El proyecto de reforma tributaria, o «ley de financiamiento», presentado ante la Cámara de Representantes por el Ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, comprende 95 artículos estructurados en cuatro capítulos: Gasto Tributario, Renta y Patrimonio, Otros Impuestos y Medidas DIAN.

El Ministro aseguró que la iniciativa no afectará los productos de la canasta familiar. Destacó su carácter progresivo, implementándose gradualmente para evitar un impacto negativo en las clases populares y medias. El enfoque principal recae en personas con mayores ingresos, buscando preservar la generación de empleo y el crecimiento económico nacional.

Entre las propuestas más relevantes de la Ley de Financiamiento se encuentran:

– Incremento del IVA del 5% al 19% para vehículos híbridos.

– Aumento del IVA al 19% para bebidas alcohólicas (aguardiente, ron, whisky, brandy, vodka y vinos).

– Implementación de un IVA del 19% para juegos de suerte y azar.

– Aumento gradual del IVA para la gasolina y el ACPM: 10% en 2026 y 19% en 2027 (con el objetivo de desincentivar el uso de combustibles fósiles).

– Aumento del IVA al 19% para el carbón carburante a partir de julio de 2026.

– Aplicación de un IVA del 19% a los hospedajes de no residentes.

– Implementación de un IVA del 19% al componente inflacionario de los rendimientos financieros.

– IVA del 19% para servicios de software y procesamiento en la nube.

– IVA del 19% a cirugías estéticas, alquiler de espacios para exposiciones y servicios de transporte de valores.

– Impuesto al Patrimonio: comienza en 0,5% para patrimonios hasta $2.000.000 y aumenta gradualmente hasta el 5%.

– Aumento del impuesto a ganancias ocasionales por rifas y apuestas del 20% al 30%.

– Sobretasa del 15% a la extracción de carbón.

– Sector financiero: incremento de la sobretasa del 35% al 50%.

– Dividendos enviados al exterior: aumento del impuesto del 20% al 30%.

– Impuesto especial del 1% a la primera venta o exportación de petróleo crudo y carbón, excluyendo a pequeños productores.

– Incremento del impuesto al consumo de bienes de lujo (vehículos, yates, motos) del 16% al 19%.

– IVA del 19% a boletas para espectáculos, eventos deportivos y de entretenimiento con valor superior a $500.000.

– IVA del 10% para cigarrillos por cajetilla y del 30% para vapeadores o cigarrillos electrónicos.

– Alcohol: unificación de las tasas de acuerdo al grado de alcohol, con un IVA sobre el precio final que alcanzará hasta el 30%.

El Ministro de Hacienda mencionó la posibilidad de gravar criptoactivos y actividades comerciales no relacionadas con el culto religioso, aunque aún no se ha definido la tasa impositiva.

El Ministro añadió: “Estamos construyendo un gran pacto fiscal que no solo atiende las necesidades de financiación para 2026, sino que garantiza la estabilidad fiscal y macroeconómica para el próximo gobierno, independientemente de quién lo lidere. Aspiramos a continuar el proyecto de transformación del Presidente Gustavo Petro, y por ello somos responsables en la presentación de este proyecto, que busca la estabilidad financiera a mediano plazo del país.”

La exposición de motivos del proyecto justifica la propuesta como un esquema transitorio que, mediante la activación de la cláusula de escape de la Regla Fiscal, permite financiar el Estado sin ajustes drásticos que comprometan la recuperación económica. Se promueven reformas de ingresos y mejoras en la eficiencia del gasto para corregir desequilibrios estructurales, priorizando una planeación financiera realista y coherente con los objetivos de desarrollo económico y social.

Se enfatiza la necesidad de proteger y fortalecer la inversión pública en sectores estratégicos como infraestructura, educación, salud y transición energética. Se argumenta que reducir la inversión pública ampliaría las brechas existentes y debilitaría el crecimiento económico a mediano plazo. La sostenibilidad fiscal se presenta como un requisito para un crecimiento más sólido, equitativo y sostenible.

Se destaca la importancia de aumentar la tasa de inversión de la economía por encima del 20% para incrementar el ingreso nacional, con un crecimiento económico superior al 3% como condición para la sostenibilidad de las finanzas públicas.

En cuanto a la recaudación, el Proyecto de Ley de Financiamiento prevé ingresos adicionales por $26,3 billones (bn) para 2026 (1,4% del PIB). Este incremento se centra en la reducción progresiva del gasto tributario en ciertos impuestos y en la aplicación de gravámenes a externalidades negativas como la contaminación por combustibles fósiles y emisiones de carbono, así como al consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y otros bienes y servicios. Se busca fortalecer la equidad y eficiencia del sistema tributario, promoviendo hábitos responsables y saludables y contribuyendo a la sostenibilidad ambiental y sanitaria. Se estima un recaudo permanente a partir de 2027, en promedio, de 1,5% del PIB.

La exposición de motivos advierte que los impuestos al valor agregado y consumo de bebidas alcohólicas, junto con el aumento del impuesto a los cigarrillos, tendrían mayor incidencia en los hogares de bajos ingresos. Si bien las estimaciones indican que el pago de impuestos a bebidas alcohólicas se concentra en los deciles de ingresos más altos, en términos relativos al ingreso, los hogares de menores ingresos destinan una mayor proporción a estos impuestos, especialmente en bebidas alcohólicas y cigarrillos. Se estima un incremento de 0,3 puntos porcentuales en la pobreza monetaria debido a estas medidas.

Se reconoce que, aunque el incremento de las tarifas de estos impuestos indirectos afecta a los hogares más vulnerables, se busca modificar hábitos de consumo con efectos positivos en la salud, considerando que los consumidores no internalizan completamente los costos sanitarios. Estos impuestos actúan como un mecanismo correctivo, con potencial para reducir la prevalencia de enfermedades en los hogares más pobres.

Los ajustes al IVA en otros bienes y servicios, incluyendo combustibles, tendrían un impacto marginal sobre la pobreza monetaria (0,04 puntos porcentuales), debido a que estos bienes representan una proporción reducida en el gasto de los hogares de menores ingresos.

El Gobierno espera recaudar $2,6 billones en 2026 y, en promedio, $7,2 billones a partir de 2027, mediante la eliminación o modificación de tratamientos tributarios preferenciales. Esto busca un marco tributario más equitativo, alineado con la sostenibilidad ambiental y la transición energética, incentivando el uso de energías limpias, corrigiendo distorsiones en la formación de precios y reflejando los costos ambientales asociados al consumo de combustibles fósiles.

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