La controversia que rodea la suspensión de órdenes de captura contra 23 líderes de estructuras criminales en el Valle de Aburrá ha desatado un terremoto político y jurídico en Colombia. Esta explosiva decisión, que ha puesto en jaque la seguridad, ha generado un debate nacional sin precedentes.
Roy Barreras, aspirante a la presidencia, no se ha quedado callado. En una reveladora entrevista con Los Danieles para Cambio, abordó directamente la polémica, ofreciendo una perspectiva que pocos se atreven a dar.
LE PUEDE INTERESAR: ¡BOMBA! Macollins Acusa: ¿Caballo de Troya Político y Vínculos Secretos con ‘Papá Pitufo’?
Barreras admitió sin tapujos que la controvertida medida tendrá un impacto electoral innegable, favoreciendo a Iván Cepeda, actual candidato presidencial del Pacto Histórico. Sin embargo, se apresuró a descartar que este haya sido el objetivo primordial detrás de la decisión gubernamental, buscando equilibrar la balanza.
Consultado por Daniel Coronell sobre si la liberación de estos cabecillas buscaba mejorar los resultados electorales en Antioquia para Cepeda, Barreras fue categórico. «Yo creo que va a producir resultados electorales», afirmó, matizando que «lo que no significa que hayan planeado todo el ejercicio de la Paz total con ese objetivo».
El político reconoció la innegable incidencia política de la resolución, pero enfatizó que Iván Cepeda no tiene responsabilidad directa en el procedimiento. Lo describió como «un defensor auténtico de derechos humanos» y un «hombre honesto y austero», aunque calificó la estrategia del Gobierno como un «error de método».
Barreras profundizó, explicando que los grupos armados irregulares ven en un posible fracaso de la Paz Total una oportunidad de oro para perpetuar su influencia y garantizar la impunidad. Para ellos, el caos es una ventaja.
«A ellos sí les conviene que se mantenga el statu quo, pero eso no significa ni mucho menos que esa sea una estrategia de campaña», sentenció. Añadió que «eso ocurre de manera casi natural. Si a usted no lo persiguen, pues usted quiere seguir en lo mismo», desvelando una cruda realidad.
El candidato detalló cómo estas organizaciones suelen ejercer una presión formidable sobre la población, incluso reteniendo documentos de identidad. Luego, los facilitan a las autoridades electorales para inclinar la balanza a favor de determinados aspirantes, manipulando el proceso democrático.
«Nosotros queremos que se cumpla la legitimidad del Estado de derecho, que se persiga a los delincuentes», concluyó Barreras con firmeza. Exigió que, si se les ofrece «generosamente algún sometimiento a la justicia, la sociedad tenga garantías de que van a dejar algún día las armas y el crimen».
¡Gobernador de Antioquia EXPLOTA! «Hemos Padecido las Consecuencias» de la Liberación Criminal
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, ha desatado una ofensiva legal, anunciando una demanda de nulidad con solicitud de medida cautelar ante el Consejo de Estado. Su objetivo es frenar la controvertida resolución de la Fiscalía General de la Nación.
Este recurso busca suspender los efectos de un acto administrativo que, según el dirigente, ha permitido la liberación y circulación de individuos catalogados como peligrosos delincuentes. Estas personas ahora se mueven libremente por Medellín, el área metropolitana, Rionegro y Bogotá, generando alarma social.
La decisión, firmada por la fiscal general, Luz Adriana Camargo, habría respondido a una solicitud directa del presidente Gustavo Petro, elevando el nivel de la polémica a esferas presidenciales. La tensión política está en su punto más alto.
En un contundente texto difundido en sus redes sociales, Rendón sostiene que la resolución «levantó las órdenes de captura y otorgó patente de movilidad» a individuos condenados por delitos atroces. Entre ellos, desaparición forzada, homicidio, extorsión y desplazamiento, crímenes que han azotado a la región.
El político antioqueño enfatizó su confianza en las instituciones: «Confiando en las instituciones, esperamos que la medida cautelar permita suspender de inmediato los efectos de esa resolución y evitar en consecuencia un perjuicio irremediable», urgiendo una acción inmediata.
Según la denuncia de Rendón, la medida «reactivaría las órdenes de captura y frenaría los beneficios que les concedió Petro». Esto incluiría salir de la cárcel y moverse con libertad por los municipios mencionados, un escenario que considera inaceptable.
Calificó el acto como un procedimiento con «vicios graves» que, a su juicio, vulneró principios fundamentales de la Constitución Política de Colombia. Argumentó que se transgredieron la legalidad, la separación de poderes y el sagrado derecho de las víctimas al acceso a la justicia.
El dirigente antioqueño también acusó al Gobierno nacional de actuar de manera predecible en medio de la contienda electoral. «Es inadmisible, pero muy predecible, que esto ocurra en medio de la contienda electoral y a pesar de los riesgos advertidos al respecto», sentenció.
Además, recordó antecedentes recientes que resuenan con fuerza: «El país conoce lo que ocurrió cuando dejaron en libertad a Calarcá. Hemos padecido las consecuencias de esa decisión del gobierno Petro y de la fiscal Camargo», afirmó, reviviendo el controvertido caso de alias Calarcá, exintegrante de las Farc.
Finalmente, Rendón lanzó un interrogante incisivo sobre la falta de información pública sobre los dispositivos incautados a Calarcá. Sugirió posibles irregularidades: «¿Qué información que aún no conocemos los colombianos luego de casi dos años contiene los dispositivos incautados a Calarcá, que explique el trato complaciente que ha recibido este bandido por parte del Gobierno nacional?».
La Hermosa Stereo: Más cerca de la verdad.
Comentarios