La Rama Judicial de Colombia ha lanzado una contundente advertencia que sacude los cimientos del poder en el país. En un momento de alta tensión, exige respeto absoluto a sus decisiones, especialmente tras el reciente fallo del Consejo de Estado sobre el salario mínimo.La controversia estalló con la suspensión provisional del decreto que fijaba un aumento del 23,7% en el salario mínimo para el año 2026. Este hecho ha desatado un debate sin precedentes, poniendo a prueba la independencia de los poderes.
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Las más altas entidades judiciales, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, firmaron un comunicado rotundo. En él, enfatizan que sus determinaciones se basan en el estricto cumplimiento de la Constitución y la ley. Advierten que, aunque el debate es legítimo, cualquier inconformidad debe canalizarse por vías institucionales. Desacreditar las cortes es inaceptable y socava los pilares esenciales del Estado Social y Democrático de Derecho.
La Fuerte Reacción del Gobierno: Decreto Transitorio y Llamada a las Calles
Ante la suspensión del decreto, el presidente Gustavo Petro no tardó en reaccionar. Anunció la expedición de un decreto transitorio para garantizar el salario mínimo vital mientras se resuelve la situación jurídica. El mandatario buscará aclaraciones con el magistrado encargado, pero dejó claro que el proceso podría extenderse más allá de los ocho días iniciales previstos. Su objetivo es asegurar la estabilidad económica de millones de trabajadores colombianos. Petro aprovechó la coyuntura para recordar a los empresarios su «función social» en la dignificación del trabajo. Defendió el incremento del 23,7%, argumentando la solidez de la economía colombiana con un crecimiento del 3,5% y una inflación a la baja, del 13% al 5%. Sin embargo, el presidente también señaló que la tasa de interés fijada por el Banco de la República ha limitado el crecimiento. Toda esta información relevante será entregada al magistrado encargado del caso. La tensión escaló aún más cuando el presidente convocó a la ciudadanía a manifestarse el jueves 19 de febrero. El objetivo es defender el salario mínimo vigente en todas las plazas públicas del país, a partir de las 2:00 p.m. Petro invocó la obligatoriedad de la “sentencia de la Corte Constitucional”, que desde 1991 establece un salario mínimo móvil y vital. Insiste en que los criterios constitucionales y la relación salario-productividad respaldan su postura oficial sobre el incremento. El pulso por el salario mínimo en Colombia se ha convertido en una prueba de fuego para las instituciones y la participación ciudadana. Este debate evidencia la urgente necesidad de mantener el respeto institucional y el diálogo abierto en decisiones que impactan directamente la vida de millones de personas.
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