El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Comercio, ha puesto a consideración pública un proyecto de decreto que contempla un significativo aumento en los aranceles para la importación de vehículos y motocicletas impulsados por motores de gasolina y diésel. Esta iniciativa, que busca tanto incrementar el recaudo tributario como desincentivar el consumo de combustibles fósiles, promete generar un impacto considerable en el mercado automotor colombiano y, consecuentemente, en el bolsillo de los consumidores finales.
La propuesta establece una modificación en el Arancel de Aduanas Nacionales, elevando la carga impositiva sobre los importadores. Esto, inevitablemente, se traducirá en un mayor costo para quienes adquieran este tipo de vehículos, afectando directamente la dinámica de precios y la oferta disponible en el país. El borrador ya se encuentra publicado para comentarios, abriendo un espacio crucial para el debate y la retroalimentación de los sectores involucrados.
Detalles de la Propuesta Arancelaria
En el corazón del borrador de decreto se encuentra una estructura arancelaria diferenciada. Para los automóviles con motores a gasolina o diésel, clasificados bajo la partida 8703 de las subpartidas arancelarias, se propone un arancel del 40%. Esta tasa aplica a un total de 13 subpartidas específicas, abarcando una amplia gama de vehículos de pasajeros.
Por su parte, las motocicletas equipadas con motores de combustión de gasolina o diésel, encuadradas en la partida 8711, verían un incremento arancelario al 35%. Esta medida afectaría a un sector de gran relevancia en la economía y movilidad de Colombia, donde la motocicleta es un medio de transporte fundamental para millones de ciudadanos.
Los Argumentos del Gobierno y la Transición Energética
El Ministerio de Comercio ha articulado una serie de argumentos sólidos para justificar esta drástica medida. Uno de los pilares es el impulso a la transición energética y la promoción de tecnologías más limpias. El documento oficial subraya la necesidad de fortalecer y proteger la industria automotriz nacional, orientándola hacia la producción y comercialización de vehículos basados en energías limpias.
Además, se busca fomentar los procesos de reindustrialización en el sector, la sofisticación y diversificación de la matriz productiva, la generación de empleo calificado y el establecimiento de encadenamientos productivos robustos. La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de desarrollo económico que prioriza la sostenibilidad y la innovación.
El Gobierno también enfatiza la preocupante dependencia de Colombia de los combustibles fósiles, señalando que el 95.9% de la demanda energética del país se concentra en estas fuentes. Esta alta dependencia genera incertidumbre sobre la disponibilidad y volatilidad de los precios energéticos, además de los conocidos impactos negativos en el medio ambiente, lo que justifica la búsqueda de alternativas.
La medida se alinea con los compromisos internacionales de Colombia, como el Acuerdo de París y las metas de Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), que buscan la carbono neutralidad para 2050. El sector transporte es identificado como una de las fuentes prioritarias para la reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI), haciendo imperativo desincentivar la importación de tecnologías contaminantes y acelerar la adopción de un parque automotor más ecológico.
Es importante destacar que la decisión de incrementar estos aranceles no es arbitraria. Proviene de una recomendación específica del Comité de Asuntos Aduaneros, Arancelarios y de Comercio Exterior, un organismo técnico que sugirió el aumento del 40% para vehículos y 35% para motocicletas tras un análisis exhaustivo.
Impacto Anticipado y Voces Críticas
La posible entrada en vigor de este decreto, que se daría 15 días después de su publicación oficial, ha generado diversas reacciones. David Cubides, economista del Banco de Occidente, advierte que si bien la medida aún está en fase de comentarios, su implementación podría moderar la dinámica de ventas de vehículos y motocicletas, que han mostrado un crecimiento notable en el último año.
Cubides señala que el consumo ha sido un motor clave en la recuperación económica del país, y el sector automotor ha experimentado una parte importante de esa reactivación. Un ajuste en las tasas de importación podría alterar esta tendencia positiva a mediano plazo, impactando el ritmo de crecimiento general.
Por otro lado, Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, ha expresado una contundente oposición a la propuesta. Califica la medida como «completamente absurda» y critica que «desconoce la evidencia histórica» de que políticas de protección arancelaria similares en Colombia, desde la década de 1950, no lograron consolidar una industria local competitiva ni atraer la inversión necesaria.
Cabal argumenta que repetir modelos que han demostrado ineficacia en el pasado «no ofrece ninguna garantía de éxito», sugiriendo que la experiencia histórica debería ser un factor determinante en la formulación de políticas económicas.
Contexto Fiscal y Otras Iniciativas del Gobierno
Esta iniciativa no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una serie de esfuerzos del Gobierno del presidente Gustavo Petro por aumentar el recaudo y optimizar las finanzas públicas. Recientemente, el Ejecutivo también generó controversia con un borrador de decreto que buscaba nivelar la retención en la fuente para pagos realizados mediante billeteras electrónicas (como Nequi y Daviplata) con las tarjetas electrónicas.
La intención inicial era llevar la retención del 0% al 1.5% para las billeteras, lo que generó un gran descontento popular. Sin embargo, tras la fuerte reacción, el Gobierno cedió y optó por mantener ambas en 0%, reduciendo la retención para tarjetas electrónicas y manteniendo las billeteras en su estado original. Esto subraya la constante búsqueda de recursos y los desafíos que enfrenta la administración al implementar nuevas cargas fiscales.
La posible aplicación de aranceles más altos a vehículos a combustión, sumada a otras reformas y propuestas fiscales, evidencia una estrategia gubernamental compleja que busca equilibrar las necesidades de recaudo con los objetivos de desarrollo sostenible y transición energética. La discusión pública y el análisis de los sectores afectados serán cruciales en la definición final de esta política.
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