Este 15 de enero de 2026 marca un sombrío aniversario en el municipio de Tibú, Norte de Santander. Se cumple un año del brutal asesinato de una familia, incluyendo un bebé de apenas nueve meses, un crimen que conmocionó a la subregión del Catatumbo. El trágico suceso, registrado sobre la vía principal entre Tibú y Cúcuta, en la vereda La Valera, según informes oficiales, desató una de las confrontaciones armadas más intensas que ha vivido la zona en años recientes.
De acuerdo con la información recopilada por fuentes periodísticas, este abominable acto no solo cobró vidas inocentes, sino que también se erigió como el detonante de una escalada de violencia sostenida entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La disputa por el control territorial en esta estratégica zona fronteriza ha redefinido el panorama de seguridad y la vida de miles de habitantes.
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Desde aquel fatídico día, la pugna por las rutas del narcotráfico y la consolidación de la presencia armada han sumido a varios municipios del Catatumbo en una espiral de inestabilidad. Las autoridades regionales han documentado un incremento alarmante en los desplazamientos forzados, los confinamientos de comunidades y los homicidios, afectando gravemente a poblaciones campesinas y rurales.
A corte del 13 de enero de 2026, el conflicto persiste con una virulencia inquebrantable, sin vislumbrarse una desescalada sostenible. El Puesto de Mando Unificado de la Gobernación de Norte de Santander ha consolidado un balance desolador que refleja la magnitud de la crisis humanitaria y de seguridad en la región.
Balance de Homicidios: Una Cifra Alarmante
El informe oficial detalla 166 homicidios registrados en el marco de esta confrontación. De estas víctimas, 147 eran ciudadanos particulares, 10 menores de edad, seis firmantes del acuerdo de paz y tres líderes sociales que desempeñaban labores comunitarias cruciales. Las cifras evidencian la brutalidad indiscriminada del conflicto sobre la población civil.
La geografía del dolor se concentra principalmente en Tibú, con 92 casos, seguido por Teorama (23), El Tarra (19) y Convención (06). Otros municipios como Hacarí (04), San Calixto (01), Ocaña (01), El Carmen (02), Ábrego (03), Sardinata (05) y Bucarasica (01) también figuran en este trágico recuento. Adicionalmente, 19 integrantes de la Fuerza Pública –11 militares y 8 policías– han perdido la vida en el cumplimiento de su deber en diversas localidades como Convención, Playa de Belén, Puerto Santander, Teorama, Tibú, Ábrego, El Zulia, La Floresta, Río de Oro (Cesar) y El Carmen.
El Drama del Desplazamiento Forzado
En paralelo a la escalada de homicidios, el desplazamiento forzado se ha convertido en la consecuencia humanitaria más devastadora. Un total de 91.726 personas han sido arrancadas de sus hogares en el Catatumbo y sus zonas aledañas. Las amenazas constantes y el control armado ejercido por los grupos ilegales han obligado a miles a huir en busca de seguridad.
Las principales ciudades receptoras de esta población desplazada son Cúcuta, con 44.835 personas, y Ocaña, con 18.538. Tibú acoge a 12.384 desplazados, El Tarra a 6.367, Convención a 2.296 y San Calixto a 1.098, entre otros municipios que han abierto sus puertas a quienes huyen de la violencia. Fuentes regionales han corroborado que miles de campesinos abandonaron sus tierras productivas, impactando negativamente la economía local y el tejido social, especialmente en áreas con fuerte presencia del ELN.
Respuesta Gubernamental: Estado de Conmoción Interior
Ante la persistencia y gravedad de la violencia, el Gobierno del presidente Gustavo Petro decretó el estado de conmoción interior en el Catatumbo. Esta medida excepcional busca implementar acciones extraordinarias en materia de seguridad y orden público, en un intento por contener los enfrentamientos armados y proteger a la población civil, que vive bajo constante riesgo.
A un año de su inicio, la confrontación entre el ELN y las disidencias de las Farc sigue activa en corredores estratégicos de Norte de Santander. A pesar de los operativos y la presencia institucional, el conflicto continúa generando profundos impactos humanitarios y de seguridad en la compleja y vulnerable región del Catatumbo.
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