La Corte Suprema de Justicia ha dictado un fallo histórico que blinda el derecho a la crítica política en Colombia. El 20 de febrero de 2026, la máxima instancia judicial rechazó las acusaciones de injuria y calumnia presentadas por Armando Benedetti, entonces ministro del Interior, contra siete congresistas.
Esta decisión crucial consolida la protección constitucional al control político ejercido por los miembros del Congreso de la República. El fallo exime de cualquier proceso a Catherine Juvinao, Julia Miranda, Lina María Garrido, Marelen Castillo, Carolina Giraldo, Katherine Miranda y Jennifer Pedraza.
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Además, la Corte Suprema ordenó enviar copias a la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Estas entidades deberán investigar las denuncias que las congresistas habían presentado previamente contra el exministro del Interior.
El Origen de la Controversia: Una Carta Explosiva
La polémica se desató el 24 de febrero de 2025, cuando un grupo de congresistas publicó una carta colectiva. El documento, titulado “Mujeres congresistas rechazamos el nombramiento de Armando Benedetti como ministro del Interior”, encendió la chispa de la confrontación.
En esta misiva, las representantes cuestionaron vehementemente la idoneidad de Benedetti para el cargo. Argumentaron su preocupación por investigaciones vigentes sobre presuntos actos de corrupción y acusaciones de conductas misóginas y machistas que, según ellas, promovían la violencia contra la mujer.
El Respaldo Judicial a la Crítica Política
Un elemento fundamental en la decisión de la Corte fue la valoración de la legitimidad del ejercicio crítico de las congresistas. El alto tribunal reconoció su potestad para exponer y debatir públicamente sus reservas respecto a figuras del Ejecutivo.
El fallo subrayó que, más allá de su labor legislativa, el rol de las congresistas incluye la reivindicación de causas feministas y la promoción de debates abiertos con implicancia política. Se trata de un reconocimiento clave a su función de control.
Al analizar los señalamientos sobre posibles hechos privados relacionados con Benedetti, como una denuncia por agresión a su esposa en España, la Corte observó que estos fueron reproducidos a partir de informaciones ya difundidas por medios y redes sociales, sin que se les pudiera atribuir su origen.
La decisión judicial reiteró que los altos funcionarios públicos están sujetos al escrutinio y la vigilancia del Congreso de la República, conforme a la Constitución de 1991. Citando el fallo, “Es dable concluir que las manifestaciones públicas mediante las cuales se rechaza el nombramiento de un determinado funcionario del Estado, es susceptible de ser sometida al control político y a la función crítica, propias del Congreso de la República”.
De igual forma, la Corte Suprema enfatizó que el trabajo parlamentario conlleva la defensa y promoción de principios y causas, como el feminismo. Esta actividad, señaló, puede ejercerse de manera simultánea dentro y fuera de los escenarios formales del Legislativo.
Voces de Victoria: Congresistas Celebran el Fallo
La congresista Katherine Miranda valoró la decisión y manifestó contundentemente: “Decir la verdad y defender a las mujeres no es delito”. Para el alto tribunal, resultó clave que todas las intervenciones denunciadas se produjeron en ejercicio de una función legítima y amparada por la ley.
En la misma línea, Cathy Juvinao publicó un video celebrando la decisión. Sostuvo que las acciones de Benedetti constituyen una “estrategia de acoso judicial para silenciar a un grupo de congresistas mujeres” y que esta “le acaba de salir por la culata”.
Juvinao agregó: “Usted, por el simple hecho de que nosotras rechazamos su nombramiento como ministro del Interior, no por nada más, sino por los diversos señalamientos que tiene por violencias basadas en género, nos llevó a la Corte Suprema en una denuncia de usted contra nosotras, increíblemente, en una estrategia en la que los pájaros le tiran a las escopetas”.
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