El debate nacional se enciende con acusaciones cruzadas entre el Gobierno y grupos armados en Colombia. La polémica gira en torno a los beneficios judiciales otorgados a cabecillas de las disidencias de las Farc y otras estructuras bajo la controvertida política de Paz Total.
El Ministerio de Defensa, liderado por Pedro Sánchez, ha desmentido con contundencia las denuncias de las disidencias sobre supuestos incumplimientos oficiales. Mientras tanto, la desconfianza hacia el proceso impulsado por el presidente Gustavo Petro no cesa de crecer.
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La pregunta que resuena con fuerza es: ¿ha provocado esta estrategia un alarmante crecimiento de las estructuras criminales y un aumento desmedido de la violencia en el país? Cifras y análisis de Semana ponen en jaque la efectividad del programa.
La Paz Total, bandera del gobierno Petro, concedió la suspensión de órdenes de captura a 205 representantes de grupos armados. Entre ellos, figuras clave del ELN y las disidencias de las Farc, con el objetivo declarado de allanar el camino hacia diálogos y desmantelar organizaciones ilegales.
La senadora Paola Holguín hizo público el desgarrador recuento de órdenes de captura vigentes, revelando la magnitud de los desafíos. Un panorama que incluye a 33 miembros del ELN, 81 de las disidencias de las Farc, 17 de la Segunda Marquetalia y decenas de otros grupos criminales.
Pero la realidad es aún más cruda: según datos oficiales, cuatro de cada diez beneficiados han incumplido los acuerdos o, peor aún, reincidieron en actividades delictivas. Una estadística que ha forzado la reactivación de órdenes de captura y ha puesto en tela de juicio la reciprocidad de los pactos.
Las disidencias de las Farc, por su parte, acusan al Gobierno de “engaños” y falta de cumplimiento en los acuerdos de paz. Una narrativa que el Ministerio de Defensa refuta, señalando que estas acusaciones buscan desviar la atención sobre la verdadera responsabilidad de los grupos armados en la escalada violenta.
La suspensión de capturas, lejos de pacificar, habría permitido a los líderes de estas organizaciones moverse con total libertad. Esto resultó en una expansión territorial sin precedentes, complicando gravemente la acción de la justicia y los mecanismos estatales de control.
Actualmente, la Fiscalía revela que 121 integrantes de organizaciones armadas aún mantienen beneficios judiciales. El resto, sin embargo, es activamente buscado por reincidir en delitos o por incumplir flagrantemente los compromisos adquiridos.
Entre 2022 y 2026, se otorgaron medidas de suspensión de capturas a 33 miembros del ELN, 81 de las disidencias de las Farc y a decenas de otros grupos criminales, sumando una lista preocupante de beneficiarios.
Impacto Explosivo: La Verdad Detrás de la «Paz Total» y sus Consecuencias
El proceso de Paz Total de Gustavo Petro ha significado un desembolso monumental de más de 100.000 millones de pesos en negociaciones, protección y logística. Una inversión pública colosal que, lamentablemente, no ha cumplido las expectativas de desarme ni de reducción de la violencia.
Durante la implementación de esta política, la suspensión de capturas permitió a estructuras como la de «Iván Mordisco» operar impunemente por 459 días. La situación fue aún más grave para la estructura de «Calarcá», con 762 días sin intervención policial.
Paralelamente, el crimen y el reclutamiento forzado de menores se dispararon, con un escalofriante aumento del 160% en el número de nuevos integrantes en estas organizaciones, según datos del Ministerio de Defensa.
La revocatoria de beneficios judiciales ha expuesto una verdad incómoda: varios líderes aprovecharon estas medidas para consolidar sus redes criminales. La Fiscalía ha reactivado 42 detenciones suspendidas tras comprobar reincidencia o fuga en el proceso de negociación.
