquellos que decidan dar un paso al frente y denunciar estas irregularidades.A pesar de los canales de denuncia habilitados, la incertidumbre crece entre los contratistas. La ausencia de respuestas de los principales implicados, Leonidas Name y María Daniela Castaño, solo alimenta las sospechas y el temor.
La Hermosa Stereo: Más cerca de la verdad.
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