Las elecciones presidenciales de Colombia en 2026 comienzan a dibujar un panorama inusualmente denso, marcado por una cifra récord de precandidatos que optan por la recolección de firmas ciudadanas. La Registraduría Nacional del Estado Civil ha revelado recientemente un listado extenso de movimientos, algunos con nombres llamativos como “Seres de luz” o “Al borde del abismo”, y liderados por figuras en gran parte desconocidas para el gran público. Esta situación suscita interrogantes cruciales sobre la salud de la democracia colombiana y la eficacia de los mecanismos de participación cívica.
Analistas políticos y expertos coinciden en que este fenómeno es un reflejo de una doble problemática: por un lado, una notable crisis de liderazgo en los partidos tradicionales, que abre la puerta a aspirantes fuera de las estructuras consolidadas. Por otro lado, señalan un uso controversial del mecanismo de recolección de firmas, concebido originalmente para facilitar la participación ciudadana independiente, pero que en la práctica se ha desvirtuado, convirtiéndose a menudo en una herramienta de campaña estratégica más que en una expresión genuina de apoyo popular.
LE PUEDE INTERESAR: Iban a acusar a más aliados de Quintero y no pudieron porque uno se quedó sin abogado
La escalada en el uso de este mecanismo es estadísticamente contundente. En menos de cuatro años, el número de movimientos que han elegido la vía de las firmas para avalar sus candidaturas presidenciales ha crecido un impresionante 75%. Las últimas cifras de la Registraduría indican que la inscripción de “grupos significativos de ciudadanos” ha alcanzado los 91 comités, lo que representa un aumento de 39 movimientos respecto a los 52 registrados en 2022. Esta tendencia ascendente no es reciente; en 2010 solo hubo dos movimientos de firmas para la Presidencia, aumentando a 14 en 2014, y llegando a 45 en 2018. Incluso para el Congreso, se contabilizaron 79 comités en los pasados comicios, lo que resalta la creciente popularidad de este método.
La Registraduría misma ha expresado su preocupación, destacando que “para estos comicios, el número de comités inscritos superó ampliamente el de las anteriores elecciones presidenciales, siendo la cifra más alta registrada desde la creación del mecanismo de inscripción por firmas”. Este auge impone una carga operativa sin precedentes al organismo electoral, que tendrá la titánica labor de revisar más de 59 millones de firmas. Esta cantidad es casi superior al número de habitantes mayores de edad en Colombia, considerando que una misma persona puede firmar en apoyo de varios comités, lo cual añade una capa de complejidad al proceso de validación.
Un Mecanismo de Doble Filo: Entre la Participación y la Campaña Anticipada
Aunque el propósito original de la recolección de firmas es loable –permitir a los ciudadanos sin afiliación partidista un camino para postularse a cargos de elección popular, eludiendo las rígidas estructuras de los partidos tradicionales–, en la práctica, su uso se ha desviado. Este mecanismo se ha transformado en una estrategia eficaz para iniciar campañas electorales de manera anticipada. A diferencia de las campañas financiadas por partidos, las actividades de recolección de firmas carecen de límites claros en la financiación y pueden arrancar mucho antes de las fechas oficiales de inscripción de candidaturas.
Organizaciones de monitoreo electoral como la Misión de Observación Electoral (MOE) y Transparencia por Colombia han alertado que la recolección de firmas se ha convertido en un método para “medir la popularidad electoral”. Esto permite a los aspirantes evaluar su nivel de apoyo y, en consecuencia, negociar avales y coaliciones con las organizaciones políticas ya existentes, utilizando las firmas como una demostración de fuerza política o un activo negociable.
El hecho de que la inscripción de grupos significativos de ciudadanos comenzara el 31 de mayo de este año otorga una ventaja considerable a estos aspirantes, permitiéndoles activar sus campañas con un año de antelación a las elecciones de 2026. Por el contrario, los candidatos que dependen de avales partidistas solo podrán iniciar sus campañas formalmente cuatro meses antes de la primera vuelta (a partir del 31 de enero de 2026), generando una disparidad temporal significativa en la contienda electoral.
