El destino del salario mínimo en Colombia pende de un hilo. Gobierno, empresarios y trabajadores se reúnen nuevamente para redefinir el incremento que regirá en 2026, tras la impactante suspensión del alza del 23% que había sido decretada. La nación entera espera, ¿se mantendrá la promesa o el ingreso de miles se verá afectado?Este lunes 16 de febrero de 2026 marca un día crucial en Bogotá, con la reanudación de la mesa de concertación. Este encuentro tripartito es vital para el futuro económico de millones de hogares colombianos, en medio de la incertidumbre generada por las recientes decisiones judiciales.La convocatoria, impulsada por el ministro de Trabajo Antonio Sanguino bajo órdenes directas del presidente Gustavo Petro, tendrá lugar en la sede del Ministerio. Allí, la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales buscará un nuevo consenso que marque el rumbo salarial del país.
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¿Por qué esta reunión es URGENTE? El Consejo de Estado HABLA:
La mesa de concertación se ha visto forzada a reactivarse debido a una determinación contundente del Consejo de Estado. Esta alta corte suspendió provisionalmente el Decreto 1469 de 2025, el cual había fijado un aumento del 23% en el salario mínimo.Esta medida judicial es un verdadero terremoto legal. Obliga al Ejecutivo a emitir un nuevo decreto transitorio, con una cifra sólidamente argumentada. Todo esto, mientras el tribunal delibera sobre la legalidad definitiva del incremento inicial.El Gobierno tiene un plazo perentorio de ocho días para expedir este nuevo decreto. Mientras tanto, la cifra previamente establecida sigue en vigor, pero la tensión es palpable. Expertos jurídicos señalan que, aunque no se exigía una nueva negociación, el Gobierno ha optado por la mesa para dar solidez técnica a su próxima decisión.

La VOZ del Gobierno: ¿Qué se ESPERA de Petro y Sanguino?
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, ha sido claro en sus declaraciones: el nuevo decreto debe enfocarse en asegurar un «salario mínimo vital y móvil», tal como lo dicta el artículo 53 de la Constitución Nacional. La prioridad es el bienestar de los trabajadores.Por su parte, el presidente Gustavo Petro ha reafirmado su compromiso con el acatamiento de las decisiones judiciales. Sin embargo, ha enfatizado que sus acciones se enmarcarán estrictamente en el espíritu de la Constitución, buscando proteger el poder adquisitivo.»El decreto transitorio que pide el Consejo de Estado, mientras toma una decisión de fondo, seguirá las órdenes de la Constitución; respetaré su decisión pero actuaré de acuerdo a la Constitución», expresó el mandatario, dejando entrever su postura.

El jefe de Estado también reveló que, además de la mesa de concertación, se reunirá con movimientos sociales para analizar a fondo el nuevo decreto. Esta estrategia busca un respaldo amplio y una comprensión profunda de las implicaciones de la decisión.En un mensaje que generó gran impacto en su cuenta de X, el presidente Petro sugirió que el salario mínimo ideal debería alcanzar los $2.155.000 mensuales. «Ese valor ayudaría a cerrar brechas», aseguró, respaldando el análisis de un prominente economista.

¿Cuánto subirá REALMENTE? Los Criterios CLAVE:
La gran pregunta que todos se hacen: ¿de cuánto será este nuevo aumento? Por el momento, no hay una cifra oficial definida. El Gobierno tiene la tarea de sustentar cualquier incremento basándose en los rigurosos parámetros de la Ley 278 de 1996.Estos criterios técnicos son el corazón de la discusión y la base del nuevo decreto. Incluyen factores macroeconómicos vitales como la inflación, la productividad, el crecimiento del PIB y la contribución de los salarios al ingreso nacional.Es crucial entender que el aumento final podría diferir significativamente del 23% inicialmente propuesto. Todo dependerá de la solidez de la argumentación técnica y del análisis económico que se presente ante el Consejo de Estado.

La Postura EMPRESARIAL: ¿Hay LÍMITES al aumento?
Desde el sector empresarial, la consigna es clara: la decisión debe ser tomada con estricto apego a criterios técnicos y dentro del marco institucional. Los gremios han manifestado su preocupación por la estabilidad económica del país.Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco, interpretó la suspensión del decreto como «un llamado claro al respeto por el Estado de derecho». Subrayó la importancia de los mecanismos institucionales para la concertación laboral, buscando un equilibrio.

El Consejo Gremial Nacional ha reiterado que la fijación del salario mínimo tiene un impacto económico y social gigantesco. Afecta directamente el empleo formal, la inflación, la viabilidad de las empresas y el gasto público, por lo que exigen un «rigor técnico».Bruce Mac Master, presidente de la Andi, enfatizó la urgencia de generar estabilidad y claridad jurídica. «El llamado es a generar estabilidad, confianza y reglas claras que permitan proteger el poder adquisitivo sin poner en riesgo la generación de empleo», afirmó.Acopi también ha expresado su inquietud por la incertidumbre que esta situación genera tanto en empresas como en trabajadores. «Colombia necesita reglas claras, concertación real y estabilidad para proteger el empleo formal», señaló María Alejandra Osorio.

La Reacción de los TRABAJADORES: ¿LUCHARÁN por el 23%?
Las centrales obreras han manifestado su rotundo rechazo a la suspensión del incremento del 23%. Su principal demanda es mantener el nivel anunciado inicialmente, considerando que es un derecho adquirido y una necesidad para sus representados.Fabio Arias, presidente de la CUT, ha sido contundente: los trabajadores «no pueden perder ese derecho constitucional y legal que tiene el Gobierno para redimir y hacer justicia social en Colombia con un salario mínimo de 2 millones de pesos para el año 2026». Las organizaciones sindicales consideran que cualquier disminución sería un retroceso inaceptable en la búsqueda de la justicia social y una mejora real en la calidad de vida de los colombianos.

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