Según análisis de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), se han registrado progresos significativos en múltiples esferas, destacándose particularmente el proceso de reincorporación de excombatientes. A la fecha, más de 11.000 firmantes persisten en su camino hacia la reintegración a la vida civil, un testimonio de compromiso personal y colectivo, pese a los riesgos persistentes y las serias amenazas de seguridad que aún acechan en diversas regiones del país, impactando directamente su estabilidad y la de sus familias.
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Tierras y Desarrollo Rural: Un Camino Lento pero Esencial
La reforma rural integral, eje central del Acuerdo, avanza con pasos mesurados. La Agencia Nacional de Tierras (ANT) reporta la adjudicación de 16.500 hectáreas hasta agosto de 2025, elevando el total general a 275.577 hectáreas. No obstante, un 84% de estos títulos definitivos de propiedad aún está en proceso de entrega. Este ritmo representa apenas un 9% de la ambiciosa meta de 3 millones de hectáreas destinadas a la redistribución. En paralelo, se han logrado formalizar 3,5 millones de hectáreas, la mitad del objetivo de 7 millones, beneficiando a un 64% de los agricultores y a un 75% de las comunidades étnicas, lo que subraya la importancia de la seguridad jurídica sobre la tierra para el desarrollo sostenible y la cohesión social.
Refuerzo Institucional en Seguridad para la Paz
En el frente de la seguridad, el actual Gobierno ha impulsado medidas clave para proteger a quienes depusieron las armas y a las comunidades más afectadas por la violencia. Se han activado diversas instancias del Sistema Integral para el Ejercicio de la Política (SISEP), un mecanismo diseñado para prevenir y proteger a líderes sociales y excombatientes. Adicionalmente, se aprobó e implementó el Plan Estratégico de Seguridad y Protección (PESP), y se reglamentó el Programa de Protección Integral (PPI), que busca salvaguardar la vida y la integridad de los excombatientes y sus núcleos familiares, reconociendo la persistencia de amenazas en zonas estratégicas del territorio nacional.
Justicia Transicional y Participación Política: Pilares de la Transformación
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se consolida como un actor fundamental en la construcción de verdad y reparación. Ha emitido sanciones trascendentales en casos como el 01, donde siete miembros del último Secretariado de las Farc fueron sancionados por graves crímenes de guerra y lesa humanidad. De igual forma, el caso 03 ha llevado a la sanción de 12 miembros de la Fuerza Pública por asesinatos y desapariciones forzadas en la región Caribe, evidenciando un compromiso con la justicia imparcial. En el ámbito político, el partido Comunes, surgido de la desmovilización de las Farc, afronta su último período legislativo con sus diez escaños asegurados. A partir de las próximas elecciones, sus integrantes deberán competir en igualdad de condiciones con otras fuerzas políticas, lo que representa un hito crucial en su plena integración democrática.
Desafíos Pendientes: Reformas Estancadas y Avance Rural
Pese a los progresos, la implementación del Acuerdo aún se topa con escollos significativos. Persisten desafíos en la reincorporación integral, la sustitución efectiva de cultivos ilícitos y la consolidación de la justicia transicional y la reforma rural. La Jurisdicción Agraria y Rural, una instancia vital para dirimir los complejos conflictos por la tierra y garantizar su acceso equitativo, permanece estancada en el Congreso. La Defensoría del Pueblo ha hecho un llamado urgente a acelerar los dos debates pendientes para su aprobación y puesta en marcha, subrayando su importancia estratégica para la paz territorial.
Programas de Sustitución de Cultivos y Economía Lícita
El Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), pieza clave para desmantelar la economía de la droga, ha avanzado en la firma de más de 56.000 planes de inversión. No obstante, solo un 1,5% de las familias beneficiarias ha recibido una atención completa, evidenciando demoras en su ejecución. Complementariamente, el Programa RenHacemos ha logrado incorporar a 3.913 personas, comprometiendo 5.885 hectáreas para su transición hacia economías lícitas y sostenibles, buscando alternativas a los cultivos de uso ilícito.
Derechos Humanos y Protección a Víctimas: Compromisos Irrenunciables
El Acuerdo ha reforzado de manera sustancial la protección y asistencia a las víctimas del conflicto. La promulgación de la Ley 2421 de 2024 y la coordinación de políticas públicas con un enfoque diferencial de género y diversidad son pasos adelante. La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) ha realizado una labor humanitaria invaluable, recuperando 1.239 cuerpos, logrando 162 entregas dignas y localizando con vida a 141 personas, ofreciendo consuelo y verdad a miles de familias. Sin embargo, la Misión de Verificación de la ONU ha documentado una realidad sombría: 481 excombatientes asesinados, 164 intentos de homicidio y 57 desapariciones desde la firma del Acuerdo, cifras que evidencian la persistencia de la violencia. Regiones como Bolívar y Antioquia continúan siendo escenarios de graves violaciones a los derechos humanos, desplazamientos forzados y violencia sexual, retos que demandan una acción estatal contundente.
Reforma Rural Integral: Hacia un Desarrollo Sostenible y Equitativo
En el ámbito de la reforma rural, el Estado ha adquirido más de 640.000 hectáreas destinadas al Fondo de Tierras, de las cuales 250.703 han sido entregadas con carácter redistributivo. Este esfuerzo busca corregir inequidades históricas en la distribución de la tierra. Adicionalmente, la creación de Zonas de Reserva Campesina, incluso en Áreas de Reserva Forestal, proporciona seguridad jurídica a miles de familias campesinas y fomenta un modelo de desarrollo rural sostenible, respetuoso con el medio ambiente y las comunidades locales.
Política de Drogas: Hacia un Enfoque Integral y Ambiental
La nueva Política de Drogas 2023–2033 marca un cambio de paradigma, adoptando un enfoque más ambiental y de corresponsabilidad internacional. Su ambiciosa meta es reducir 90.000 hectáreas de cultivos de coca para 2026, no solo a través de la sustitución, sino también mediante estrategias de conservación y restauración de ecosistemas. Esta visión integral busca atacar las raíces del problema, promoviendo alternativas económicas lícitas y sostenibles en los territorios.
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