Un escándalo de proporciones mayúsculas sacude a Arauca: José Facundo Castillo Cisneros, exgobernador del departamento, ha sido formalmente acusado ante la Corte Suprema de Justicia. Los cargos son graves: contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.La Fiscalía General de la Nación ha puesto el foco en el Contrato de Obra No. 544, firmado en 2014 entre la Gobernación y el Consorcio Desarrollo Vial Arauca. Inicialmente valorado en más de 16.300 millones de pesos, una adición posterior en 2015 disparó su costo total por encima de los 20.900 millones.
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Las irregularidades, según lo expuesto en la audiencia, se remontan a la fase de planeación del proyecto. Se abrió la licitación sin estudios previos de conveniencia ni necesidad, y se omitieron análisis técnicos y económicos cruciales. La planificación de la red eléctrica subterránea y una gestión predial adecuada brillaron por su ausencia.El ente acusador especificó que, bajo la administración de Castillo Cisneros, la Gobernación tramitó el Contrato N° 544 en 2014 con el Consorcio ‘Desarrollo Vial Arauca’. Su objetivo era la construcción de una doble calzada vital, desde la Calle 13 con Carrera 16 hasta la Calle 1A, en el municipio de Arauca.Estas graves anomalías, según la Fiscalía, vulneraron principios fundamentales de la contratación estatal, impactando la transparencia y la correcta gestión de los recursos públicos. El detrimento patrimonial estimado supera los 2.818 millones de pesos, provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (FAEP).
Deficiencias que paralizaron el sueño vial de Arauca
Uno de los puntos más críticos de la Fiscalía se enfoca en los estudios previos del proyecto. Estos no consideraron actividades esenciales, como la conexión de alcantarillado pluvial y sanitario, ni la vital gestión predial para adquirir los terrenos necesarios.La Fiscalía fue contundente: no se definieron los términos ni las condiciones para la gestión y adquisición de predios. Esto es inaceptable para un proyecto declarado de utilidad pública e interés social.Tales deficiencias no solo generaron graves fallos en la planeación contractual, sino que también limitaron la libre competencia de los oferentes. Con ello, se comprometió seriamente el desarrollo social y económico que Arauca tanto necesita.
El historial oscuro: más allá de este escándalo
El exgobernador Castillo Cisneros, quien dirigió Arauca en dos periodos (2012-2015 y 2020-2021), no es ajeno a la justicia. Ya acumula varios procesos penales y disciplinarios por corrupción en la contratación estatal. En mayo de 2025, fue condenado a más de 12 años de prisión por favorecer a un consorcio en la dotación de colegios.Su historial se agrava con una captura en octubre de 2021, donde fue imputado por concierto para delinquir e interés indebido en contratos. También se le acusó de administración desleal y financiación del terrorismo, supuestamente por entregar contratos a personas ligadas al ELN a cambio de protección.
Las víctimas del desfalco: Gobernación y Contraloría
En la audiencia, la Sala Especial de Primera Instancia reconoció formalmente como víctimas a la Gobernación de Arauca y a la Contraloría General de la República. Esta decisión subraya la magnitud del presunto desfalco y el grave detrimento al erario público.La Fiscalía fue clara: las acciones de Castillo Cisneros impactaron directamente la obra vial, afectando la calidad de vida de los araucanos y el patrimonio departamental. No se respetaron los principios de transparencia, planeación, economía e imparcialidad, pilares de la Ley 80 de 1993 y la Constitución.
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