¡Escándalo Político en Colombia! El Gobierno Nacional está bajo el ojo del huracán tras una grave denuncia que sacude los cimientos de la ‘Paz Total’. El representante a la Cámara, Daniel Briceño, ha lanzado una acusación explosiva que podría cambiarlo todo.Según Briceño, José Aldinever Sierra Sabogal, alias ‘El Zarco’, señalado de haber ordenado el asesinato del excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ha sido designado como gestor de paz. Una decisión que genera indignación y profundas preguntas sobre la estrategia gubernamental.La incorporación de ‘El Zarco’ a la mesa de negociación con la Segunda Marquetalia se concretó a principios de 2024. Esta medida, enmarcada en la polémica política de ‘Paz Total’, busca incluir a figuras controversiales en los diálogos para la reconciliación del país.Una resolución oficial, la 065 del 28 de febrero de 2024, firmada por la Presidencia de la República, es el fundamento legal de esta controvertida designación. En ella, se reconoce a diez individuos, incluyendo a Sierra Sabogal, como representantes legítimos de la Segunda Marquetalia.

El Zarco, jefe militar de la Segunda Marquetalia, y el senador Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado que ha puesto en alerta la seguridad de líderes políticos en Colombia - crédito Insight Crime y Miguel Uribe Turbay/Instagram

La Acusación Explosiva de Briceño

La gravedad de la situación escala con las declaraciones de Briceño en redes sociales: «Alias El Zarco Aldinever dio la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay». Esta afirmación no solo es contundente, sino que sugiere una validación estatal de un individuo vinculado a crímenes de alto impacto.El congresista electo no se detuvo ahí, reforzando su denuncia con otra publicación lapidaria: «La paz total asesinó a Miguel». Un mensaje que resuena con fuerza en la opinión pública y pone en tela de juicio la legitimidad de las negociaciones.

Daniel Briceño recordó como alias El Zarco fue designado como gestor de paz - crédito @Danielbricen/X

El Marco Legal de una Decisión Controversial

La resolución presidencial se ampara en la atribución exclusiva del presidente para seleccionar y reconocer interlocutores en procesos de paz. Este poder se justifica en el mandato constitucional y en las leyes 418 de 1997 y 2272 de 2022, que otorgan al jefe de Estado una amplia discrecionalidad.El texto legal subraya la capacidad del presidente para decidir «cómo, cuándo y con quiénes adelantará diálogos». Todo ello, en aras de preservar el orden público y promover la reconciliación nacional, aunque la polémica por esta elección particular sea monumental.

Daniel Briceño aseguró que José Aldinever Sierra Sabogal, alias El Zarco, señalado de ordenar el asesinato del candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fue designado como gestor de paz por el Gobierno nacional - crédito Presidencia de la República

La Resolución 065, que entró en vigor el 28 de febrero, fue expedida pocos días después de que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz recibiera la lista de interlocutores de la Segunda Marquetalia. En ella, José Aldinever Sierra Sabogal figura como el primer nombre.Los registros oficiales confirman que la mesa de negociaciones se instrumentó formalmente el 9 de febrero de 2024. Tras una fase inicial reservada, el reconocimiento de los delegados insurgentes se oficializó el 16 de ese mismo mes, culminando con la polémica resolución.

Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial por el Centro Democrático para las elecciones en 2026, fue asesinado por un menor de 15 años en Bogotá. El adolescente fue sancionado con 7 años en un Centro Especializado para Menores - crédito Cristian Bayona/Colprensa.

Tensión en la ‘Paz Total’

La designación de Sierra Sabogal expone una tensión central en la política de ‘Paz Total’. Mientras el Gobierno defiende la inclusión de figuras con historial criminal como parte de su estrategia, la oposición lo interpreta como una peligrosa validación estatal de criminales.Este enfrentamiento discursivo sobre el alcance y los límites de la política de paz total ha escalado a un nuevo nivel en la escena política colombiana. Las implicaciones de esta decisión resonarán por mucho tiempo, generando un debate nacional sin precedentes.

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