Un terremoto judicial sacude los cimientos del sector educativo en Colombia. El Juzgado Quinto Administrativo de Armenia ha ordenado una profunda investigación, compulsando copias contra figuras clave como Daniel Rojas, ministro de Educación, y Magda Lorena Giraldo, directora de la Fiduprevisora. La lupa está puesta sobre la supuesta autorización y trámite de pagos millonarios a maestros pensionados que, increíblemente, ya habían sido negados por la justicia.
La magnitud de este presunto desfalco es asombrosa. Según una investigación exhaustiva del reconocido periodista Daniel Coronell, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) habría desembolsado más de 260.000 millones de pesos en pagos irregulares. Estos fondos habrían ido a parar a manos de jubilados que, por ley, no tenían ningún derecho a recibirlos.
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El epicentro de esta tormenta legal es el pago de una prima específica, reclamada por un grupo de educadores ya retirados. Lo más impactante es que la justicia ya había fallado en contra de estos maestros, determinando que no les correspondía dicho dinero. Pese a ello, el Fomag procedió a realizar las transferencias.
Este caso va mucho más allá de una simple disputa sindical. Se adentra en un terreno pantanoso de posibles responsabilidades administrativas, disciplinarias e incluso penales. Tanto funcionarios públicos como aquellos que tramitaron estas reclamaciones improcedentes podrían enfrentar graves consecuencias.
La cifra en juego, 260.437 millones de pesos, ha encendido todas las alarmas. Expertos ya lo califican como «un pequeño Foncolpuertos», haciendo una ominosa referencia a uno de los mayores escándalos de cobros irregulares en fondos públicos que Colombia haya conocido. La historia parece repetirse, con un eco perturbador.
Detrás de esta polémica operación se encuentra el abogado Yobanni Alberto López. Señalado directamente en el fallo judicial, López es visto como el artífice de activar estos cobros en nombre de los docentes retirados. Su nombre resuena con fuerza en los pasillos de la justicia.
López, quien lidera una firma especializada en demandas contra el Fomag, habría cobrado entre el 20% y el 30% de lo que cada jubilado logró obtener. Su éxito en estas reclamaciones le ha permitido amasar un patrimonio considerable, llegando incluso a poseer un avión privado. Una fortuna construida sobre la controversia.
Mientras tanto, la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) mantiene una postura firme. Según Domingo Ayala, presidente del sindicato, la prima de mitad de año es un derecho adquirido e innegociable para todos los docentes jubilados. Ayala incluso sugiere que el gobierno de Gustavo Petro estaría intentando desconocer este pago legítimo.
Respuesta de Daniel Rojas: La Versión del Ministro en el Ojo del Huracán
Tras la compulsa de copias, el ministro Daniel Rojas no ocultó su «felicidad», una reacción que desconcierta a muchos. Aseguró ser el principal interesado en que estos hechos se investiguen a fondo. Rojas afirmó que, desde su llegada a la cartera educativa, no ha logrado obtener la información completa sobre este intrincado caso.
«Contrario a lo que la intuición pueda responder, yo estoy feliz, soy el más interesado en que estos hechos se investiguen», declaró el ministro. Reveló haber tenido que «entutelar a la Fiduprevisora para que me brindaran la información». Una confesión que subraya la opacidad en la gestión y la dificultad para acceder a datos cruciales.
Rojas se apresuró a aclarar la cadena de responsabilidades. «Es la Fiduprevisora la que administra el Fondo del Magisterio, es la responsable de atender las solicitudes», enfatizó. Con ello, desvinculó al Ministerio de Educación, argumentando que no tiene «competencia funcional ni operativa para reconocer, liquidar o pagar prestaciones sociales».
El ministro insistió en que su cartera ha mantenido una postura clara y firme en los comités jurídicos con la Fiduprevisora. «Hemos recomendado que no se pueden pagar esas primas que las mismas autoridades han negado», advirtió. Una señal de que el Ministerio intentó frenar estos desembolsos desde dentro.
Esta postura ha generado fuertes fricciones. «Esto me ha causado una discusión con una parte del magisterio que cree que es desidia de este Gobierno, cuando no es así», lamentó Rojas. El ministro se ha visto en la difícil posición de defender la legalidad frente a las demandas de los docentes.
«Si la justicia nos dice que no podemos pagar las primas, pues simplemente no se pagan», sentenció Rojas. Alertó sobre los incidentes en la sede del Ministerio, donde ha tenido que dialogar con sindicatos que han bloqueado las puertas. «No me pueden llevar a incumplir lo que la justicia me haya dicho que no puedo», concluyó.
En una rueda de prensa, Rojas no descartó que el Ministerio de Educación pueda ser considerado «víctima» en este complejo proceso. «La Fiduprevisora nos veta la información de la contratación e hizo contratación en salud sin autorización del Consejo directivo del Fomag», denunció. La trama se complica con acusaciones cruzadas.
«El Ministerio de Educación puede ser víctima del proceso porque nos están vinculando en unos pagos que, en mi criterio, jamás debieron haberse realizado», explicó el funcionario. Hizo un llamado vehemente a los docentes para que no se dejen engañar por «abogados aparentemente inescrupulosos» que prometen lo imposible.
Esta situación no es nueva para las altas esferas del poder. El presidente Gustavo Petro ya había denunciado la existencia de «anillos de corrupción» en el Fomag durante un Consejo de Ministros. Acusó la complicidad de abogados y magistrados en un esquema que desvía fondos públicos.
Según Petro, «los fondos públicos han sido desviados mediante sentencias emitidas sin cumplimiento de los requisitos legales». Un patrón repetido, afirmó el presidente, que está «dañando el sistema de pensiones del magisterio» y socavando la confianza en las instituciones.
Herman Bayona, vicepresidente del Fomag, confirmó a Cambio que la entidad ya ha notificado a la Fiscalía General de la Nación y a los órganos de control sobre las anomalías. Advirtió que los docentes que sigan los consejos de ciertas firmas de abogados podrían enfrentar graves riesgos jurídicos y elevados costos económicos.
La Hermosa Stereo: Más cerca de la verdad.
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