Figuras Conocidas en la Carrera de las Firmas y el Riguroso Proceso de Verificación
El actual listado de comités presidenciales incluye a diversas figuras públicas de alto perfil. Entre ellas se encuentran el exministro Mauricio Lizcano; la exalcaldesa de Bogotá Claudia López; el exdirector del DANE Juan Daniel Oviedo; el exsenador David Luna; la periodista Vicky Dávila; el exministro Mauricio Cárdenas; el abogado Abelardo de la Espriella; y exgobernadores como Aníbal Gaviria de Antioquia y Héctor Olimpo Espinosa de Sucre. Estos nombres reconocidos también han optado por el camino de las firmas para lanzar o consolidar sus aspiraciones.
Para que una aspiración sea oficialmente avalada, la autoridad electoral exige un mínimo de 635.216 firmas válidas. Este umbral no es aleatorio; corresponde al 3% de los votos válidos registrados en la primera vuelta presidencial de 2022, que ascendieron a 21.173.842 sufragios. Es un requisito considerable que solo los comités con una estructura organizativa robusta y un amplio respaldo popular podrán cumplir.
Las campañas tienen hasta el 17 de diciembre para entregar las firmas recolectadas. A partir de esa fecha, la Registraduría se enfrenta a un desafío considerable: verificar aproximadamente 59 millones de firmas antes del 21 de enero de 2026. Este proceso es fundamental para determinar cuáles grupos significativos de ciudadanos cumplen con los requisitos estipulados por la Ley 996 de 2005, lo que representa una carga administrativa extraordinaria para el sistema democrático.
El Intrincado Proceso de Verificación de Firmas
Una vez que las firmas son entregadas a la Dirección de Censo Electoral de la Registraduría, se activa un procedimiento de verificación que es tan meticuloso como complejo. Las firmas se organizan en tomos de cien hojas, y a cada uno se le asigna una cadena de custodia que asegura su trazabilidad ininterrumpida desde la entrega hasta la revisión final.
El Grupo de Verificación de Firmas inicia el proceso digitalizando el 100% de los tomos. Esta información se carga en una plataforma avanzada que utiliza tecnología de Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR). Esta herramienta permite confirmar que los números de cédula coinciden con los nombres de los titulares y, crucialmente, que cada ciudadano ha brindado su apoyo una única vez, evitando así duplicidades.
A pesar de la automatización, la verificación no depende exclusivamente de la tecnología. Si una cédula no aparece en la base de datos del Archivo Nacional de Identificación (ANI), el apoyo se marca como “No ANI”. Además, se lleva a cabo una revisión manual exhaustiva para verificar si el ciudadano firmante está inhabilitado para participar en procesos electorales. Las firmas con datos ilegibles o incompletos son anuladas de forma inmediata, lo que subraya la rigurosidad del control.
La fase más especializada del proceso es la revisión pericial. Aquí, grafólogos expertos analizan las firmas una a una, comparándolas con los registros oficiales disponibles. Todo este escrutinio detallado queda consignado en un informe técnico emitido por el Grupo de Verificación, que a su vez sirve de base para que la Dirección de Censo Electoral emita la certificación final sobre si se ha cumplido o no con el número mínimo de firmas requeridas.
Avances de Algunos Precandidatos y Precedentes Históricos
A menos de un mes para el plazo límite de entrega, varios comités han reportado progresos significativos. Mauricio Lizcano, con el movimiento “Firme con Lizcano colombianísimo”, afirmó a finales de octubre haber recolectado 1.250.000 firmas, casi el doble de lo necesario. Similarmente, Claudia López y su movimiento “Imparables” declararon tener 850.000 firmas, con el objetivo de alcanzar el millón. Vicky Dávila, con “Valientes”, reportó en septiembre haber superado las 500.000 firmas, y Abelardo de la Espriella, con “Defensores de la Patria”, ha proyectado llegar a los 3 millones de apoyos. David Luna, con “Sí hay un camino”, anunció 1.045.000 firmas verificadas internamente, y Héctor Olimpo Espinosa, del movimiento “Colombia diferente”, entregó esta semana 1.700.000 firmas.
