Imágenes difundidas en redes sociales confirmaron un grave incidente en el cañón del Micay, Cauca. Durante la Operación Perseo II, 45 miembros de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 4, pertenecientes a la Tercera División del Ejército Nacional, fueron secuestrados en una acción violenta ocurrida la tarde del domingo en la vereda Los Tigres, corregimiento de San Juan de Micay, municipio de El Tambo.
El presidente Gustavo Petro emitió un llamado público instando a la liberación inmediata de los soldados cautivos:
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El campesinado del Micay sabe que es hora de empezar la sustitución de cultivos de manera pacífica.
Es la oportunidad. Dejen los soldados libres, pueden ser sus hijos. Los hijos de Colombia deben abrazarse y sobrevivir a sus padres. La comisión de dialogo esta lista y es palabra…
— Gustavo Petro (@petrogustavo) September 8, 2025
Según el comunicado oficial del mando militar, aproximadamente 600 individuos, presuntamente en complicidad con la estructura criminal Carlos Patiño (disidencias de las FARC), obstaculizaron el despliegue de las tropas, impidiendo el cumplimiento de sus funciones en la región. Esta acción, se afirma, buscaba consolidar el control de rutas estratégicas utilizadas para el tráfico de drogas y la minería ilegal.
El comunicado del Ejército puntualiza que, como consecuencia de este acto de violencia, 45 militares permanecen secuestrados.
La Tercera División del Ejército Nacional calificó los hechos como graves violaciones a los derechos fundamentales y a la Constitución, constituyendo delitos tipificados en el Código Penal (Ley 599 de 2000), incluyendo secuestro simple, concierto para delinquir, violencia contra servidor público y obstrucción a la función pública. Se han iniciado las acciones legales correspondientes ante las autoridades competentes para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.
El Ejército Nacional solicita la colaboración ciudadana para obtener información que permita identificar y judicializar a los autores de este crimen. Asimismo, se exhorta al respeto por las instituciones del Estado y se rechaza enérgicamente la coacción y el uso de las comunidades por parte de grupos armados ilegales.
Se ha realizado un llamado a los organismos internacionales de derechos humanos para que condenen enérgicamente las acciones de estos grupos al margen de la ley, responsables de la intimidación de poblaciones vulnerables y del fortalecimiento de sus actividades criminales a través de economías ilícitas basadas en el narcotráfico.
El Ejército mantiene su presencia en la zona, trabajando activamente para restablecer el orden público y lograr la liberación segura de los militares secuestrados. Se reitera el compromiso con la protección de la población civil y el respeto irrestricto a los derechos humanos.
Cabe recordar un incidente similar ocurrido en junio pasado en el mismo municipio de El Tambo, donde 57 militares fueron retenidos y liberados posteriormente gracias a la mediación humanitaria de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
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