La discusión sobre el ajuste del salario mínimo que regirá a partir de enero de 2026 comienza a tomar forma como uno de los debates económicos más cruciales del año en curso. Aunque la negociación formal entre el sector empresarial, los trabajadores y el Gobierno colombiano está programada para iniciar el 1 de diciembre, las posturas y argumentos clave ya han emergido, marcando el terreno para una confrontación de ideas significativa.
A pesar de que las partes de la mesa de concertación aún no han oficializado sus propuestas numéricas, ya se han presentado puntos de vista que influirán decisivamente en la cuantía final. Estos argumentos, basados en proyecciones económicas y principios de justicia social, definen el marco inicial de la negociación.
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El Conflicto de Cifras: Fedesarrollo vs. Gobierno
Una de las propuestas que ha captado mayor atención proviene de Fedesarrollo, el centro de pensamiento económico, que ha sugerido un incremento salarial cercano al 7%. Esta cifra se contrapone a la visión del Gobierno, desde donde se ha deslizado la posibilidad de elevar el salario mínimo hasta los 1.800.000 pesos, una meta que ha generado diversas expectativas y reacciones en el panorama económico nacional.
El Ministerio del Trabajo ha confirmado que el proceso de discusión oficial comenzará el viernes 21 de noviembre, siempre y cuando todos los actores de la mesa de concertación aprueben el cronograma establecido para las negociaciones.
Contexto Económico Desafiante para el Ajuste Salarial
Este debate se enmarca en un escenario económico particularmente complejo. Colombia enfrenta una menor expansión de su actividad productiva, restricciones fiscales considerables y una inflación que, tras un periodo de descenso, ha mostrado señales de estancamiento o incluso un leve repunte en los últimos meses. Este panorama añade una capa de dificultad a la toma de decisiones sobre el salario mínimo, ya que cualquier ajuste deberá ponderar cuidadosamente sus efectos sobre la economía en general.
Los analistas económicos concuerdan en que el principal desafío será encontrar un equilibrio entre la necesidad de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y la imperiosa estabilidad macroeconómica del país.
La Perspectiva Técnica de Fedesarrollo: Moderación es Clave
Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, ha sido una voz prominente en este debate, argumentando que un incremento para 2026 no debería exceder el 7% basándose en fundamentos técnicos. Según Mejía, las proyecciones de inflación para 2025 rondan el 5,3%, mientras que la productividad laboral se estima cercana a cero o incluso negativa. Un aumento por encima de este umbral, advierte, podría generar presiones inflacionarias adicionales y afectar el mercado laboral, impactando negativamente la creación de empleo y la formalidad.
Mejía ha enfatizado que el crecimiento del empleo ha superado el de la producción, lo que ha redundado en una productividad estancada, un factor crucial en la fórmula para calcular el ajuste salarial.
La Visión Gubernamental: Salario de 1.800.000 Pesos
La propuesta de Fedesarrollo surgió como una respuesta directa a declaraciones de funcionarios gubernamentales, como el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien manifestó que el salario mínimo debería alcanzar los 1.800.000 pesos en 2026. Esta cifra, que representaría un incremento cercano al 11%, ha sido respaldada en ocasiones por el presidente Gustavo Petro, generando una discusión inmediata entre economistas y representantes del sector empresarial.
Implicaciones de las Propuestas Numéricas
Para comprender la magnitud de estas diferencias, consideremos el salario mínimo actual sin auxilio de transporte, fijado en 1.423.500 pesos. Si se aplicara un aumento del 7%, el salario llegaría a 1.523.145 pesos, es decir, un incremento de 99.645 pesos. En contraste, una subida del 11%, como la sugerida por el Gobierno, elevaría el monto a 1.580.085 pesos, lo que implica 156.585 pesos adicionales. Estas brechas numéricas evidencian la distancia entre los análisis técnicos y las aspiraciones políticas detrás de la discusión.
Lecciones del Ajuste Salarial Anterior y el Riesgo Inflacionario
Un punto de gran preocupación es el impacto del aumento del salario mínimo decretado para 2025, que incluyó el auxilio de transporte y alcanzó el 11%. Mejía ha señalado que este ajuste ya ha tenido efectos palpables, contribuyendo a que la inflación experimente cuatro meses consecutivos al alza y obstaculizando la reducción de la tasa de interés por parte del Banco de la República. Este antecedente sirve como advertencia sobre el riesgo de replicar una presión inflacionaria similar en 2026, lo que erosionaría el poder de compra de los hogares y afectaría la estabilidad general de precios.
La Búsqueda de un Ajuste Responsable
A pesar de las advertencias, otro argumento fundamental en la negociación es la imperativa necesidad de garantizar que los trabajadores no pierdan su capacidad adquisitiva. Mejía, no obstante, insiste en que un aumento de hasta el 7% permitiría compensar la inflación esperada sin generar distorsiones significativas. Una decisión desproporcionada, advierte, podría dañar la formalidad laboral, frenar la creación de empleo y obstaculizar el proceso de desaceleración inflacionaria que el país busca consolidar.
Conforme se aproxima la fecha de negociación, los diversos actores involucrados hacen un llamado a alcanzar un ajuste “responsable”. El objetivo es proteger el ingreso de los trabajadores que perciben el salario mínimo sin comprometer la estabilidad macroeconómica. La mesa de concertación deberá analizar un abanico de variables, que incluyen la inflación, la productividad, el crecimiento económico y la situación del mercado laboral, así como las demandas sociales que tradicionalmente influyen en este debate. Las discusiones de este año se inician con un panorama económico más incierto y con expectativas políticas más acentuadas, dada la proximidad al cierre del actual gobierno.
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