Casos estremecedores incluyen cabecillas capturados en vehículos oficiales de la Unidad Nacional de Protección (UNP). Estos fueron liberados gracias a sus beneficios judiciales para, posteriormente, ser vinculados a nuevos y graves delitos.
Territorio en Disputa: La Inquiétante Expansión de las Disidencias FARC
Bajo la vigencia de la Paz Total, las disidencias de las Farc han pasado de 3.275 a 9.634 integrantes, una expansión que hiela la sangre. Han ampliado su actividad violenta y control sobre regiones vitales como Guaviare, Meta, Caquetá, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Huila y Chocó.
Leonardo González, director de Indepaz, advierte que «ellos actúan como dictaduras locales y controlan las economías ilícitas». Una declaración que describe la alarmante realidad en varias zonas del país.
Las autoridades han documentado la autoproclamada «república independiente» en Jamundí, impulsada por «Iván Mordisco». También el dominio de municipios por parte de «Calarcá» y el uso de drones explosivos en atentados urbanos y rurales, una nueva y aterradora faceta del conflicto.
El impacto en la fuerza pública es devastador: 173 uniformados fueron asesinados en 2025, la cifra más alta de la década. En total, 376 miembros del Ejército y la Policía han sido víctimas durante la implementación de la Paz Total, según cifras oficiales.
Estos hechos, atribuidos en gran parte a las disidencias, condicionan de manera crítica el debate sobre la continuidad y el verdadero alcance de la política actual de paz. Una situación que exige respuestas urgentes.
Nombres Clave y Crímenes Impunes: ¿Quiénes se Benefician Realmente?
Entre los cabecillas beneficiados figuran nombres tristemente célebres como «Iván Mordisco», «Calarcá», «Panda», «Urías Perdomo» y «Ramiro». Todos ellos vinculados a graves crímenes, control regional y amenazas directas contra la población civil.
Alias «Calarcá», jefe máximo de las disidencias, está señalado por múltiples delitos, incluido el ataque a un helicóptero en Antioquia que cobró la vida de 13 policías y el asesinato de 7 militares en Guaviare.
La fiscal Luz Adriana Camargo ha confirmado a Semana la existencia de pruebas contundentes. Se encontraron órdenes directas de homicidio por parte de «Calarcá», vinculándolo como el responsable intelectual de crímenes recientes.
En una dura crítica, Néstor Humberto Martínez, exfiscal general, afirmó: «se les otorgaron unos beneficios sin que ellos hubiesen convenido ninguna reciprocidad para la sociedad». Una declaración que resalta la asimetría de los acuerdos.
Por su parte, la exministra de Justicia Ángela María Buitrago sostiene que el único camino legal para estos cabecillas es someterse a la justicia ordinaria. Los acuerdos, recalca, no pueden anular la responsabilidad penal ya existente.
El Elevado Precio de la Paz: Un Balance que Genera Alarma
La política de Paz Total ha demandado desembolsos significativos del presupuesto nacional. Solo las negociaciones con el ELN sumaron 32.960 millones de pesos, mientras que los procesos y beneficios para las disidencias de las Farc implicaron otros 34.601 millones.
Los diálogos con la Segunda Marquetalia, el Clan del Golfo, Comuneros del Sur y bandas urbanas han requerido miles de millones adicionales. Fondos destinados a honorarios, protección y logística, según información detallada por Semana.
El balance institucional es desolador: un desgaste creciente de las fuerzas del orden. Las acciones armadas y el fortalecimiento de grupos ilegales han continuado, a pesar de la ingente inversión pública y las garantías ofrecidas por la Oficina del Comisionado de Paz.
Voces expertas, como la de un general retirado de la Policía, advierten que fue un error severo apostar por acuerdos sin medir las consecuencias reales. Un juicio contundente sobre la estrategia implementada.
El porvenir de estas políticas pende de un hilo, dependiendo del posicionamiento del nuevo gobierno. A partir de agosto, las conversaciones de paz pasarán a la siguiente administración, dejando un futuro incierto para la seguridad del país.
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