Es importante recordar que Álvaro Uribe Vélez es el único presidente de Colombia que ha sido elegido tras inscribirse mediante este mecanismo. Lo hizo en la campaña de 2002 con su movimiento “Primero Colombia”, luego de distanciarse del Partido Liberal. En aquel entonces, los requisitos eran distintos, y Uribe necesitó cerca de 50.000 firmas para avalar su candidatura, una cifra considerablemente menor a la exigida actualmente, lo que demuestra cómo las normas se han endurecido con el tiempo.
Vacíos de Control y Recomendaciones de la MOE
La MOE ha enfatizado que, a pesar de la ausencia de topes de financiación específicos para la fase de recolección de firmas, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sí ha establecido la obligación de rendir informes de ingresos y gastos. Sin embargo, persiste un vacío crítico: “a la fecha no se ha habilitado la consulta pública del aplicativo Cuentas Claras para los reportes correspondientes al proceso de recolección de apoyos adelantado por los comités inscriptores en el marco de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026”, advirtió el organismo.
Esta falta de transparencia no es un detalle menor. Impide a la ciudadanía y a los organismos de control conocer el origen, el destino y el volumen total de los recursos financieros que se están movilizando durante esta etapa crucial. En esencia, hay una zona gris donde el dinero puede fluir sin un escrutinio público adecuado, lo que compromete la equidad del proceso.
El control pleno sobre la financiación solo se activa después de la inscripción formal de la candidatura, es decir, cuando un aspirante se convierte oficialmente en candidato. Si un comité no logra el número mínimo de firmas requerido, todas las actividades de gasto y recolección de fondos realizadas previamente quedan fuera del marco de la regulación y fiscalización, creando una laguna legal que podría ser explotada.
La MOE también ha señalado que la postulación a la Presidencia a través de grupos significativos de ciudadanos exime a los aspirantes de la póliza de seriedad. Este requisito, establecido en el artículo 9 de la Ley 130 de 1994, aplica para campañas a alcaldías, gobernaciones o al Congreso, pero no para los comités de firmas en las elecciones presidenciales, lo que representa otra disparidad regulatoria que podría afectar la integridad del proceso.
Ante este panorama, la MOE subraya que la recolección de firmas puede ser utilizada estratégicamente para posicionar candidaturas de manera anticipada y sin las restricciones financieras y temporales de una campaña oficial. Por ello, ha exigido “un fuerte control institucional” para evitar que esta fase se convierta en una forma encubierta de campaña, instando a una vigilancia estricta sobre los recursos.
“Dicho control debe estar acompañado de una vigilancia estricta sobre los recursos utilizados, en aras de proteger la equidad y la integridad del proceso electoral”, añadió el ente, remarcando la importancia de la transparencia para mantener la confianza en el sistema y asegurar una competencia justa.
A pesar de estas preocupaciones, el organismo reiteró que los grupos significativos de ciudadanos son un mecanismo fundamental “para permitir la participación de ciudadanos no afiliados a partidos o movimientos políticos con personería jurídica, garantizando así su derecho a postularse de manera independiente a través de la recolección de apoyos”. La clave, por tanto, reside en encontrar un equilibrio entre garantizar este derecho democrático y establecer una regulación efectiva que prevenga posibles abusos y asegure la equidad electoral.
LEA MÁS: Masacre de Mesitas: Ajuste de cuentas
La Hermosa Stereo: Más cerca de la verdad.
Comentarios