El Gobierno nacional ha lanzado una advertencia contundente: si la Corte Constitucional no reactiva la emergencia económica antes del 11 de febrero, expedirá un nuevo decreto. Esta medida busca garantizar la financiación para atender los estragos de las lluvias.Lo más impactante es que este nuevo decreto podría incluir un impuesto al patrimonio para las grandes empresas del país, una decisión que generaría un gran impacto en el sector empresarial y la economía nacional.
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El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha puesto el foco en la decisión judicial, subrayando la urgencia. «Está en manos de ella los recursos para financiar esta emergencia, que es una calamidad pública», afirmó Benedetti ante los medios, resaltando la necesidad crítica de fondos.Estos recursos son vitales para enfrentar los daños masivos provocados por las recientes precipitaciones, que han dejado a su paso destrucción y la necesidad de una respuesta estatal ágil y contundente.
El ministro fue enfático al recalcar que el plazo para que la Corte defina si mantiene o levanta la suspensión del decreto de emergencia vence el 11 de febrero. La presión institucional es palpable y el tiempo se agota.Benedetti puntualizó que la presión viene directamente del presidente: «El presidente dijo, palabras de él, si no estoy mal, que era mañana, si no, la Corte no se pronunciaba de aquí a mañana».La expectativa por la decisión judicial es altísima, ya que de ella depende la reactivación de la emergencia económica. Esto, a su vez, permitiría movilizar recursos extraordinarios a través de instrumentos fiscales cruciales para la reconstrucción.
La Estrategia del Presidente Petro: Ultimátum a la Corte
En el consejo de ministros celebrado en Montería la noche del 9 de febrero, el presidente Gustavo Petro insistió en la urgencia de una definición legal. Su objetivo es evitar retrasos catastróficos en la respuesta estatal ante la calamidad.Petro señaló que el Ejecutivo dispone del «decreto madre», pero se enfrenta a una limitación temporal y de competencias. Esto se debe a la suspensión decretada por la Corte, que ha paralizado la capacidad de acción inmediata.
«Tenemos un problema de tiempos pero también de decisiones de la Corte Constitucional», expresó el mandatario. Advirtió que, si el alto tribunal mantiene la suspensión, el Gobierno deberá convocar a todos los ministros.El objetivo sería aprobar un nuevo estado de excepción y diseñar medidas fiscales alternativas. «No podemos esperar mucho, mañana tendríamos que ver en qué momento se decreta la emergencia», sentenció Petro.El presidente fue claro: «O ver si ellos pueden levantar o no. Si no se puede, tendremos que hacer la convocatoria de todos los ministros, porque si falla uno, se cae». La unidad del gabinete es clave para esta estrategia.
Impuesto al Patrimonio: ¿Quién Pagará la Factura?
Según información de Blu Radio, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, ha detallado los alcances del nuevo decreto. Este se prepara para el escenario en que la Corte no levante la suspensión, delineando un panorama fiscal desafiante.Ávila explicó que, tras la suspensión provisional de la emergencia anterior, las medidas ya adoptadas no pueden repetirse en un nuevo acto administrativo. Esto obliga al Gobierno a buscar soluciones creativas y nuevas vías de financiación.Por ese motivo, la propuesta se centra en la creación de un impuesto al patrimonio dirigido exclusivamente a personas jurídicas. Es crucial destacar que este gravamen excluirá a las pequeñas y medianas empresas, protegiendo así a los emprendedores.El gravamen se aplicaría a patrimonios líquidos a partir de 200.000 Unidades de Valor Tributario (UVT), equivalentes a unos 10.000 millones de pesos. Para este rango, la tarifa sería del 0,6%, un porcentaje significativo.Los patrimonios superiores a 600.000 UVT (aproximadamente 30.000 millones de pesos) enfrentarían una tasa aún mayor, del 1,2%. El Ministerio calcula que aproximadamente 15.000 empresas entrarían en este esquema fiscal.
Ávila puntualizó que la reconstrucción de las zonas afectadas por las lluvias requerirá hasta 8 billones de pesos. Esta cifra astronómica hace indispensable contar con una fuente de financiación robusta y de rápida ejecución.
Emergencia y Presión Fiscal: Un Historial Reciente
La emergencia económica y social declarada en diciembre de 2025 buscaba cubrir un faltante de 16,3 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación para 2026. Un agujero fiscal que urgía ser tapado.El decreto original contemplaba la reducción del umbral de entrada para el impuesto al patrimonio, además de gravámenes adicionales al alcohol, tabaco y juegos de suerte y azar. Una estrategia fiscal integral para abordar la crisis.Tras la suspensión de la Corte, el Gobierno se vio obligado a replantear su estrategia fiscal. El objetivo es evitar un vacío en la atención de la crisis y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.De materializarse esta nueva emergencia, sería la cuarta ocasión en que el Gobierno recurre a un estado de excepción en los últimos tres años. Se suman las declaratorias en La Guajira (2023), el Catatumbo (2025) y la de diciembre pasado.
El Futuro en Manos de la Corte: ¿Qué Viene Ahora?
El país permanece en vilo a la espera del fallo de la Corte Constitucional, una decisión que será determinante. De ella dependerá el curso de la financiación y la respuesta a la emergencia causada por las lluvias.El Ejecutivo mantiene abierta la posibilidad de implementar nuevas herramientas fiscales, subrayando una prioridad inquebrantable: garantizar los recursos necesarios para la reconstrucción y la atención humanitaria.La decisión del alto tribunal no solo marcará el rumbo inmediato de la política fiscal, sino que también sentará un precedente crucial. Definirá la relación institucional entre el Gobierno y la Corte Constitucional en futuras calamidades públicas.
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