El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el traslado de otros $5 billones desde los fondos privados de pensiones hacia Colpensiones, decisión que se suma al freno de más de $20 billones que ya había impuesto semanas atrás y que termina por congelar completamente el Decreto 415 de 2026 expedido por el Gobierno Nacional, mientras se resuelve de fondo la demanda de nulidad. Aunque Petro alertó sobre un eventual riesgo para el pago de pensiones, sectores políticos y gremiales respondieron que Colpensiones tiene capacidad para cumplir sus obligaciones.

Johan Eduardo Rojas López
johan.rojas@lanacion.com.co

Provisionalmente, fue suspendido en su totalidad el Decreto 415 del 20 de abril de 2026, mediante el cual el Gobierno de Gustavo Petro reglamentó el traslado de cerca de $25 billones desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), manejado por los fondos privados, hacia el Régimen de Prima Media, administrado por Colpensiones.

La decisión adoptada por el Consejo de Estado se dio en dos momentos. El primer traspié ocurrió el 28 de abril, cuando la Sección Segunda congeló parcialmente el acto administrativo e impidió el traslado de cerca de $20 billones correspondientes a afiliados que aún no consolidaban su derecho pensional. Sin embargo, ayer el alto tribunal amplió el alcance de la determinación sobre los $5 billones restantes, recursos que debían ser girados este jueves y que corresponden a personas que ya cumplieron todos los requisitos de pensión. Así, dejó completamente paralizado el decreto.

Según el despacho, la solicitud de medida cautelar fue tramitada de manera urgente debido a que el acto administrativo establecía plazos reducidos para ejecutar el traslado de los recursos, situación que podría tornar ineficaz una eventual decisión posterior de la jurisdicción contenciosa administrativa.

“El Decreto 415 de 2026 excedió la potestad reglamentaria prevista en el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución, al ordenar a las administradoras de fondos de pensiones girar a Colpensiones los recursos de las cuentas de ahorro individual de los afiliados que ejercieron la oportunidad de traslado del artículo 76 de la Ley 2381 de 2024, cuando esa misma ley, en el artículo 24, los había destinado al Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo”, explicó.

La providencia también advirtió que el propio Ejecutivo, mediante el Decreto 1225 de 2024, había reconocido previamente que los recursos de las cuentas de ahorro individual debían permanecer en poder de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hasta la consolidación del derecho pensional o hasta la entrada en funcionamiento del Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo.

Bajo esa lógica, concluyó que introducía una modificación sustancial frente al esquema originalmente previsto por la reforma pensional, razón por la cual decidió extender la medida cautelar y suspender integralmente sus efectos mientras se resuelve de fondo la demanda de nulidad.

Nuevo llamado a la constituyente

Tras quedar sin efectos el decreto, el presidente Gustavo Petro volvió a insistir en la necesidad de una constituyente y lanzó fuertes críticas contra el alto tribunal y los fondos privados de pensiones.

A su juicio, la determinación del Consejo de Estado “acaba con el derecho a la pensión”, lo cual, según señaló, no debe ser permitido por el pueblo trabajador.

“La Constitución de 1991 floreció en derechos para la gente. Un poder constituido como el Consejo de Estado no tiene ninguna legitimidad en anular los derechos de la gente que trabaja. Esa es una decisión inconstitucional y es un golpe de Estado contra el pueblo constituyente y soberano. La Corte Constitucional tiene la oportunidad histórica de dignificar la justicia colombiana. Ojalá lo haga”, afirmó el mandatario.

Petro igualmente arremetió contra los principales grupos financieros del país y aseguró que el alto tribunal actuó para favorecer intereses privados por encima de los derechos de los trabajadores. Sentenció, en esa línea, que el pueblo es quien decide.

“El pueblo trabajador debe votar por sus derechos. Pero no solo es elegir un Presidente, sino cambiar los poderes que se oponen ilegítimamente a los derechos del pueblo constituyente. Es la hora de la dignidad y los derechos; esto es irreversible. Ante la injusticia, poder constituyente del pueblo”, manifestó la primera autoridad del país.

Por lo anterior, pidió demandar penalmente al magistrado ponente Juan Enrique Bedoya Escobar por prevaricato.

El riesgo que advierte el Gobierno Petro

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, también salió al ruedo. Dijo que no tiene lógica que el Estado pague las pensiones mientras los fondos privados conservan los recursos de las y los trabajadores.

“Los derechos de los pensionados y la sostenibilidad del sistema deben estar siempre por encima de los intereses del gran capital financiero”, afirmó el funcionario público, quien además subrayó que el Consejo de Estado será responsable de una eventual suspensión en el pago de pensiones ya consolidadas, cuyos ahorros siguen atrapados en los fondos privados para su usufructo.

Y complementó: “Esta decisión genera profunda preocupación y debe ser una alerta para el país. Respetamos las decisiones judiciales, pero no se comprende que esta suspensión se extienda a personas cuyo derecho pensional ya fue reconocido y hoy es asumido por Colpensiones”.

Desde el Ministerio de Hacienda se reforzó la idea de que dicha suspensión provisional impide el pago de las obligaciones pensionales de los afiliados trasladados a Colpensiones.

¿Petro miente?

En contraste, el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Andrés Velasco, celebró la decisión, que, de hecho, recibió con beneplácito.

Detalló que con la determinación “se protegen los $25 billones del ahorro pensional de los ciudadanos, recursos que la misma reforma había previsto para respaldar el pago de las pensiones en el futuro”.

María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), por su parte, anotó que la suspensión no constituye una decisión de fondo, aunque sí establece “un límite necesario” frente al alcance de las facultades del Ejecutivo.

“La ley puede ser reglamentada mediante decreto, pero no modificada en aspectos que corresponden al Congreso. Cuando el Gobierno intenta cruzar esa línea, se debilitan los controles, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana”, señaló.

La dirigente gremial agregó que la decisión del alto tribunal deja en evidencia la importancia de los contrapesos institucionales.

Mientras tanto, la candidata presidencial Paloma Valencia desmintió al Gobierno Petro al asegurar que el fallo no pone en peligro el pago de las pensiones. “Colpensiones tiene suficientes recursos y le sobra para pagar las pensiones. De los más de 120 mil trasladados, más de 20 mil están pensionados y más de 100 mil siguen cotizando. Las pensiones de los más de 20 mil pensionados cuestan 450 mil millones de pesos al año. Las cotizaciones de los más de 100 mil que no se han pensionado aportan 600 mil millones de pesos al año. Después de descontar costos administrativos y otros, Colpensiones queda con 1,25 pesos de cotizaciones por cada peso que tiene que pagar de pensión”, apuntó.