Los abogados de Nicolás Maduro y Cilia Flores han vuelto a la carga ante la corte federal del Distrito Sur de Nueva York, exigiendo la desestimación de los cargos contra sus clientes. Esta nueva ofensiva legal se produce a menos de una semana de la crucial audiencia del 26 de marzo ante el juez Alvin K. Hellerstein.La defensa sostiene que el Gobierno de Estados Unidos ha interferido directamente con el derecho fundamental de Maduro y Flores a elegir a sus propios abogados. Alegan que se ha bloqueado de forma indebida el uso de fondos del Estado venezolano, destinados a cubrir su representación legal.
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El documento, firmado por Barry Pollack (abogado de Maduro) y Mark Donnelly (defensor de Flores), es una respuesta contundente a la Fiscalía federal. En él, los juristas afirman que la propia postura del Gobierno estadounidense contiene admisiones clave que respaldan su solicitud de desestimación.
Según la defensa, los fiscales no han logrado refutar dos puntos esenciales: que Maduro y Flores carecen de recursos personales suficientes para costear su defensa y que, bajo la legislación venezolana, el Estado debe asumir esos gastos. Este es el eje central de su argumentación.El foco de la disputa se centra en la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Pollack ya había denunciado en una moción anterior que el Departamento del Tesoro autorizó inicialmente el pago de honorarios, para luego revocar ese permiso pocas horas después.
En su nueva réplica, los abogados insisten en que este bloqueo financiero vulnera el derecho constitucional a una defensa técnica de confianza. Argumentan que obligarlos a continuar con abogados designados por el tribunal no resuelve el problema de fondo.La posición de la defensa es clara: si el tribunal concluye que el Gobierno impidió indebidamente la financiación de la defensa elegida, la única solución justa sería desestimar completamente el caso. Una medida drástica que podría cambiarlo todo.
Además de la desestimación, la defensa ha solicitado al juez una audiencia para que el Gobierno de EE. UU. explique lo que consideran contradicciones flagrantes en su postura. Cuestionan por qué la OFAC autorizó y luego revocó la licencia de pagos.Los abogados Pollack y Donnelly señalan que, inicialmente, se les indicó que la revocación se debía a consideraciones de política exterior, tras consultas con el Departamento de Estado. Sin embargo, ahora los fiscales lo describen como un simple «error administrativo».
Para la defensa, este cambio de explicación debilita gravemente la postura oficial y exige una revisión más profunda por parte del tribunal. ¿Fue realmente un error o hay algo más detrás de esta decisión?También rechazan el argumento de que permitir pagos desde Venezuela comprometería la seguridad nacional de Estados Unidos. Aseguran que el Gobierno no ha explicado concretamente por qué estos recursos representarían un riesgo.
Subrayan que, en otros escenarios, se han autorizado transacciones con fondos venezolanos en contextos legales y comerciales. La defensa insiste en que la restricción de la OFAC es inconsistente y afecta directamente la estrategia jurídica en un proceso de alta complejidad.Un punto crítico que Pollack y Donnelly enfatizan es la posibilidad de verse obligados a retirarse del caso si no se les permite recibir pagos. Afirman que no existe otra fuente real de financiación para sostener la defensa.
Esta advertencia se suma a la tesis principal de los acusados, quienes desde su primera comparecencia se declararon inocentes. Enfrentan cargos de narcotráfico, armas, lavado de dinero y corrupción, y alegan haber sido llevados a EE. UU. contra su voluntad.La Fiscalía federal de Manhattan, por su parte, ha instado al juez a rechazar la pretensión de la defensa. Sostienen que la autorización inicial fue, efectivamente, un «error administrativo» y defienden la prohibición de usar recursos venezolanos.
Los fiscales alegan que Washington no reconoce a Maduro como jefe legítimo del Estado venezolano y que tanto él como Flores aún podrían recurrir a fondos propios. Insisten en la validez de la política de sanciones de EE. UU.También advirtieron que permitir la financiación desde el Gobierno venezolano podría chocar con la política de sanciones y las consideraciones de seguridad nacional. La tensión en la sala es palpable.
El Problema de los Pagos: El Corazón de la Disputa Legal
El pulso económico se ha convertido en una pieza central y explosiva de este caso. La capacidad de los acusados para financiar su defensa legal no es solo una cuestión de procedimiento, sino que toca la médula del debido proceso y los derechos constitucionales.La decisión del juez Alvin K. Hellerstein en la próxima audiencia del 26 de marzo será crucial. Podría sentar un precedente significativo sobre cómo se manejan los fondos estatales en casos de alto perfil internacional y el alcance de las sanciones.
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